Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa respaldan el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a menos de un mes de que éste termine su mandato después de la prórroga otorgada en septiembre.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).– Los padres de familia de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en Iguala, Guerrero, anunciaron que abogarán ante las autoridades para que se le otorgue una prórroga al mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vence este mes.
A falta de conclusiones en la investigación de los hechos ocurridos la noche entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron los jóvenes, los padres de los 43 consideran necesario que el GIEI siga sus labores en el país.
“Desgraciadamente ustedes saben los ataques de desprestigio que tuvieron hacia sus personas. Nunca los dejaron trabajar, y cuántas trabas no les pusieron para los expedientes y para lo que ellos querían. Nosotros lo que exigimos es la permanencia del GIEI, y nosotros vamos a seguir luchando por la permanencia”, dijo Mario César González Contreras, padre del estudiante Manuel González Hernández.
González Contreras explicó que la ausencia de los padres en la conferencia de prensa realizada ayer por los integrantes del GIEI fue una decisión de la Junta de los padres; sin embargo, el apoyo hacia los expertos internacionales es total.
“Nosotros los vamos a respaldar en las buenas y en las malas. No queremos que digan lo que nosotros queremos que digan, sino que digan la verdad. Y que el Estado les dé las facultades para hacer su trabajo”, dijo el padre de familia.
Hasta el momento las divergencias entre el GIEI y la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a las investigaciones se han concentrado en la posibilidad de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.
Los resultados preliminares de un tercer peritaje en el basurero dados a conocer de forma unilateral por la PGR el 31 de marzo han orillado al grupo de expertos a estar a punto de romper con la coadyuvancia para esclarecer si el basurero tiene algo que ver con la desaparición de los 43.
“Las discrepancias se centran en el basurero porque eso es lo que hasta ahora ha sido la ’versión histórica’ de la PGR. Ellos prefieren salir a decir que al menos 17 fueron calcinados ahí, porque de alguna forma valida su versión”, detalló la Diputada Araceli Damián González, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Claudia Paz y Paz, una de las expertas internacionales del GIEI, expuso durante la conferencia que al dar a conocer los resultados preliminares de forma pública y sin consenso, se revictimizó a los familiares, quienes tampoco estaban enterados y debían ser los primeros en conocer los resultados.
“Nosotros no vamos a dar información sobre el informe preliminar. Porque nosotros sí lo respetamos, si la reunión de este viernes no escuchamos dar las explicaciones pertinentes de parte de los peritajes. Ahí terminamos esta colaboración [estrictamente sobre el peritaje del basurero]”, agregó la experta colombiana Ángela María Buitrago.
El Diputado del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez Orozco, quien también es miembro de la comisión especial de seguimiento al caso en la Cámara de Diputados, interpretó las recientes acciones de la PGR como un intento de darle “carpetazo al caso”.
“Nosotros creemos que sería importante que se le dé una prórroga al GIEI, porque se ha querido cuestionar un trabajo serio formal e importante. Nosotros lo respaldamos, el trabajo ha venido a confirmar las deficiencias en la investigación”, agregó.
La resistencia del Gobierno federal también se ve en el trabajo legislativo que hacen los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo Sánchez. Ayer, por ejemplo, usaron la mayoría para descartar dos propuestas en el orden del día de la Comisión Especial para este caso, que trataban sobre otorgar la palabra en tribuna a los padres de los 43 estudiantes y de que la comisión hiciera un pronunciamiento de respaldó la labor del GIEI.
QUINTO AUTOBÚS
Otro de los puntos en los que han mostrado distintas posturas es la hipótesis del quinto autobús, que el GIEI ha puesto sobre la mesa de líneas de investigación, y que supondría que el traslado de droga en el transporte motivo un ataque a los estudiantes.
“El quinto autobús, hemos dicho nosotros, necesita verificaciones de que sea el bus que se nos puso en el presente, después de que estuvo tanto tiempo fuera de la escena de investigación. Ese hecho nunca ha acontecido. El origen de esa información de prensa, la desconozco, pero sí es cierto que se realizaron revisiones dentro de la investigación de ese bus que hemos puesto entre interrogantes [por no saber si es el bus correcto]”, dijo Buitrago.
La experta colombiana explicó que el GIEI ha hecho solicitudes para verificar si ese autobus corresponde al que salió por la calle Altamirano el 26 de septiembre del 2014, de las cuales la PGR no tiene pruebas.
Damián, quien es miembro de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, expuso que hasta ahora la falta de conclusiones sólidas en la investigación recae en las autoridades, y no precisamente, en el GIEI.
“En realidad ha habido una resistencia del Gobierno federal de atender muchas de las recomendaciones del GIEI. La falta de entrevista con presencia del grupo interdisciplinario de los militares que estuvieron presentes la noche del 26 y 27. No hubo ninguna investigación en torno a los mandos medios. Lo que se tienen son presuntos responsables que generalmente son la policía municipal, sin embargo, hubo policía estatal, federal y hasta los propios militares”, dijo Damián.
Por ahora, el GIEI se centrará en su informe final, que deberá estar listo este mes y del que se espera información sobre avances en otras las líneas de investigación sobre el caso.
