Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- Organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), instaron al Senado de la República a que exija a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue la cadena de mando de los militares involucrados en la orden de mando en el caso Tlatlaya.
“Que el Senado le pida a la PGR investigar la cadena de mando, vinculada con quienes emitieron este informe”, exigió Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos, durante el conversatorio “Fuerzas armadas, seguridad pública y derechos humanos”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Mario Patrón sostuvo que “se tiene que investigar la responsabilidad institucional por el riesgo que puede significar este tipo de disposiciones, que podrían estar emitidas de manera sistemática”.
Señaló que el caso Tlatlaya es una oportunidad de enriquecer el debate, en términos de verdad, justicia y reparación, así como para explicar las medidas de cambio a instrumentar, para que esto no se vuelva a repetir.
En tanto, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, pidió que el Senado de la República emita “una voz más fuerte y contundente” en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos y el debate del uso del Ejército en tareas de seguridad.
Alertó además sobre el riesgo de que el Congreso de la Unión acepte legislar sobre la actuación de las fuerzas armadas, con la única intención de legalizar conductas que atentan contra los derechos humanos.
“Eso sería muy peligroso, no es el rol que les corresponde (a los militares), no es la seguridad pública del día a día. No debemos legalizar algo que no tiene un marco adecuado ni mecanismos de rendición de cuentas”, indicó Quiroz.
Por su parte, José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, criticó que las Fuerzas Armadas de México no están entrenados para realizar funciones de seguridad pública y “no parece que quieran ser entrenados para hacer tareas de seguridad pública”.
Sostuvo que la solución es establecer cuanto antes un plan de salida del Ejército de las calles y de regreso a sus cuarteles, “en tanto que el Senado puede contribuir de manera importante al Estado mexicano, combatir la impunidad”.
“Es urgente que el país inicie una reflexión sobre la reforma de políticas de drogas, que se empiece a priorizar de los temas que son importantes como la extorsión, el secuestro, la privación arbitraria de la vida”, agregó.
Los legisladores aseguraron que presentarán un punto de acuerdo para exhortar a la Sedena a realizar una revisión de sus ordenamientos y que excluya el término “abatir”.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez, titular de la Comisión, destacó que lo anterior se deriva de la conversación que sostuvieron esta tarde con diversas organizaciones civiles.
Detalló, que entre otros planteamientos, se solicitará que se plantee una estrategia de retiro de tropas; crear una instancia independiente de investigaciones; así como pedir a la PGR que investigue la cadena de mando, para que haya un información transparente de lo que realizó la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PJEM), derivado de las inconsistencias presentadas en el informe del Centro Prodh, sobre el caso Tlatlaya.
La legisladora perredista, sostuvo también que se debe seguir discutiendo la iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, respecto a seguridad y justicia, pues es un tema vinculado al funcionamiento de municipios y policías, en donde importa que las policías y autoridades civiles de las distintas corporaciones realmente cumplan con su responsabilidad. Asimismo, advirtió que su Grupo Parlamentario presentará un proyecto de iniciativa contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.
