Ciudad de México, 8 de feb (SinEmbargo).- La Ley General de Víctimas, impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en coordinación con otras organizaciones de derechos humanos y de atención a víctimas, está en la mira de senadores panistas con el fin de modificarla en menos de 15 días.

La nueva norma, que fue creada con aportaciones de destacados especialistas, fue promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 9 de enero de 2013, pese al veto de bolsillo del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, quien promoviera una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el mes pasado, legisladores panistas declararon que esta ley tenía serias deficiencias legales y vacíos jurídicos que la hacían inviable.

El diputado Fernando Rodríguez Doval, la calificó como inoperable e incompleta, “Nosotros, lo que siempre hemos dicho es que las labores de seguridad pública y la atención de las víctimas del crimen organizado son responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, no es una tarea del Gobierno federal, incluso la estrategia implementada por el presidente Felipe Calderón no fue una ocurrencia de su gobierno.”

En ese sentido, las dudas sobre la viabilidad de esta ley fueron compartidas, en su momento, por el líder de los senadores del PRD, Miguel Barbosa. “Así como está (la ley de víctimas) difícilmente se va a poder aplicar y si no se aplica sería un acto de demagogia política del Gobierno federal a sabiendas que no se aplicará”, señaló en conferencia de prensa, en medio de una sesión de la Comisión Permanente, en enero pasado.

La bancada de Acción Nacional no esperó mucho tiempo para intentar modificar el contenido de la Ley. Y es que a finales de enero organizó el foro “Derecho de las Víctimas y la Nueva Ley General de Víctimas”, en la vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República.

Derivado de las ponencias de representantes de diversas organizaciones civiles y de atención a víctimas -la mayoría, afines a la política de Felipe Calderón- el PAN concluyó que existía una “duda razonable” sobre la constitucionalidad de esta ley y planteó realizarle modificaciones sustanciales que la hicieran operativa.

 

La ruta hacia una iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas se trazó durante la inauguración de la Mesa Técnica para una política de Estado en materia de Protección a Víctimas en la Cámara Alta.

El senador panista, Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó el interés de su bancada para trabajar con organizaciones de la sociedad civil, a fin de solucionar los dilemas que se han planteado en torno a la Ley General de Víctimas.

“Se deben atender los mecanismos de participación ciudadana porque en la actual ley parece que solamente quedó de manera declarativa, pues no vienen de manera explícita los mecanismos ni la forma cómo se podrá dar la participación de la sociedad civil, y esto es fundamental en un tema tan delicado como éste”, afirmó.

Anunció que a más tardar en 15 días, se redactará una iniciativa de reforma que mejore esta Ley.

Orlando Camacho, presidente de la Fundación México SOS, una de las organizaciones civiles que participará en las cuatro sesiones de trabajo que se realizarán en las próximas dos semanas, señaló las deficiencias que observa en la norma publicada el 9 de enero pasado.

En primera instancia observó que la definición de víctima “queda tan abierta y tan amplia que tal vez una definición pueda ser aquella persona que ha sido secuestrada, alguien que haya sido violado, puede ser alguien que sufre el homicidio de un ser querido, pero a la mejor también puede ser alguien que haya sido afectado por el clima”.

El presidente de la asociación (fundada en 2008 por Alejandro Martí, después del secuestro y asesinato de su hijo) indicó que la ley es económicamente inviable, porque impone una carga presupuestal que es imposible enfrentar debido a que no existen recursos suficientes para pagar las obligaciones que esta ley impone al Estado.

En contraste, explicó las mejoras que se planean integrar a la Ley. “Que haya una coordinación entre todas las instituciones; una revisión clara de las políticas de atención a víctimas que existen; que se respete a las organizaciones y a las instituciones que ya están atendiendo a las víctimas (como Pro Víctima)”, dijo en entrevista.

En dicho encuentro, que se realizará la próxima semana, participarán la Asociación Civil Alto al Secuestro, Inteligencia Pública A.C, el Observatorio Nacional Ciudadano, FUNDAR A.C, entre otras.

Destacó la ausencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que fue invitado pero declinó participar. “Nos parece que las tareas de estas mesas es dilatar el proceso, no mejorar la ley, sino quitarle su fuerza” dijo Eduardo Vázquez, vocero del Movimiento liderado por el poeta Javier Sicilia.

Reconoció que hay aspectos técnicos que podrían perfeccionarse de la ley, pero advirtió que el Movimiento no permitirá retrocesos en la normatividad publicada.

“Yo creo que lo que hay detrás de este asunto del PAN es el no reconocimiento de la responsabilidad del Estado, el no reconocimiento de la responsabilidad de su gobierno, de la administración anterior, frente a una ola de violencia en la que tuvo altas responsabilidades el gobierno (de Felipe Calderón)”, indicó.

Eduardo Vázquez subrayó que gobiernos de todas las banderas políticas son responsables del desdén con que se ha tratado a las víctimas del crimen organizado, por lo que, recalcó, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, no tolerará ninguna intención de los actores políticos por pervertir la Ley General de Víctimas.

En contraste con lo anterior, el presidente de la Fundación México SOS, Orlando Camacho, fue enfático al decir que estas mesas de trabajo son incluyentes y promoverán un diálogo serio para perfeccionar la Ley.

“Al final del día, garantizar los derechos de las víctimas, es igual de importante que garantiza las obligaciones de las autoridades y eso en esta ley no está claro”.

Por lo pronto, los senadores panistas avanzan en su intención de “contar con una Ley Geneal de Víctimas ad hoc a las necesidades que tiene el país en estos momentos”, según refirió la legisladora Mariana Gómez del Campo.