Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).– Alma trabajaba en el equipo de una Diputada federal pero fue despedida injustificadamente. El motivo: denunciar a quien, dentro de esas oficinas, la acosó sexualmente. “En dos meses voy a pedir licencia”, le informó a la legisladora, quien actualmente sigue en funciones. La joven explicó que no recibió finiquito ni aguinaldo y detalló que el verdadero motivo de su despido fue porque alzó la voz contra su acosador, uno de sus compañeros de trabajo quien a la fecha mantiene un estrecho lazo con su ex jefa.

El sujeto la amenazó de muerte, contó Alma en entrevista para SinEmbargo. “Si quieres demándalo. Yo no voy a hacer nada”, le dijo la legisladora. Ana aseguró que no encontró apoyo, sino acoso laboral y reclamos, así que denunció los dos hechos ante las instituciones correspondientes. Sin embargo, desde el inicio de las demandas se ha enfrentado a trabas, autoridades que no cuentan con una conciencia de género y un sistema lento e incluso incompetente ante estos temas, aseveró la joven.

“La violencia de género no sólo puede ser de un hombre hacia una mujer, sino de una mujer contra una mujer. No hay un sentimiento de empatía, de consideración al hecho de compartir más que historias de vida, de violencia”, expresó Alma.

Como Alma, maestras, doctoras, amas de casa, ingenieras, investigadoras y en general millones de mujeres se enfrentan a una sociedad que aún le falta mucho por lograr la igualdad de género. A pesar de los avances en equidad de género en el país, el machismo, la falta de voluntad política, la opacidad en rendición de cuentas y la discriminación –por parte de la sociedad, órdenes de gobierno y hasta el Poder Legislativo– siguen prevaleciendo, acusaron expertas en el tema.

Uno de los avances importantes, coincidieron, es el presupuesto público para la igualdad de género, que para este 2015 se contempló un gasto de 24 mil 308 millones 185 mil 225 pesos. Estos recursos estarán destinados para responder a las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres, niñas y niños en los diversos sectores: salud, justicia, laboral, educación, entre otros.

Martha Lucía Mícher Camarena, Diputada federal e integrante de la Comisión de Equidad y Género, explicó que un presupuesto con enfoque de género ayuda a impulsar políticas públicas que resuelven la desigualdad y favorecen la situación de discriminación y vulnerabilidad de las mujeres.

“Lo que hemos logrado es que, por ejemplo, en salud haya proyectos exclusivamente para mujeres o en justicia existan proyectos destinados a mujeres. Ha sido un gran avance esta transversalidad de género. De modo que todas las dependencias deben tener programas para abatir, eliminar las desigualdades, en el acceso de un derecho humano”, dijo Mícher Camarena.

Para la investigadora de políticas públicas con perspectiva de género, Gabriela García Patiño, integrante de la organización Balance AC, este tipo de presupuestos ayuda también a identificar si realmente un gobierno está trabajando por la igualdad y el respeto a los derechos humanos de la mujer. No obstante, precisó que además es necesario que sean acciones abiertas, transparentes y que se rindan cuentas.

“Ha sido un avance etiquetar estos presupuestos, sin embargo, aunque ahora se detalle un poco más, sigue siendo ambiguo. Una de las barreras es que no hemos logrado realmente contar con instrumentos que sean totalmente abiertos y públicos para saber qué estrategias y cuánto dinero se les está dando”, aseguró.

Actualmente, más de 40 países han conducido algún tipo de Iniciativa para un Presupuesto con Enfoque de Género (IPEG), de acuerdo con un informe realizado por Helena Hofbauer Balmori, directora ejecutiva de Fundar (Centro de Análisis e Investigación) en México en colaboración con otras organizaciones.

“Ha habido una falta de progreso para reducir las desigualdades de género, en particular debido a un débil compromiso político y a marcos macroeconómicos ciegos al género. Adicionalmente, los presupuestos mismos son problemáticos a causa de su incapacidad de tomar en cuenta el género y la falta de estadísticas socioeconómicas precisas, como también de transparencia y participación”, refiere el informe.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, al Poder Legislativo se le otorgaron más de 18 mil millones de pesos para efectos de equidad de género; a la Secretaría de Gobernación (Segob) 263 millones; a la Secretaría de Educación Pública (SEP) más de 3 mil millones de pesos; a la Secretaría de Salud más de 5 mil millones; no obstante en el país el número de feminicidios y denuncias de violencia contra las mujeres aumenta.

¿Pero quién vigila que realmente los recursos sean dirigidos a atender la equidad de género? La respuesta es: nadie.

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en un estudio que realizó en México, expuso que “la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la política de igualdad de género le fue conferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos [órgano autónomo] en la Ley de Igualdad para las Mujeres y los Hombres (artículo 22), por lo que se podría suponer que la Comisión es la responsable de dar seguimiento a la política”.

Ninguna dependencia, ni poder del Estado tiene la responsabilidad. De hecho, la activista Gabriela García acusó que secretarías federales así como institutos reportan programas como si atendieran problemas exclusivos de la mujer, pero no es así, son acciones o programas que se han realizado en el pasado pero que no necesariamente mejoran la igualdad de género.

“Es un trabajo compartido, porque las propuestas del presupuesto las hace el Ejecutivo, pero son cosas que el Poder Legislativo tiene que revisar, tiene que vigilar y aprobar”, dijo.

Martha Lucía Mícher aseveró que si bien existen políticas públicas a favor de las mujeres, no se han podido atender todos los problemas porque “no alcanza el dinero” y en mayoría se lucha contra un “sistema machista” que deja las problemáticas al último o que por un asunto cultural y no le importan los temas de la mujer.

“Hay ignorancia por parte de dependencias, falta de voluntad política, falta de ejercicio presupuestal: se les olvida gastarlo porque dicen, ‘es para las mujeres’. Esas son cosas que han sucedido”, informó la Diputada de la Comisión de Equidad de Género.

El pasado jueves, la Diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Xóchitl Arzola Vargas, aseguró que Ecatepec de Morelos, Estado de México, es el municipio con más feminicidios del país y acusó al Presidente Enrique Peña Nieto y al Gobernador Eruviel Ávila Villegas de llenar la entidad federativa de sangre al “evitar a toda costa la declaratoria de género”.

La legisladora aseguró que de 2005 a la fecha se han suscitado al menos mil 500 feminicidios en el Estado de México, sin contemplar los casos que no fueron denunciado debido a que las autoridades siguen sin tener protocolos que inhiben la denuncia, aseveró Arzola Vargas.

A esto, se suman hechos como cuando el Alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, le levantó el vestido a una joven o que actualmente en el país no haya ninguna Gobernadora.

La investigadora Gabriela García planteó que muchos de esos hechos y la falta de voluntad política para actuar también intervienen factores culturales: “Hay que tomar en cuenta que vivimos en una sociedad netamente machista. No hemos hecho realmente cambios estructurales. Nos hemos quedado en medidas afirmativas, en medias que nos ayudan a cubrir los parches, pero no hemos ido realmente a los cambios de cultura, por eso no podemos esperar grandes cambios”.

“Lo que nosotros vemos es que en muchas ocasiones se cae en el discurso políticamente correcto, donde se habla de avances en el sexenio en materia normativa, pero a final de cuenta en los hechos, en los números, en los recursos, en los casos de mujeres que son violentadas, en la participación política de las mujeres, en la salud de las mujeres, eso no se ve reflejado. Estamos frente a un Gobierno que toma el tema de la equidad de género en discursos, pero que no ha aterrizado en acciones”, expresó García.

“Explícitamente no se etiquetan gastos para este tipo de acciones. Sin embargo, se reconoce que en las diferentes dependencias y entidades existen organizaciones de trabajo y culturas institucionales que requieren una transformación, motivo por el cual diversas dependencias y entidades, tengan o no gastos etiquetados, realizan acciones encaminadas a atender y solucionar estas problemáticas. Dada la rotación de los servidores públicos, esas actividades adquieren el carácter de acciones permanentes.

Ambas expertas previeron un panorama positivo para la igualdad entre hombres y mujeres, pero coincidieron que falta mucho trabajo por hacer. Entre las acciones que la sociedad y el Gobierno federal tienen que atender con urgencia, son: la educación, exigir mejores contenidos y medios de comunicación, demás de denunciar la violencia.