Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Agresiones y criminalización de los defensores de derechos humanos, maltratos de las autoridades a los migrantes y falta de respuesta por parte del gobierno a activistas y periodistas en situación de riesgo. Ese es el México que denuncia Amnistía Internacional en su informe “Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso”.
La organización refirió en el documento presentado hoy, Día de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos, que de acuerdo con el informe de 2013, se tienen registrados 89 eventos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos que comprenden “26 mujeres, 35 hombres, 11 organizaciones de derechos humanos y cuatro familiares de defensoras y defensores”.
Un ejemplo de las agresiones contra los activistas es el caso de Malú García, defensora que durante años ha trabajado por los derechos de las mujeres y ha apoyado a familiares de mujeres secuestradas y asesinadas en México. El 17 de octubre de 2013 recibió una nueva amenaza cuando hacía actividades de incidencia en Ciudad de México.
“El autor de las llamadas describió a sus hijos y dónde se encontraban, y amenazó con secuestrarlos y matarlos. Tanto sus hijos como ella debían contar con la compañía de guardaespaldas, según las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aplicadas por el gobierno federal. En el momento de las llamadas, ella iba acompañada de uno de los dos guardaespaldas asignados, pero los guardaespaldas asignados a sus hijos no estaban trabajando”, se lee en el informe.
Amnistía también destaca las “acusaciones infundadas y las detenciones injustas” contra defensores de derechos humanos sustentadas “sobre pruebas fabricadas, procesos irregulares y dilatados”. Menciona el caso de José Ramón Aniceto y a Pascual Cruz liberados el 28 de noviembre de 2012 tras ser hallados inocentes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Los dos líderes indígenas y defensores estuvieron casi tres años detenidos injustamente, sobre la base de cargos fabricados. Ambos fueron privados de su libertad en enero de 2010 y sentenciados en primera, y segunda instancia por los tribunales de Puebla a más de seis años de prisión por el supuesto robo de un vehículo”, precisó la organización.
Dijo que en casos como este es usual que las garantías procesales como la presunción de inocencia, la presentación de orden judicial, la valoración imparcial de pruebas, el respeto a la identidad personal y étnica y el derecho a la defensa no se respeten.
“Amnistía Internacional ha conocido casos en los que pruebas ya desacreditas son nuevamente usadas para implicar a otro defensor integrante de la misma organización”, mencionó.
En cuanto a violaciones de derechos humanos de los migrantes que viajan a través de México para llegar a Estados Unidos, la organización dijo que muchos son detenidos por las autoridades de inmigración mexicanas y devueltos a sus países de origen; “otros perseveran al costo de graves abusos en su contra”.
“Muchos migrantes irregulares son secuestrados y abusados por bandas criminales que han hecho de esta situación un gran negocio, en ocasiones con la complicidad de funcionarios locales. La impunidad por los abusos contra los migrantes, que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ha permitido que dichos abusos aumenten, pese a los compromisos del gobierno de garantizar el respeto por los derechos de los migrantes”, dice el informe del organismo internacional.
Amnistía denunció además que quienes defienden los derechos de los migrantes o denuncian estas situaciones son, “en consecuencia, también objeto de ataques y amenazas como represalia por sus acciones”.
Recordó que en de junio de 2014, José Ramón Verdugo Sánchez, coordinador del albergue para personas migrantes Todos por Ellos, México, fue amenazado de muerte por un ex residente del albergue que se ha unido a una conocida banda local centroamericana.
El agresor, refiere el informe, dijo a José Ramón Verdugo Sánchez: “Perdóneme hermano, yo sé que usted me ha hecho muchos paros pero lo tengo que matar, tengo que matar a los que están acá en el albergue, tengo que matarlos porque me mandan a hacerlo”.
El documento destaca la agresión contra otro coordinador del albergue, Jorge Adevar Echeverría Escalante, quien pidió ayuda al agente de la policía que debía brindar protección como parte de las medidas de seguridad ofrecidas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero éste se negó a actuar.
“José Ramón Verdugo Sánchez activó entonces el botón del pánico proporcionado por el Estado como parte de las mismas medidas de seguridad, pero sólo obtuvo respuesta 20 minutos después. Mientras tanto llamó a un alto mando de la policía federal, a través de quien llegó una patrulla casi una hora después del incidente, cuando el agresor ya se había marchado”, precisó Amnistía.
Sobre el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el informe destaca que aunque el Congreso aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras varios años de activa participación de las organizaciones de la sociedad civil la medida aún enfrenta importantes retos para asegurar su efectiva implementación.
“Docenas de defensoras, defensores y periodistas en situación de riesgo en México, que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz. El procesamiento de sus peticiones se enfrenta a demoras excesivas y rara vez existe un mecanismo de seguimiento por parte de las autoridades que permita evaluar la eficacia de las medidas dictadas”, denuncia Amnistía.
