Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).– Amnistía Internacional dijo que la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) dio a la información proporcionada este fin de semana por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) “falló en abordar satisfactoriamente” las cuestiones señaladas por los forenses.

Este fin de semana, el Equipo Argentino dijo que “no hay evidencia científica” para afirmar que hay una “verdad histórica” . Los peritos dijeron que han trabajado con las mismas evidencias que la Procuraduría y aún continúan el análisis de parte del material recogido en el basurero de Cocula. En respuesta, la PGR, dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam, afirmó que actuó conforme a sus facultades en las diligencias realizadas en el Rio San Juan y en el basurero de Cocula, Guerrero, y rechazó “duda alguna” sobre la investigación que lleva a cabo sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Al respecto, Amnistía indicó este martes que el equipo forense argentino ha participado en este caso con el propósito de garantizar que la investigación sea sostenida y apoyada científicamente. Sin embargo, dijo, los “altamente respetados expertos independientes” hicieron pública su preocupación de que las conclusiones presentadas por el Procurador Murillo Karam evidenciaban graves deficiencias en la investigación y fueron emitidas meses antes de la conclusión del trabajo forense.

 “La respuesta inmediata de la Procuraduría General falló en abordar satisfactoriamente estas inquietudes. Peor aún, la declaración de la Procuraduría General parece estar escrita para responder de prisa al cuidadoso examen realizado por el EAAF y parece intentar desacreditar el trabajo y la reputación del EAAF en lugar de analizar las recomendaciones del equipo forense”.

Amnistía refirió que de acuerdo con el EAAF, la explicación gubernamental de los eventos no tomó en cuenta que, si bien no hay evidencia forense para vincular a los estudiantes desaparecidos a los restos humanos encontrados en el basurero en Cocula, sí existe clara evidencia de que al menos algunos de los restos pertenecen a víctimas no relacionadas con este caso.

“Como Amnistía Internacional ha subrayado en varias ocasiones, el gobierno sostiene su caso principalmente en los testimonios auto inculpatorios dados por los detenidos y evidencia forense muy limitada.  Amnistía Internacional le preocupa que la evidencia podría haber sido manipulada”, dijo el organismo internacional en un comunicado de prensa fechado este día.

Dijo que las familias de las víctimas han expresado en repetidas ocasiones que la Procuraduría General informa a los medios de comunicación antes de revelar información sensible a ellos, “faltando a su compromiso de mantenerles informados, con prioridad, de la evolución del caso”.

Por ello, Amnistía Internacional pidió al gobierno discutir adecuadamente todos los aspectos relevantes de este caso con las familias y sus representantes antes de hacer cualquier anuncio público.

“La Procuraduría General debe respetar las demandas legítimas de las víctimas y de la sociedad en general, para examinar a fondo la historia contada por quienes sobrevivieron al ataque del 26 y 27 de septiembre. Por lo tanto, esta investigación debe incluir un cuestionamiento serio sobre la posible participación de militares durante el día del ataque y su posible complicidad previa con el crimen organizado que permitió que la violencia creciera de tal manera en la región”, dijo el organismo defensor de derechos humanos.

Asimismo instó  al gobierno a dar al EAAF pleno acceso a sus archivos e información necesaria que les permita continuar su investigación. “Los miembros del EAAF deben gozar de todas las garantías necesarias para cumplir con su deber sin ninguna interferencia indebida, evitando además cualquier descalificación por parte de funcionarios de alto rango”, indicó.

AMNISTÍA ANALIZA INSTALARSE EN IGUALA

Una comisión de visitadores de Amnistía Internacional (AI) podría instalarse de manera permanente en Iguala para dar seguimiento, a partir de marzo, al caso de las otras víctimas de desaparición forzada en esta ciudad que comenzaron a ser halladas durante la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ayer lunes, una comisión de familiares de las víctimas de desaparición encabezados por su coordinadora Xitlali Miranda, el asesor jurídico del comité, Anselmo Campuzano, y los hermanos Mayra y Mario Vergara, se reunieron en la ciudad de México con el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz, después de una visita a la basílica de la virgen de Guadalupe.

En declaraciones hechas ayer por la noche, el asesor jurídico de las víctimas de desaparición, Anselmo Campuzano declaró que el compromiso de Amnistía Internacional es que enviarán a Iguala una comisión de visitadores para tomar el informe de los más de 380 casos registrados de víctimas de desaparición en Iguala y otros municipios de Guerrero.

Dijo que solicitaron a Amnistía que asuma la investigación por la violación de los derechos humanos de la que fueron víctimas los familiares de personas desaparecidas.

Indicó que se logró que para marzo un grupo de AI vaya a la sede de la Iglesia de San Gerardo para dar talleres y orientación a las familias de las víctimas de desaparición, y garantizar el acompañamiento por violaciones a los derechos humanos que se han dado en contra de las familias de desaparecidos por parte de autoridades estatales y federales.

Se prevé que con la información recabada por AI, el organismo de derechos humanos haga llegar una recomendación al Ejecutivo federal y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que atiendan las necesidades de las familias en su carácter de víctimas.

El asesor jurídico dijo que hay el planteamiento para que un grupo de AI se instale de forma permanente apoyando al comité de las víctimas de desapareció en Iguala.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó en enero pasado que de los 235 desaparecidos en Guerrero, que registró a partir del ataque contra normalistas de Ayotzinapa, 110 casos (o el  46.8 por ciento) ocurrieron en Iguala entre 2012 y 2014, periodo en el que gobernó como Alcalde José Luis Abarca Velázquez.

Las estadísticas indican que el 89.4 por ciento de las víctimas son hombres y el 10.6 son mujeres.

El informe es parte de la propuesta de trabajo ministerial, pericial y de víctimas que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR presentó el 20 de enero  a los familiares de víctimas de desaparición forzada en Iguala, de la cual El Sur tiene una copia.

De los 235 casos de desaparición forzada que tiene registro la PGR, la mayoría fueron entre el año 2000 al 2014 según las denuncias de los familiares de las víctimas, las cuales salieron a la luz pública en Iguala tras los ataques del 26 y 27 de septiembre, cuando 43 normalistas fueron desaparecidos por policías.

El mayor registro de desapariciones se da entre 2012 y 2014 con 154 casos que representan el 65.5 por ciento, principalmente en Iguala durante la administración del perredista José Luis Abarca Velázquez, preso en el penal de alta seguridad de El Altiplano por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Entre el 2000 y el 2001 hay dos casos, uno por año, de 2003 a 2006 no hay registro de personas desaparecidas y en 2007 se contabilizaron tres casos, según los testimonios que los familiares de las víctimas dieron a la PGR.

Del 2008 existen cinco denuncias; en 2009, 13; en 2010 hubo un repunte a 15 y en el 2011 se reportaron siete víctimas de desaparición.

Según las estadísticas de la PGR, basadas en la información proporcionada por los familiares de víctimas de desaparición, 32 casos se registraron en 2012, cifra que fue superada por más del doble en 2013 con 79 desapariciones forzadas y 43 casos más en 2014, los casos registrados en estos tres últimos años representan el 65.5 por ciento del total denunciado por los familiares de desaparecidos.

De estos casos, hay 36 de los cuales no se reportaron fechas de desaparición de los familiares, por lo que no fueron incluidos en un año específico.

Según el informe presentado por la PGR el mayor número de desapariciones se registró en Iguala con 110 casos, que representan el 46.8 por ciento de las víctimas. Le sigue Cocula con 13, que representa el 5.5 por ciento; Taxco, con 12 reportes que son el 5.1 por ciento, y Teloloapan con ocho casos que representa el 3.4 por ciento.

En la estadística aparecen 48 denuncias pero los familiares no saben en dónde fueron desaparecidas las víctimas, esa cifra representa el 20.4 por ciento y 44 casos de otras víctimas que desaparecieron en otros municipios del estado, los cuales no se precisan, pero es el 18.7 por ciento.