En una rueda de prensa en Nueva York, un grupo de expertos dijo que los civiles adscritos a las 16 misiones de mantenimiento de paz de la ONU en el mundo, conocidos como cascos azules, gozan de inmunidad ante eventuales ilícitos cometidos en los países donde son desplegados.

Esta inmunidad, inexistente para los militares en las misiones de paz, que son sujetos a juicios en sus propios países, encubre una posible alza en los casos de abusos o de explotación sexual cometidos por los cascos azules de la ONU.

Ante ello, el organismo civil AIDS-Free World (Mundo libre de SIDA); el general retirado Romeo Dallaire, que guió la misión de la ONU en Ruanda; la exministra mozambiqueña Graca Machel; y la activista ghanesa Theo Sowa, entre otros, pidieron hoy el fin a esta inmunidad.

Denunciaron que pese a casos recurrentes de abusos de los cascos azules, tales como el tráfico humano en Bosnia, el escándalo de sexo por alimentos en África Occidental, o las violaciones de niñas y mujeres en la República Democrática del Congo, la justicia es escasa.

La ONU ha respondido con su política de “tolerancia cero” a estos abusos, que los expertos en el panel este miércoles criticaron porque en la práctica ha significado “justicia cero para las víctimas”.

“La evidencia es que las cosas no han mejorado, y que aparentemente han empeorado. ¿Cómo ha sucedido esto si tenemos leyes internacionales más sofisticadas, convenciones, protocolos, y también instituciones que se espera hagan cumplir estas leyes”, planteó Machel.

De acuerdo con la campaña “Code Blue” (código azul), que busca terminar con la inmunidad de los cascos azules, “la escala de los abusos sexuales entre cascos azules de la ONU, tanto militares como no militares, es causa de conmoción”.

En un documento oficial que la ONU proscribió, el foro reconoció que “las cifras oficiales encubren lo que parece ser un significativo monto de casos nunca denunciados” de abuso y explotación sexual de parte de los empleados de sus misiones.

Cifras públicas de la ONU reportaron 79 denuncias de abusos sexuales de sus cascos azules en 2014, de las que 55 correspondían al personal no militar de estas misiones, todos los cuales gozan de inmunidad.

Los expertos apuntaron sin embargo que estas cifras no incluyen a todas las agencias de la ONU que trabajan en zonas de conflicto, y que una “denuncia” puede incluir a uno o a numerosos responsables y víctimas.

“La inmunidad de la ONU es un manto protector que permite a los cascos azules cometer atrocidades a sabiendas de que es poco probable de que sean detenidos, investigados o castigados por sus crímenes”, consideró Paula Donovan.

La activista explicó que esta inmunidad detona una reacción en cadena que a menudo descarrila los procesos para hacer justicia a las víctimas de abusos de parte de las personas desplegadas para, supuestamente, protegerlos.

Donovan también criticó que en vez de actuar de inmediato, las denuncias son contenidas por el sistema burocrático de la ONU.

“Mientras tanto, los sospechosos y sus cómplices tienen tiempo de destruir evidencia, silenciar a testigos y amenazar o pagar a las víctimas y a sus familias, lo que hace que la justicia sea prácticamente inalcanzable”, lamentó Donovan.