Corrupción en cárceles se solucionaría con mejores sueldos para el personal: Servytur

14/07/2015 - 3:27 pm
Foto: Cuartoscuro.
La Cámara pide una escrupulosa y estricta selección del personal penitenciario. Foto: Cuartoscuro.

México, 14 Jul (SinEmbargo/Notimex).- El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Conaco Servytur) de la Ciudad de México, Humberto Lozano Avilés, se pronunció en favor de una reforma penitenciaria en el país, luego de la fuga el pasado fin de semana de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

“No es a través de privatizar como se solucionará el problema de la corrupción, sino tener mejores sueldos para todas las personas que trabajan en los centros penitenciarios”, argumentó.

De acuerdo con el empresario, la segunda fuga del narcotraficante de un penal de máxima seguridad revela la necesidad de revisar a fondo la funcionalidad del sistema penitenciario del país.

Asimismo, el dirigente se pronunció en favor de una escrupulosa y estricta selección de ese personal, a través de pruebas psicológicas, estudios socioeconómicos y de trabajo de inteligencia criminal, además de constante capacitación.

Lo sucedido el pasado sábado en el penal del Altiplano, en el Estado de México, es un llamado de alerta para que todos los centros de readapatación social, y sobre todo los de alta seguridad “sean vigilados en su funcionamiento por las autoridades legislativas y por los tres niveles de gobierno”, afirmó.

Ayer el Consejo Coordinador Empresarial acusó que la huida del delincuente exhibe la debilidad institucional ante la corrupción. Exigió una investigación, un deslinde de responsabilidades de todos los niveles y recapturarlo mediante un despliegue de toda la capacidad de inteligencia y rastreo del Estado mexicano.

La causa o explicación de esta segunda huida, afirmó, se localiza en el punto donde “se anudan la corrupción y la negligencia”.

El primer escape fue el 19 de enero de 2001, con el panista Vicente Fox Quesada en la Presidencia. Había sido capturado en Guatemala el 9 de junio de 1993. Con esa primera huida “quedó de manifestó su capacidad de corrupción” de las instituciones.

Para el CCE es inadmisible que, con esos antecedentes, la autoridad penitenciaria y gubernamental no activara los controles y supervisiones “que impidieran se repitiera el lamentable fenómeno”.

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