Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– Un grupo de abogadas denunció un presunto caso de corrupción en donde podría estar involucrada la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y el Juez Sexagésimo Octavo Penal, Santiago Ávila Negrón, en la persecución que emprendió –desde 2011– Martín Medina Sonda, uno de los operadores financieros del ex Gobernador priista de Tabasco, Andrés Granier Melo, en contra de su ex esposa a quien le arrebató a sus tres hijos.

Hace dos meses, el Distrito Federal se sumó a los estados de Yucatán, Jalisco y Tabasco, entidades donde se han fabricado cinco expedientes en contra de Emma Gabriela Molina y su familia por distintos delitos que no se han comprobado, al integrar una averiguación previa por un presunto fraude de 25 mil pesos.

El Juez 68, el mismo que dictó auto de formal prisión a la joven que asesinó en defensa propia a su violador, Yakiri Rubí Rubio, giró una orden de aprehensión en contra de la ex esposa de Medina Sonda, conocido por estar ligado con el caso Granier a través del ex Secretario de Finanzas, José Sainz Pineda.

“Hay una actuación irregular por parte del Juez 68 y de la Procuraduría. Con el caso de Yakiri llegaron más casos, entre ellos el de Emma. Hay cinco casos documentados de mujeres que se encuentran presas en donde está en cuestionamiento cuáles fueron los elementos que utilizó el juez para sentenciarlas”, dijo Karla Michel Salas Ramírez, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

El juez Ávila Negrón está a cargo de uno de los tres juzgados especializados en género que hay en el Distrito Federal, pero su actuar sospechoso para llevar los casos. Hizo que el grupo de abogadas a cargo del caso de Emma interpusiera una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), solicitándole que investigue la relación que hay entre la autoridad ministerial y los jueces.

“En el caso del DF nos preocupa este Juez que está ante un juzgado con perspectiva de género y que la Procuraduría integró un expediente en 25 días. Ahorita Emma está prófuga porque si se queda en la ciudad, la agarran y la procesan y mientras demuestra su libertad, tendrá que estar en la cárcel. Lo que buscamos es que este juez no tenga que estar realizando esta función y que se haga una auditoría y se revise cómo ha sentenciado a las mujeres, y dependiendo de las conductas que se logren acreditar, iniciarle una investigación y ser procesado, o bien destituido. Si cometió un delito, que sea procesado y sentenciado”, explicó la abogada.

Ligia Canto Lugo, madre de Emma que recientemente estuvo recluida durante ocho días en un penal de máxima seguridad en Jalisco, acusada de clonación de tarjetas de crédito, pero que después fue liberada por no encontrarse los elementos para dictarle auto de formal prisión, aseguró que ella y su familia son víctimas de una red de corrupción de autoridades ministeriales y jueces en distintos estados del país, entre ellos el Distrito Federal, como parte de la persecución de Medina Sonda.

“El día de ayer obtuve mi libertad por falta de elementos tras pasar ocho días en esa cárcel, por un delito que nunca cometí, mi único delito fue haber enfrentado a Medina Sonda por secuestrar y desaparecer a mis tres nietos”, dijo Ligia.

La madre de Emma ha sido la mano derecha de su hija para denunciar ante autoridades, medios de comunicación y foros el secuestro de sus tres nietos, quienes actualmente se encuentran en calidad de desaparecidos.

“Mi familia se está acabando y nadie nos hace caso. Es increíble que tres niños estén desaparecidos desde hace dos años y tres meses y ninguna autoridad sea capaz de ir por ellos, de encontrarlos y que en el DF, en 25 días, hayan girado una orden de aprehensión a mi hija por 25 mil pesos”, afirmó.

EL CASO DE EMMA

Emma se divorció de Medina Sonda por violencia intrafamiliar y en 2012 él personalmente le arrebató a sus hijos en plena vía pública en Yucatán, apoyado en policías fuertemente armados.

Medina Sonda fue el creador de fideicomisos a través de los cuales se pagaban los llamados “bonos de fatiga” a los altos funcionarios del Gobierno de Tabasco, se encargó de conformar  fundaciones para triangular flujo de efectivo y de abrir cuentas en el extranjero para resguardar recursos de las arcas públicas durante el Gobierno de Granier a través de distintas empresas, de acuerdo con información detallada por las organizaciones defensoras de derechos humanos que siguen el caso de Emma.

Luego de conocerse el hallazgo de los 88 millones 560 mil 134 pesos en casa del ex Secretario de Finanzas, Sonda se amparó en Mérida Yucatán contra una posible orden de aprehensión, detención, arraigo y cateo de sus propiedades.

“Podemos apreciar perfectamente cómo la corrupción y el abuso del poder político se traducen en violencia de género y violencia institucional contra las mujeres. Observamos que nuestro sistema de justicia trabaja a favor de los poderosos y no protegiendo a los más vulnerables”, dijo Michel Salas Rodríguez.

Mientras Medina Sonda se encuentra libre a pesar del escándalo de corrupción en Tabasco, opera con total impunidad en contra de su ex esposa y la familia de ella. Ligia Canto aseguró que antes de ser enviada al penal de máxima seguridad de Jalisco, fue amenazada de muerte.

“Me dijeron: ‘Vieja te vamos a tapar la boca, bien y no sólo a ti, sino que te vamos a dar donde más te duele’, y luego me amenazaron de muerte a mi y a toda mi familia”, dijo.

Alejandra Cartagena, abogada del Comité de América Latina y Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), solicitó al Gobierno de la República las medidas necesarias para frenar la persecución en contra de la familia de la ex esposa de Medina Sonda.

“Ya se pidió a la Comisión de Derechos Humanos medidas cautelares, garantías, el derecho de los menores no se ha visto por ningún lado, fueron sustraídos  del lado de su madre, sin una orden de ningún juez. Están desaparecidos y termina el proceso de un delito fabricado y empieza otro. Esta familia no puede seguir así”, comentó.

De acuerdo con la abogada Michel Salas, Medina Sonda está involucrado en más de 50 empresas  que tienen negocios en el Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Yucatán  y Tabasco.

“Es de llamar la atención y nos parece sospechoso que en donde tiene empresas, se están fabricando los delitos en contra de Emma y su familia”, dijo.