Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La violencia por la que atraviesa Michoacán se debe a la desaparición de poderes, ya que el gobierno federal carece de un aliado a nivel local ante la cooptación y complicidad con la que actúan las autoridades municipales y estatales con el crimen organizado. Así lo considera el ex Subprocurador General de la República, Jorge Lara Rivera.

“El gobierno federal necesita un aliado confiable en el estado, en el Poder Judicial, en el Legislativo, en los ayuntamientos, un aliado operativamente confiable, capacitado y que esté listo para proveer de toda la información con la que cuenta para restablecer el orden; la pregunta es si las actuales autoridades son el mejor aliado o bien las acciones del gobierno se van a ver debilitadas, saboteadas por el gobierno estatal y municipal que no sean de confianza. Ojo, en una desaparición de poderes pagarán justos por pecadores, es una decisión delicada, pero es una decisión de Estado”, expone.

Esa situación de cooptación y debilidad de las autoridades son rasgos de un estado fallido y Michoacán los tiene, asegura.

El ex funcionario ve que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto perdió impulso respecto a lo que hizo la anterior administración, encabezada por Felipe Calderón Hinojosa.

“Desde luego que hay que revisar los errores y afinar estrategias pero la problemática sigue: debilidad institucional, corrupción, cooptación, flujo de armas y las redes del crimen”, diagnosticó.

“Hoy hay una oportunidad pero el tiempo pasa rápido”, advierte.

En el caso de los grupos de autodefensas, fenómeno que en Michoacán tomó impulso bajo la actual administración federal, señala que además de deponer las armas como supuestamente han ofrecido, deben informar quién se las vendió, ya que comprar, poseer y usar armas es un delito, dice el también ex Diputado federal panista.

“Ahora que se habla de deposición de las armas, no sólo debería ser eso sino quién las provee, abrir una línea de investigación en materia de tráfico de armas y de delincuencia organizada. Hay delitos muy graves con el tráfico de armas y se tiene que investigar hasta donde sea si ya se sabe que tienen armas, la información de dónde vinieron, con cuáles recursos fueron adquiridas, porque quienes las vendieron seguramente están armando a otros grupos”, dice.

La reacción de las autoridades ha sido tardada para atender la problemática de Michoacán, critica.  “Me sumo a las voces de que ya debería pensar en desaparecer los poderes en el estado”.

LARGA HISTORIA

Para Lara el papel de las autoridades o actores políticos locales resultó sospechoso desde que en 1996 el entonces Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Godoy Rangel, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia e la Nación (SCJN) para impedir que el Ejército interviniera en el combate al crimen organizado.

Godoy a la postre se convirtió en Gobernador de Michoacán, y se vio envuelto en el escándalo luego de que se revelara una conversación de su medio hermano, Julio César Godoy Toscano con el líder de la Familia Michoacana, Servando Gómez “La Tuta”, donde se dirigían uno al otro con mucha camaradería.

Godoy Toscano fue electo Diputado federal en 2009,  a pesar de que se le relacionó con el crimen organizado y aunque logró tomar protesta de su cargo en septiembre de 2010, metido en la camioneta de su entonces compañero legislativo Guadalupe Acosta Naranjo. En octubre de ese año la Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó de lavado de dinero, por lo que dos meses después sus compañeros legisladores lo desaforaron. Desde entonces está prófugo.

“Lo mismo que hoy algunas voces medio extrañas se oponen desde 96 como él lo hizo, habría que ver cuáles eran las razones de este reclamo”, cuestiona.

Lara recuerda que fue la administración de Felipe Calderón Hinojosa, donde él fue Subprocurador de la PGR, la que encaró el problema de delincuencia organizada en la entidad, de donde es precisamente el ex mandatario.

La estrategia aplicada en el estado fue cuestionada y tuvo resultados disparejos, pero si en algo hizo énfasis Calderón fue en el desarme, dice el ex funcionario.

“Con todos los defectos que se le puede atribuir a las directrices de Calderón, si en algo fue claro, fue en materia de desarme y contra el tráfico de armas se avanzó en el tema y hubiera sido inconsecuente que los grupos se armaran entonces. Los autodefensas sin armas y sin recursos no existen, y los datos indican que su aparición es reciente y me parece que el gobierno está en una extraordinaria oportunidad para que no se multipliquen en otros puntos. El tema sí pone al gobierno en una prueba muy importante de hacer prevalecer el Estado de derecho”.

El gobierno de Calderón aplicó otras estrategias porque ya reconocía el problema y entre las acciones para remover las estructuras de corrupción planeó el “Michoacanazo” en mayo de 2009, consistente en la detención de 11 presidentes municipales, 16 funcionarios y un juez. Entre los alcaldes detenidos estaban los que entonces encabezaban municipios que como se ha visto este año, son zonas todavía en problemas: Apatzingán, Tepalcatepec y Nueva Italia, entre otros.

“El sexenio pasado se reconoció el problema, se iniciaron acciones del gobierno federal, operativos y pagos de recompensa, entre otras acciones y el ex Presidente fue criticado por esta actividad tan intensa; incluso el “Michoacanazo” fue una acción que hizo evidente una acción valiente de procesar a ediles de todos los partidos, incluido el PAN. Sabemos que el desenlace del “Michoacanazo” no fue mejor por supuestas fallas procesales, pero sí hubiese sido importante que esa fuerza e intención no se hubiese perdido un solo día”, señala.

URGE ATACAR ESTRUCTURA FINANCIERA

Lara recomienda que en el actual momento que vive Michoacán es necesario investigar de dónde provienen las armas.

“En el fenómeno del armamento ya hay una actividad criminal, ése es uno de los puntos delicados que la autoridad debe esclarecer. ¿Quién armó a las autodefensas? Y es muy importante aprovechar este momento para saber quién proveyó y de dónde vienen y alejar cualquier suspicacia. Por eso pido la desaparición de poderes porque mucha información que debería ser local ya no va a las autoridades”.

También el ex Subprocurador considera que se requiere resolver el problema de la extorsión que desde el gobierno anterior es un lastre para empresarios.

“En agregados estadísticos como caso por caso hemos visto una extorsión generalizada. En una reunión con empresarios de Michoacán y gobierno federal se vio que la extorsión es generalizada, y muchas veces vimos que empresarios se resignaron a no denunciar, al preguntarles por qué decían que es por temor alimentado por la desconfianza. La pregunta al final del día es si hay o no confianza”.

Una tercera recomendación que da Lara es sobre atacar la estructura financiera de los grupos delincuenciales y recuperar la confianza sobre los aseguramientos, los decomisos y el lavado de dinero en Michoacán. “Si se deja intacta la estructura financiera podemos mandar las tropas que queramos pero el problema de fondo nunca se resolverá”, concluye.