El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, enfrenta una crisis política que va más allá de los recientes hechos de inseguridad que atraviesa la entidad, aseguran activistas y senadores.
Cuernavaca, Morelos, 15 de enero (SinEmbargo).— Una Organización No Gubernamental (ONG) pedirá que una serie de funcionarios declaren ante la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por el presunto delito de peculado cometido por el Gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu.
La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) que inició en marzo del año pasado una denuncia en contra del Gobernador de Morelos pedirá que funcionarios comparezcan para esclarecer el presunto desvío de mil 800 millones de pesos, pertenecientes a un crédito de 2 mil 800 millones de pesos solicitado por Ramírez a finales del 2013.
El vocero de la CMMC, Gerardo Becerra Chávez de Hita adelantó que será antes de que acabe enero que declare el otrora auditor especial del auditor del crédito Luis Manuel González Velázquez, el ex presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Mario Arizmendi Santaolay, el actual presidente de dicha comisión, Emmanuel Alberto Mojica Linares y la actual Secretaria de Hacienda estatal, Adriana Flores Garza.
De acuerdo con un informe de la propia secretaria Adriana Flores Garza, millones de pesos en fueron utilizados en el pago de salarios, bonos navideños y compensaciones del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), así como en una deuda pública contratada entre el 2008 y el 2013.
“Estamos hablando de un dinero que de acuerdo con la Ley de deuda se tenía que utilizar para inversión y no para gasto. No puedes pagar adeudos anteriores, para gasto corriente, o sin tener que licitar, porque ningún peso fue licitado”, dijo Becerra.
El abogado René Sánchez Galindo, quien litiga en varios casos de organizaciones no gubernamentales, explicó que la PGR estaría obligada a analizar la solicitud de los activistas para mandar a declarar a estas personas, y de no hacerlo se podría abrir un amparo por no querer desahogar pruebas.
“La PGR estaría obligada a hacer análisis de las evidencias y debe ver si es idónea la comparecencia o no, pero además puede hacer preguntas por escrito. Además de otros documentos, en este caso de las cuentas bancarias, por presunto peculado”, dijo.
CRISIS: CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA
A la inconformidad ciudadana por las condiciones de inseguridad del estado, evidenciadas recientemente por el asesinato de la Alcaldesa de Temixco, Gisela Gómez Ocampo, se suma una la petición de juicio político que promovió la CMMC al Congreso local.
Ambas molestias confluyeron en una marcha, realizada hace una semana, en la que distintos grupos civiles, y autoridades como el Alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonzo Plascencia, y el Senador Fidel Demédicis Hidalgo exigieron la renuncia del Gobernador.
Becerra afirmó a SinEmbargo que el avance del juicio político en el Congreso es inminente, que tiene por fin sancionar al Gobernador con su retiro del cargo.
Tras acercamientos con legisladores, asegura que de 30 diputados locales, espera que al menos 24 apoyen el juicio político. “Sólo necesitamos a 20”, especificó.
Por su parte, el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rabindranath Salazar Solorio, respaldó la acusación de que existe un mal manejo de los recursos públicos en la entidad y apuntaló que con la gestión de Graco Ramírez los índices de corrupción aumentaron.
“En virtud de esto evidentemente la autoridad fiscalizadora debe sancionar a las autoridades que han ejercido mal este recurso. Yo creo que ya puede iniciar un juicio político. Creo que hay elementos. Los cuales la autoridad deberá responder, porque hay muchas organizaciones civiles que tienen indicios de lo que está sucediendo, y se involucra a la propia Secretaria de Hacienda, a un subsecretario [Jorge]Michel Luna, y que son hechos muy lamentables”, refirió.
Sostuvo que la injerencia de Graco Ramírez en las decisiones de los alcaldes ha ido más allá de la imposición por decreto del Mando Único en 15 de los 33 municipios de la entidad.
“Nos han visitado algunos alcaldes diciendo que para hacer uso de algunos recursos federales tienen que pedir permiso al orden estatal, eso viola el artículo 115 constitucional y viola la Ley de coordinación fiscal. El hecho de que la autoridad estatal les marque de cómo van a ejercer esos recursos, da indicios de corrupción”, dijo.
Becerra acusó que parte de la argumentación del Gobernador para solicitar el crédito, de un monto total de 2 mil 800 millones de pesos, fue el acercamiento con los ediles de Morelos.
“Graco cuando llega al poder habla con los 33 alcaldes de los municipios y les pregunta, ‘oye andas muy mal económicamente’, ‘sí ando muy mal’. ‘Te propongo un pacto hacendario’. Y les dice que a través del Gobierno del estado van a pedir un préstamo para ayudarles en su cuestión de caja, me refiero al efectivo pues”, expresó.
“Y en mayo del 2013 manda la solicitud del decreto al Congreso, y dice de todo el ejercicio que hice con los municipios a cada uno le toca tanto. Por eso, Cuauhtémoc Blanco cuando se entrevista hace unos días con el Gobernador le dice, dónde están mis 745 millones de pesos”, agregó.
La CMMC refiere que sólo quedan nueve días para que el Congreso local aborde la solicitud del juicio político entregada el 18 de noviembre. De rechazarse, aseguran que meterán un amparo, o incluso, abrir un juicio político a los diputados locales.
