Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Llama la atención la voz entrecortada por la desesperación, la rabia y la impotencia de algunos ciudadanos michoacanos que hicieron el viaje a la capital del país, para exigir un alto a la violencia en su entidad.
Representantes de sectores turísticos, productivos, agrícolas e indígenas purépechas –gente de a pie que no ostenta ningún cargo público ni político–, dicen estar hartos de ver que cada día sus comunidades están en “estado de guerra” y crece la incertidumbre, por culpa de la inseguridad, el estado de sitio de militares y policías federales, así como por la indiferencia del gobierno estatal.
“Michoacán está en un grave riesgo de caer en un estado de guerra entre carteles que lo único que dejaría sería la muerte de inocentes y miembros de la sociedad, que por necesidad están en las filas de unos y de otros. Se seguirá ahuyentando el turismo y la inversión y seguirán manteniendo a Michoacán en los últimos lugares en las estadísticas de casi todos los rubros”, previó con tristeza el arquitecto Tito Fernández, Presidente del Movimiento Paz y Dignidad.
Desde empresarios hasta comunidades indígenas en Michoacán, todos unidos lamentaron estar entre los dos fuegos de una guerra que no pidieron. Una guerra que reconocen inició el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa contra los cárteles locales del narcotráfico y que se agravó por sus pleitos personales con el ex Gobernador perredista Leonel Godoy Rangel.
“No es una guerra de nosotros, señores, es una guerra queremos que ya se le ponga un alto, porque queremos el desarrollo de las comunidades indígenas en Michoacán. Que se fijen realmente que está pasando en Michoacán porque quienes quedan en medio son la gente civil, la gente de trabajo”, reconoció Ambrosio Ruiz Soto, Presidente del Comisariado Indígena de San Juan Nuevo, Michoacán.
La situación es crítica, dijeron en conferencia de prensa realizada en un hotel de la Ciudad de México, por un lado está la creciente violencia y por el otro, un endeudamiento estatal “atroz”, del que no tienen mayores datos, salvo el de los 14 mil millones de pesos que el gobierno local debe a contratistas y proveedores.
“Nuestro llamado urgente es que volteen a ver a Michoacán porque puede haber un estallido social, no tenemos el medio para sustentar la estabilidad del estado”, Samuel Fernández, empresario del ramo de la construcción.
ENTONCES… ¿QUÉ HACEMOS? ¿NOS DEJAMOS MATAR?
Desde la zona alta de Michoacán, un grupo de indígenas purépechas que apenas recolectaron dinero para hacer el viaje al Distrito Federal demandaron protección a la Secretaría de Gobernación, porque hasta ahora, ni las autoridades estatales ni las federales los han escuchado.
Los comuneros, que descartaron autonombrarse policía comunitaria ni grupo de autodefensa, recordaron que han recibido amenazas por parte de “los malos” –como llaman a la delincuencia organizada–, que les exigen una cuota de hasta dos mil pesos por hectárea para dejarlos trabajar. La opción, es dejar de trabajar y organizarse para defender a sus familias.
“Estamos unidos por el miedo, pero unidos nos hemos mantenido con vida”, relató uno de los indígenas, al tiempo que explicó que habitantes de cuatro comunidades en el municipio de Los Reyes, están organizados para proteger a sus mujeres y niños, casi 5 mil personas.
Por su parte, el productor de aguacate, Nicolás Aguilar, también reconoció que en un tiempo tuvo que pagar hasta mil pesos por hectárea a personajes desconocidos, a cambio de seguridad.
“Anteriormente éramos acosados por el robo de aguacate, a partir de que se nos comunicó que tendríamos que dar una cuota a cambio de seguridad, lo tuvimos que hacer”, indicó.
Ante esta situación, muchos campesinos michoacanos tuvieron que dejar sus cosechas por temor a ser extorsionados, o peor aún, asesinados, si se negaban a pagar las cuotas a los cárteles del crimen organizado. El resultado obvio: una creciente pobreza y hambre en sus comunidades.
“Hemos descuidado nuestra vida, estamos atrincherados en nuestra propia comunidad, se nos acaban los alimentos y no tenemos respuesta del gobierno municipal. Ellos hacen pasar el tiempo para que nosotros nos desgastemos”, aseveró uno de los indígenas purépechas.
Ayer se difundió la noticia de la detención de 46 integrantes de un grupo de autodefensa en el municipio de Aquila. Ante esta noticia, los indígenas purépechas –que no están armados como los grupos de autodefensa de otras partes de la entidad–, respondieron: “Entonces, ¿qué hacemos?, ¿nos dejamos matar?”.
En el colmo de la indiferencia, dijeron que el gobierno estatal les tramitó un seguro de gastos funerarios, para cubrir a sus familias cuando se murieran.
De la Policía Federal, refirieron, no tiene tampoco una garantía de seguridad, toda vez que es poco común que patrullen las zonas altas del municipio.
“Cuando empezaron a llegar los policías federales creímos que las cosas iban a mejorar, pero no fue así, las cosas siguieron igual. El problema no son los policías federales, el problema es el crimen organizado y la ineficacia del Gobernador (interino, Ángel Reyna)”, indicó otro de los indígenas.
NULA INVERSIÓN EN EL ESTADO
Un empresario del ramo de la construcción, que en otro tiempo tenía una compañía en crecimiento, reconoció que su empresa quebró. Visiblemente contristado relató que su familia tiene comida gracias a que vendió su maquinaría y poco a poco va desgastando sus ahorros.
“No nos dejen en el abandono, estamos preocupados, porque vemos las poblaciones que están totalmente desoladas, no hay con qué comer, cuando vamos a los municipios nos percatamos que las tiendas no tienen qué vender, la gente no tiene dinero”, urgió a las autoridades federales y estatales, quien sea que quiera escucharlo.
Restauranteros, hoteleros, prestadores de servicios, comerciantes, todos coinciden en que la inversión externa no llega ni por equivocación a Michoacán, por el clima de violencia, ingobernabilidad e incertidumbre que se vive en las ciudades.
“A raíz de que empezaron a llegar más federales, en nuestro caso nuestras ventas se bajan en un 20%, y ahora con las policías comunitarias, fue peor, porque se nos fueron hasta 40% las ventas, nosotros pedimos que llegue la paz para que vuelva el desarrollo a Michoacán”, Bulmaro González, empresario restaurantero de Apatzingán, Michoacán.
Los productores lamentan la “campaña de desprestigio en contra de Michoacán” que se realiza en los medios de comunicación, provocada por la propia violencia local. Aseguran que las imágenes de ingobernabilidad le han colocado un estigma al estado, difícil de remover.
“Hace no mucho tiempo se anunció la posibilidad de que General Motors pudiera asignar una inversión millonaria hacia nuestro estado de Michoacán, se creó inclusive una plataforma para crear una pista que permitiría formar a los vehículos que llegarían al puerto de Lázaro Cárdenas y de allí se transportarían al resto del Continente. Hace unos días amanecimos con la noticia de que esa inversión llegó a San Luis Potosí y al Estado de México, una inversión de dos mil 500 millones de dólares”, sentenció Arturo Galván, abogado.
El grupo de 30 empresarios y productores michoacanos indicaron que la entidad ofrece un sinfín de sitios históricos y naturales que podrían promoverse para incentivar el turismo nacional e internacional, y con ello el comercio y el desarrollo en distintos puntos del estado.
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA PF
El llamando fue unánime, “no queremos más Policía Federal”, porque, acusaron, ellos mismos han implantado a las policías comunitarias, para provocar un enfrentamiento contra otros cárteles del narcotráfico.
“No queremos más Policía Federal, lo que sí queremos es el recurso federal para poder generar más empleos. Exigimos al Gobierno Federal que se reestablezca la planta productiva para poder generar esos empleos que hacen falta y que finalmente le van a dar paz y tranquilidad que le van a dar a Michoacán”, indicó el arquitecto Tito Fernández.
Los michoacanos se quejaron de que existen alrededor de 800 elementos de la Policía Federal acuartelados en el Centro de la ciudad de Uruapan, sin patrullar directamente las zonas en conflicto y sólo provocando a la población y ahuyentando al turismo nacional e internacional.
“No es un cuartel como corresponde, están ahuyentando a turistas de paso y que van de visita a nuestra entidad”, sostuvo el abogado Arturo Galván.
Aunque no demeritaron las acciones de inteligencia del Gobierno federal, los michoacanos lamentaron que “tal parece que a Michoacán nomás nos mandan los malos” elementos, pues están documentando diversas violaciones a por lo menos 400 mujeres menores de edad.
“Su servidora escucha de repente las voces de las mujeres que acuden a mi gimnasio, de la falta de respeto para con las mujeres, la forma en que los acusan de meter a niñas de 14 o 15, chiquitas, de meterlas a los hoteles del centro donde se hospedan, son dos o tres en Los Reyes, situaciones de verdad bien desagradables que hay que decir de los policías federales, y sobre todo de esta forma de ponernos con cara de criminales a todos en Michoacán”, relató Nancy Álvarez, empresaria.
“La violencia no es culpa de los michoacanos, es culpa de las políticas públicas que no se han aplicado correctamente, estas políticas públicas obedecen a otros intereses, no a los intereses de los michoacanos ni de los mexicanos. Con el surgimiento de grupos armados que han aparecido recientemente en la entidad, se está abriendo una baja de pandora que el gobierno no va a poder controlar”, agregó Hernán Gómez, representante de organizaciones civiles.
PROPONEN CAMBIAR EL ROSTRO DESAGRADABLE
El grupo de 30 empresarios y productores michoacanos urgieron al Presidente Enrique Peña Nieto para que ponga los ojos en Michoacán y en la solución integral de los problemas que provocan que miles de michoacanos estén en la quiebra y en la miseria.
“Estamos hartos de malos gobiernos, que estamos hartos de este maltrato que se le está dando a nuestro querido estado de Michoacán, también estamos hartos que Michoacán siga siendo la mala nota del día”, sostuvo Tito Fernández, Presidente del Movimiento Paz y Dignidad.
Los representantes de los sectores productivos demandaron el urgente envío de recursos federales para reactivar la planta productiva del estado y con base en el trabajo, modificar el estado de guerra cosas que prevalece en la entidad.
“La causa común que hoy nos convoca es hacer un llamado, no sólo al Presidente de la República, sino a todos los actores sociales, para que le quiten esa marca, ese estigma al estado de Michoacán”, dijo Hernán Guzmán, representante de las ONG’s locales.
También pidieron al Presidente de la República que escuche a la sociedad y los incluya en la toma de las decisiones que surgirán en el llamado Pacto por Michoacán, pues, dijeron, la sociedad ya no cree en la clase política local.
“En la cuestión política, cada vez que hay comicios en mi municipio, se llena de propuestas de los tres partidos políticos que tienen más representación y de los cuales con mucho respeto quiero decir que ninguno cumple, van, llegan, compran y promueven de una manera comercial el voto, y los ciudadanos que estamos en medio, nos arrastran con sus problemas”, Miguel Urbina, prestador de servicios.
Juntos pidieron un nuevo trato para Michoacán, a fin de detonar el desarrollo local, fomentar el empleo y evitar que miles de jóvenes civiles se vean obligados a unirse a grupos delincuenciales, convirtiéndose en carne de cañón de los criminales.
JUICIO POLÍTICO AL MICHOACANO FELIPE CALDERÓN
De forma conjunta, los conferencistas culparon al ex Presidente Felipe Calderón de ser responsable del caos michoacano. Lo responsabilizaron por la implantación de lo que denominaron “una guerra irresponsable y sin causa”, que solo perjudicó a los ciudadanos.
“Estamos así, gracias a la irresponsabilidad del ex Presidente Felipe Calderón, que aún siendo michoacano, que al menos a mí, no sé si estén de acuerdo mis compañeros, me da vergüenza decir que él es paisano, porque llegó a Michoacán ofreciendo en su campaña que con él a Michoacán le iría bien, pero muy bien y fue todo lo contrario”.
A título personal, Tito Fernández respaldó la demanda contra Calderón interpuesta ante la Corte Interamericana de Justicia, por presunto genocidio.
Indicó que de forma irresponsable, el ex mandatario panista mandó elementos del ejército para contrarrestar el problema del crimen organizado “sin conocer a sus enemigos o aún conociéndolos, jamás hizo nada por acabarlos”. Y lo único que logró, dijo, fue avivar la violencia, y los cárteles del crimen se esparcieron por todo el territorio estatal.
“Le digo irresponsable porque también dejó de ir a Michoacán y canceló las posibilidades de inversión utilizando de parapeto un pleito malsano con el entonces Gobernador Leonel Godoy, que también Leonel Godoy tiene su culpa porque asume el reto de pelar con el Presidente y los dos gobernantes, uno federal y otro estatal, lo último que les importó fue el pueblo de Michoacán”, lamentó el arquitecto.
