Según Ortega Sánchez, presidente de Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el fraude de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares consiste en que el acuerdo para esclarecer los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, era que la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, “pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”.

osé Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, pusó una denuncia penal por fraude en contra de Emilio Álvarez Icaza con relación al caso Iguala. Foto: Cuartosuro

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, puso una denuncia penal por fraude en contra de Emilio Álvarez Icaza con relación al caso Iguala. Foto: Cuartosuro

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- La organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunció ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), por un supuesto fraude de al menos 2 millones de dólares obtenidos del Gobierno federal para la investigación del caso Iguala.

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano denunció a Alvarez Icaza por su “conducta antisocial” en la investigación de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, que el Código Penal Federal tipifica como delito cuando alguien “ [ha] engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

“En este caso las víctimas del engaño son el Gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el Gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyos integrantes deberían ayudar al Gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente.

“Y a quien señalamos como presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el adendum del ‘Acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región’ y que tuvo como contraparte al gobierno federal”, denunció el líder de la organización que impulsa una agenda de seguridad y política con un discurso conservador.

Según Ortega Sánchez, el fraude de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares consiste en que el acuerdo para esclarecer los hechos del 26 de septiembre en Iguala era que la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, “pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”.

En reiteradas ocasiones, el presidente de esta organización ha acusado a tres integrantes del GIEI de ser deshonestos, pues asegura que tampoco han hecho la más mínima contribución a la localización de los 43 normalistas desaparecidos y, además, “han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su adendum”.

Ortega Sánchez, abogado de las familias de jefes de esta organización que fueron asesinados en condiciones no aclaradas, cobró millones de pesos para coadyuvar con el esclarecimiento del asesinato del Cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en 1993. En esa época, su conclusión fue que se trató de un “complot”, sin embargo, su aportación no ayudó en la indagatoria.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal está relacionado con la Organización Nacional del Yunque, creada en 1955 en León,  Guanajuato, con carácter religioso de extrema derecha que logró la infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político. Su alcance fue internacional y logró instalarse en España en la década de los setenta, sin embargo, fue proscrita por la justicia civil y la Iglesia católica la descalificó, igual que a sus organismos que servían de fachada.