Las autoridades mexicanas han comenzado, de manera sigilosa, a desmantelar protecciones legales para su población y otros esfuerzos que fortalecen el frágil Estado de derecho, dice el influyente diario norteamericano. El nuevo Sistema de Justicia Penal podría deshacer décadas de avances en la defensa de los derechos humanos, alerta New York Times: La situación de derechos humanos en el país es simplemente terrible: abusos severos, tortura, ejecuciones sumarias y una impunidad virtualmente garantizada, dijeron expertos consultados por el diario.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– Mientras el Gobierno de México parece indignado y protesta por las políticas agresivas de Donald Trump, en casa comenzó, de manera sigilosa, a desmantelar protecciones legales para su población y otros esfuerzos que fortalecen el frágil Estado de derecho, dice hoy el diario New York Times, en un texto firmado por su corresponsal Azam Ahmed.

Expertos consultados por el medio estadounidense temen que con el nuevo Sistema de Justicia Penal se deshagan décadas de avances en la defensa de los derechos humanos en México. Resaltó la operación del partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI), para desmantelar esfuerzos que le han costado a la sociedad civil.

Desde el 2008 se determinó la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual cambiaría, entre varias cosas, los juicios escritos a orales. La transición culminó el 18 de junio del 2016.

“Los cambios se darían a través de una iniciativa legislativa, aparentemente inofensiva, presentada por un aliado del Presidente Enrique Peña Nieto apenas un día después de que el Canciller Luis Videgaray pidiera al Gobierno de Trump que los connacionales en Estados Unidos sean tratados con absoluto respeto a sus derechos civiles, a sus derechos humanos y al debido proceso”, destaca el diario.

El New York Times mencionó que aunque el nuevo sistema —que cuenta con el apoyo de Estados Unidos— pretende asegurar la protección y garantía de los derechos humanos en una Nación donde eso raramente sucede, la propuesta para reformarlo está encaminada en la dirección opuesta.

Académicos jurídicos dijeron que esta contrarreforma permite al Gobierno detener a sospechosos durante años antes de que empiece un juicio; que faculta a la policía a armar casos a partir de rumores y testimonios sin sustento, y permite que los fiscales utilicen evidencia obtenida por medio de la tortura.

Según los expertos consultados por el medio, la iniciativa, que está a la espera en el Congreso, también fuerza al acusado a ofrecer evidencia que lo exculpe, en vez de que se le considere inocente hasta que se compruebe lo contrario.

“No solo es una contrarreforma, sino que contiene normas que incluso contravienen el derecho a la defensa”, dijo al New York Times Alejandra Ramos, jueza en el estado de Chihuahua. “La quieren pasar porque es más fácil que preparar a fiscales y policías, más fácil que limpiar el sistema y romper con el uso de la tortura como una herramienta para investigar”.

Para el diario estadounidense, la legislación da muestra de una contradicción al corazón del México actual bajo el Gobierno del Presidente Peña Nieto y del PRI: la versión que promueven al exterior se contrapone con la realidad que crea a nivel interno.

En pocas palabras: el diario estadounidense puso a México como candil de la calle y oscuridad de su casa.

“Al promover la Marca País, el Gobierno ha creado una imagen de México como la de una Nación en ascenso, un líder regional listo para asumir su lugar en el escenario global, competitivo en términos comerciales, económicos y culturales. Al mismo tiempo, ante la violencia creciente, la desigualdad pronunciada y la crisis de derechos humanos —Naciones Unidas ha calificado de ‘generalizada’ la tortura por parte de las fuerzas de seguridad–, el mismo Gobierno usualmente pisotea las garantías que asegura estar defendiendo”, refiere el texto firmado por Azam Ahmed.

De acuerdo con organismos internacionales que monitorean la situación de derechos humanos en México, la nueva propuesta legislativa es parte de un patrón. En el manejo de las autoridades de la corrupción que impera en los sistemas jurídico y político, de la impunidad para las fuerzas de seguridad o de las investigaciones de las decenas de miles de desapariciones, los organismos dicen que el Gobierno comúnmente socava los avances que presume estar haciendo.

“México se ha esforzado en promover su imagen como un Estado que defiende o avanza en la protección de los derechos humanos internacionales”, dijo al New York Times James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Pero en casa, la situación de derechos humanos es simplemente terrible: abusos severos, tortura, ejecuciones sumarias y una impunidad virtualmente garantizada”.

Los cambios propuestos al código penal han sido tan poco publicitados que muchos legisladores, jueces y abogados defensores los desconocen, detalló el diario.

Añadió que además de esa propuesta, el PRI y legisladores de otros partidos promueven varias versiones de una ley que abriría la puerta a que el Ejército y otras ramas de las fuerzas armadas participen en la implementación de la seguridad interior, un papel que los militares han desempeñado sin un marco legal desde hace una década, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico.

“En México se han disparado los casos de tortura y de asesinatos extrajudiciales. Según datos oficiales, las fuerzas armadas matan a más combatientes de los que hiere, una letalidad desmedida: la Marina, por ejemplo, mata a treinta personas por cada una que hiere, una proporción que según expertos indica que hay ejecuciones sumarias”, sostuvo el medio.

El New York Times destacó que pocos soldados son castigados en México cuando cometen abusos. De las 4 mil quejas por tortura que ha revisado la Procuraduría General de la República desde 2006, solo 15 han resultado en condenas, lo que ha derivado en preocupación mundial sobre la impunidad y la disposición gubernamental para lidiar con los abusos a los derechos humanos.

“Esta ley es una respuesta a la pregunta que el mismo Gobierno se hizo: ‘¿Las fuerzas armadas necesitan el respaldo de una legislación para seguir haciendo lo que hacen?’”, dijo al diario Jan Jarab, el representante en México de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos. “Pero la pregunta correcta es: ‘¿Deberían seguir haciéndolo? ¿Ese paradigma militar ha sido exitoso?’. La respuesta, por una amplia y apabullante mayoría, es no”.

Ayer el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) presentó un informe sobre la actuación policial a un año de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

El Informe “La cara del Sistema de Justicia Penal. ¿Qué le falta al policía primer respondiente?” evaluó la labor policial conforme a sus actas de acción, encuestas a ministerios públicos y policías, así como las audiencias iniciales del NSJP.

El 31.3 por ciento de 16 ministerios públicos estatales encuestados por Cidac consideró mala la capacidad policial para realizar detenciones en flagrancia. Mientras que el 56.3 por ciento la consideró de regular, y el 12 por ciento como buena.

Las policías son el primer eslabón dentro del NSJP, encargado de proteger escenas del crimen y recolección de indicios. Mas el 69 por ciento de los ministerios públicos calificó la capacidad para recolectar indicios de delitos como mala; el 31 por ciento, regular; y ninguno, buena.