Periodistas mexicanos y directivos de organizaciones internacionales especializadas en la defensa de los derechos de los comunicadores reaccionaron a la promesa del Presidente Enrique Peña Nieto de aplicar “todo el peso de la Ley” contra quienes han amenazado y asesinado a integrantes de la prensa.

El anuncio de Peña se hizo luego de que, el lunes pasado, el periodista y escritor sinaloense Javier Valdez Cárdenas fuera asesinado de 12 disparos en su ciudad natal, Culiacán, lo que levantó una oleada de indignación a nivel nacional y también en el extranjero.

Los especialistas coincidieron en que las soluciones que presenta Peña Nieto no sólo llegan a destiempo, sino no atacan de manera integral el núcleo de la violencia contra los periodistas: el crimen organizado y los políticos cómplices de las mafias.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– Tarde, con soluciones que son “más de lo mismo” y sin llegar al fondo de la problemática que genera las agresiones a la prensa es como organizaciones defensoras y periodistas consideraron las “acciones por la libertad de expresión” presentadas hoy por el Presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Adela Navarro, directora del semanario tijuanense ZETA, el mensaje de Peña dejó fuera el aumento del crimen organizado, la corrupción de las autoridades que no lo combaten y la impunidad con la que operan y que son los elementos que permiten los asesinatos de periodistas.

El crimen del reportero y escritor sinaloense Javier Valdez Cárdenas, dijo Navarro, ocurrió en medio de la disputa interna del cártel de Sinaloa que siguió a la extradición de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”; mientras que Miroslava Breach, asesinada el 24 de marzo en Chihuahua y corresponsal de La Jornada, quedó también en medio de pugnas de narco-política.

Problemáticas, advirtió la reconocida periodista de Baja California, que estuvieron ausentes del mensaje del Presidente.

“Definitivamente insuficiente. El Presidente no entra al tema de fondo; se está concentrando en una estrategia, otro decálogo para resolver los asesinatos de periodistas en lugar de prevenir los asesinatos de periodistas; no llegó al tema de fondo que es el narcotráfico y la corrupción, y que juntos llevan a la impunidad”, dijo Navarro.

“Detener a las cabezas de las mafias o de los cárteles no es una estrategia integral; y, precisamente porque detienen al “Chapo” Guzmán y no detienen a su estructura ni financiera ni humana es que estamos en esta guerra del narco; no hay una estrategia de fondo para el combate al narcotráfico y el crimen organizado”, agregó.

Reunido de manera “extraordinaria” con los gobernadores de las 32 entidades federativas, Peña Nieto presentó su plan de protección a periodistas, basado en el “reforzamiento” de instancias que ya existen, como el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que, sin embargo, tiene un índice de impunidad mayor al 99 por ciento.

El anuncio de Peña se hizo luego de que, el lunes pasado, el periodista y escritor sinaloense Javier Valdez Cárdenas fuera asesinado de 12 disparos en su ciudad natal, Culiacán.

Javier Valdez fue autor de diferentes títulos sobre el tema, co-fundador del semanario Ríodoce, corresponsal de La Jornada, premio 2011 del Comité para la Protección de Periodistas y uno de los reporteros más experimentados en la cobertura del narcotráfico.

Antes que él, en el país habían asesinado a otros cinco reporteros sólo este 2017 y, de acuerdo con diversos conteos, más de 120 desde 2000, lo que convierte a México en uno de los países más letales para la prensa en el mundo, sólo después de naciones en conflicto como Siria y Afganistán.

Por eso, dice Balbina Flores, representante en México de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, el anuncio de Peña Nieto llega “tarde” y a “contra corriente” de la impunidad que impera en la gran mayoría de las agresiones cometidas hace años.

“Ante esta devastadora situación para la prensa en México, no podemos dejar de decir que estos compromisos llegan bastante tarde, porque hay 126 periodistas asesinados en México y 20 desaparecidos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no podemos dejar de decir que estos compromisos no quitan ni el dolor ni la frustración ni el desconsuelo de tantas familias en este país; no podemos decir que, con estos compromisos y con este discurso, eso se borra de hoy en adelante”, dijo Flores.

“Es decir, no podemos desconocer que hay un Mecanismo de protección que tiene deficiencias, que tiene falta de recursos; no podemos desconocer que hay una Fiscalía con un gran rezago de investigación, es decir van a tener que remar contra corriente, porque están llegando un lustro después de tantas agresiones”, agregó.

Y es que México, mencionó también Flores, es uno de los países con la mayor cantidad de instituciones destinadas a la protección de periodistas; las cuales, sin embargo, no han servido para detener los ataques y los asesinatos.

“La pregunta es que, a pesar de tantas instituciones, siguen matando periodistas; es una cosa esquizofrénica que no tiene explicación”, agregó.

¿MÁS FISCALÍAS? ¿PARA QUÉ?

Para Jade Cuevas Villanueva, coordinadora de Libertad de expresión de la organización Periodistas de a Pie, un aspecto preocupante de la exposición de hoy fue el anuncio de creación de fiscalías especializadas en agresiones a periodistas en los estados, como anunció el presidente en turno de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Mancera Espinosa.

La medida, explicó la también periodista con sede en Guadalajara, Jalisco, ha sido parte del plan del actual Gobierno federal pero significa un retroceso con respecto a la reforma constitucional que, desde 2012, convirtió esta protección a periodistas y el esclarecimiento de los crímenes en responsabilidad de este nivel de Gobierno.

“Evidencian que no tienen propuestas claras y lo que hacen es querer regresar el tema de la seguridad de los periodistas a los Gobiernos estatales; esa es la línea del Gobierno federal; Lía Limón (ex subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob), en reuniones de la Conago justo era lo que les decía a procuradores y Gobernadores: que tienen que hacerse cargo de la protección de defensores y de periodistas, que porque el mecanismo no tiene dinero; entonces me parece muy grave”, dijo.

“También dejaron desdibujada la responsabilidad de la FEADLE; que él [el Procurador General de la República, Raúl Cervantes] haya iniciado y que sólo haya dicho que va a trabajar con los agentes del ministerio público, muestra que no están dejando claro cómo van a resolver el problema número uno, que son las carpetas de investigación”, agregó.

Cuevas, también ex integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Segob, observó también que los “mapas de riesgo y prevención” anunciados hoy por Mancera son datos con los que cuenta la CNDH y que podría compartir con el Mecanismo de Segob; lo cual, explicó, no ha ocurrido.

“No se dijo nada nuevo (…) La CNDH es la que debería compartir información para que el mecanismo hiciera mapeos de riesgos y prevención, pero la CNDH sigue reservándose esa información, no comparte siquiera cuánto es lo que tiene registrado de denuncias, y eso te habla de que el conglomerado de instituciones para la protección de periodistas están desarticuladas; están diciéndonos lo que ya está escrito y que no han cumplido”, agregó.

Ana Cristina Ruelas, directora general en México de la organización internacional Artículo 19, también advirtió que las medidas anunciadas, si bien retoman las exigencias de lo que han promovido las agrupaciones defensoras de la libertad de expresión, llegan a “destiempo” y sin reconocer que la mayor cantidad de agresiones contra los periodistas las perpetran funcionarios de instituciones gubernamentales

Por eso, insistió, la calidad del compromiso político del Gobierno federal con la protección de la prensa se medirá sólo con resultados, y en “muy corto” plazo.

“Viene a destiempo; esta situación de la violencia contra la prensa se veía venir desde hace años y habíamos pedido que justo se tomaran acciones contundentes respecto a la situación”, dijo Ruelas.

“Ayer esperábamos que nos hablaran de posibles resultados de investigaciones, que nos hicieran rendición de cuentas de cual era su lectura, un reconocimiento de que la mayor amenaza contra la prensa era el Estado. Si bien las acciones son las que hemos promovido desde la sociedad civil, y que pueden mejorar la protección, creo que es importante ver resultados en el corto plazo, en el muy corto plazo para hablar de que hay una verdadera voluntad política para cambiar la realidad a la que se enfrenta el periodismo ahora”, agregó.