La desaparición de 43 estudiantes, una “Casa Blanca” de 86 millones de pesos, el repunte del dólar a niveles históricos, la fuga de “El Chapo” Guzmán, el aumento de la pobreza, una tesis plagiada, el recibimiento a al candidato republicano que fincó su campaña en el odio a los mexicanos, el ascenso de los asesinatos… Estos y más son algunos de los sucesos en boca de los críticos de la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto.
Apenas, el 15 de septiembre una marcha para exigir la renuncia del Presidente tuvo lugar. El mismo día en que se realizó “El Grito” de independencia miles de mexicanos tomaron el Paseo de la Reforma para protestar y algunos especialistas se empiezan a preguntar si este será el inicio de una nueva serie de protestas, o si la modorra continuará. ¿Por qué los mexicanos no se indignan lo suficiente como para tomar las calles y provocar cambios?
PRIMERA DE TRES PARTES
Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– Ante la llegada al país del hombre que promueve el odio a los mexicanos en su campaña presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump, un grupo de manifestantes convocó a una protesta de rechazo en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Las expectativas de generar una manifestación multitudinaria que opacara incluso las que protagonizan los opositores de Trump en el vecino país del norte pronto se desvanecieron. En una calurosa tarde en la capital del país, apenas se reunieron unas 20 personas, a quienes pronto superó el número de reporteros y cámaras que los asediaban.
La reunión de Trump con el Presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, por invitación directa del mexiquense, terminó siendo una humillación para la figura presidencial y, por supuesto, para los mexicanos. Sin embargo, no se tradujo en protestas ni en movilizaciones. Expertos consultados por SinEmbargo coinciden en que, acaso, sí impulsará la tendencia de declive en los niveles de aprobación del mandatario, que se ha venido acelerando en los últimos meses.
Apenas el 15 de septiembre pasado, miles de ciudadanos marcharon por la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México para exigir la renuncia de Peña Nieto, lo mismo por la visita de Trump que por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por el fracaso de la economía y el crecimiento de la miseria, por el aumento de la corrupción y de la violencia, por la tortura y la desaparición forzada, entre muchas otras razones.
Decenas de miles se unieron espontáneamente a esta protesta, convocada en redes sociales a nivel nacional, pero que no tuvo resonancia en otras entidades de la República.
Al respecto, los analistas consultados plantean que la sociedad en México vive en una especie de Síndrome de Estocolmo, esa condición psicológica que desarrolla una persona que, de secuestrada y víctima, desarrolla una relación de complicidad con sus captores, y que los terminan ayudando para alcanzar sus fines e incluso evadir la justicia.
La más reciente encuesta del diario Reforma, publicada el mes pasado, refirió que la administración de Peña apenas contaba con el apoyo del 23 por ciento de la población. Este es el porcentaje más bajo para un Presidente de la República desde 1994, año en que se iniciaron formalmente estos ejercicios de medición sobre el desempeño del Primer Mandatario.
Especialistas plantearon que los escándalos por casos de corrupción y los malos resultados del Gobierno federal en diversos rubros han mermado la imagen del Jefe del Ejecutivo federal, quien el 28 de febrero de 2014, fue portada de la revista estadounidense Time con el titular: “Saving Mexico” [Salvando a México, en español].
Pero esa imagen del “salvador” de México se diluyó pronto. Las preguntas son: ¿la desaprobación se ha convertido en exigencias ciudadanas concretas y en movimientos de protesta que provoquen un cambio?, ¿por qué la sociedad civil en México no es capaz de cohesionar en demandas comunes?
“Varios de los asuntos que han expuesto y reclamo a Peña Nieto serían motivos, en muchos otros países, para que fuese retirado de la Presidencia de la República, pero en México ni el Congreso ni la población quiere generar este tipo de cambios. Parece como si incluso se estuviera de acuerdo en apoyar la injusticia”, dijo Clara Jusidman Rapoport, presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social).
El Presidente Enrique Peña Nieto fue exhibido, en noviembre del 2014, por una investigación periodística que le acusó de contar con una mansión en Las Lomas de Chapultepec, construida por Grupo Higa, una de las constructoras que más se ha beneficiado en el actual sexenio con contratos proporcionado por el Estado.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), a quien su titular lo designó el propio Presidente y quien además era amigo personal de Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó la existencia de un conflicto de interés. Pero la imagen del mandatario se vio dañada, según el mismo reconoció el pasado julio durante el evento de promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción en el que ofreció disculpas por la adquisición del inmueble. El caso no movilizó protestas.
DESGASTE EN PROTESTAS
ADEMÁS:
Las manifestaciones desatadas por los hechos de violencia también se han debilitado conforme transcurre esta administración.
El caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa –la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014– marcó negativamente al presente sexenio, por su inacción y falta de resultados.
El 20 de noviembre de aquel año, una movilización para exigir la aparición de los estudiantes sumó a más de 30 mil personas en las calles de la capital del país, de acuerdo con lo que reportó la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal. Activistas denunciaron también que no se contabilizaron a decenas de miles más que estuvieron en aquella concentración.
A casi dos años de estos hechos, las protestas se han visto reducidas por la frustración de la falta de respuesta del Gobierno federal. Es una estrategia generalizada de las autoridades, enfatizó Félix Hernández Gamundi, líder del movimiento estudiantil de 1968.
“El Gobierno está haciendo su juego, y éste consiste en asegurarse en que el tema no se desborde, que el caso Ayotzinapa no avance hacia un reclamo general por acceso a la justicia, que la gente le ayude con su silencio”, ejemplificó Hernández Gamundi.
RAZONES PERO NO RECURSOS
En México existen 55 millones de pobres, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) del 2014. Las limitantes económicas hacen que las personas tengan menos posibilidades de manifestar debido a sus condiciones de trabajo, afirman especialistas. Sin embargo, el resto de la sociedad, la que sí tiene herramientas para reclamar, tampoco lo hace.
Esta realidad se acentúa entre los 11.4 millones de personas que se hallan dentro de la pobreza extrema, y que en el área rural representan el 20.6 por ciento de la población.
Gerardo Coutiño Montes, economista de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), expuso que este sector de la población cayó en la “trampa de la pobreza”, aquella de la que no se puede salir porque simplemente no hay ayuda para ello.
La condición de pobreza subordina a las personas a depender en mayor medida de subsidios que se realizan a dependencias financieras, continúo el académico.
“Ello hace que los pobres del país piensen dos veces antes de protestar o no apoyar con un voto a un candidato oficial, porque se les amenaza con la pérdida del apoyo y eso es algo que la gente en pobreza extrema, la que no tiene siquiera para comer, no se puede permitir”, afirma Coutiño Morales.
VÍCTIMAS DEL DESENCANTO
La falta de participación social está influenciada por un “desencanto” derivado de la falta de cumplimiento de las expectativas, refirió Marco Arellano Toledo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“En los 12 años de panismo fracasó la alternancia. Y se tenían muchas expectativas que el PRI, en un país con mayor experiencia, regresaría para hacer las cosas de otra manera, que esto mejoraría”, expuso Arellano Toledo.
De acuerdo con la encuesta de Reforma, mientras en abril del 2013 la ciudadanía calificó la gestión de Peña Nieto, en una escala del 0 al 10, con un 6.3; el pasado agosto la calificación punteó 3.9.
Las promesas de crecimiento económico derivadas por las reformas estructurales han tenido que ser replanteadas.
A finales de agosto, y por segunda vez en el año, el Gobierno federal redujo su pronóstico de crecimiento económico para este año de entre 2 a 3 por ciento a un estimado entre el 1.7 y 2.5 por ciento.
En tanto, el cambio del peso por el dólar ha ido en aumento: el canje cerró el pasado miércoles en 19.52 pesos en Bancomer.
El desprestigio derivado por la corrupción también explica la falta de movilización de la gente, dijo Félix Hernández. De acuerdo con un informe del Banco de México (Banxico) en el 2015, el país pierde al 9 por ciento de su PIB por este flagelo.
“Si se revisa la elección de junio pasado, la participación real fue del 33 por ciento [sin el voto nulo]. Eso quiere decir que la mayor parte de la población no se siente representada ni cree en esta estructura de poder, ni en estos partidos”, añadió Hernández Gamundi.
La población se está organizando de diversas formas, dijo, y puso como ejemplo a los candidatos independientes, aunque no es la única; sin embargo, aún no se logra cohesionar en objetivos concretos, planteó el activista.
POLÍTICA DE CERRAZÓN
La actual administración ha sido caracterizada por la cerrazón ante las protestas sociales y los espacios de diálogo, refirió Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD).
Organizaciones civiles han pedido desde hace más de un año una reunión con el Presidente para tratar las campañas de desprestigio en contra de sus labores. Asimismo, de forma reciente, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas lo hizo con el fin de tratar una serie de amenazas.
“La carta fue reenviada por Peña a la Segob, luego al subsecretario Campa [Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos], y después a la encargada del Mecanismo. Una evidencia de que no hay un espacio de participación efectivo. El reclamo de sociedad civil es visto como una molestia”, dijo Cortez.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, entre agosto del 2014 y julio del 2015 hubo 3 mil 139 manifestaciones en la capital del país. El 55 por ciento era por reclamos del ámbito federal, el 39 por ciento local y el 6 por ciento de particulares.
Sin embargo, la falta de resolución de conflictos durante los 46 meses de la administración federal han derivado en que los mexicanos aspiren a una transición de mandos de Gobierno, expuso el profesor Arellano.
EL PRI: DIVIDE Y VENCERÁS
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha manejado históricamente la inconformidad y lo ha hecho sector por sector, coincidieron expertos. Mientras en otros países los sindicatos juegan un rol de contrapesos al Poder Ejecutivo, en México estos espacios han sido copados por el PRI.
“Nada junto. Todo separado. Ello facilitó las negociaciones políticas. El mismo PRI está conformado por sectores: el campesino, el popular y el obrero. El PRD por tribus, por ejemplo”, explicó Coutiño.
Asimismo, la ola de delitos ha sido un factor en el que las personas han terminado por inhibirse de protestar.
En octubre del 2014, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, expuso en un informe sobre desapariciones forzadas que a diferencia de los tintes políticos que tuvieron las desapariciones durante la llamada “guerra sucia” hasta finales de los 80, ahora este delito se había extendido a cualquier grupo de la población.
Desde que Peña Nieto asumió la Presidencia hasta julio de 2016 se registraron 14 mil 934 desapariciones, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), esto representa mil 462 desapariciones más que las ocurridas en los seis años de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
FILTRACIÓN DE MARCHAS
El extinto Movimiento de los Indignados Coahuila surgió en el 2010 como una protesta contra la administración del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés.
Moreira recibió una entidad con una deuda de 323 millones de pesos en el 2005, pero seis años después la contratación de nueva deuda llegó a 36 mil 509 millones de pesos. Los hechos, sumados a la violencia en el estado, desataron las protestas civiles.
Durante todo un año, el 2010, ese movimiento estuvo activo. Sin embargo, a principios del 2011, a pesar de que las causas que lo originaron seguían vigentes, la movilización se extinguió.
Raymundo Mendoza, ex vocero del Movimiento de los Indignados Coahuila, explica que las marchas perdieron fuerza debido a la cooptación de sus integrantes por “reventadores”, quienes velaban por intereses particulares y de los partidos políticos.
Para su sorpresa, el hecho de que miembros de la oposición estuvieran en las filas del movimiento, no abonó a la crítica sesuda, sino a la persecución de fines partidistas.
“Era el momento de la indignación contra el mal Gobierno y muchos panistas se molestaron. Cuando, además de la deuda, se criticaba al Gobierno de Felipe Calderón por la guerra contra el narco o los desaparecidos”, detalló Mendoza.
La incapacidad para lograr acuerdos, y la persecución de diferentes objetivos dentro del movimiento terminó por romper su organización.
Desde la perspectiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), en México hace falta una cultura de movilización. En este sentido, Edgar Cortez identificó entre los estados más rezagados los del sureste: Campeche, Yucatán, Quintana Roo; así como Durango, Nayarit, Zacatecas; todos bastiones del priismo.
“No hemos generado suficiente experiencia de aprendizaje. Suena fácil participar, pero participar supone dedicarle tiempo, interactuar con otros que tienen el mismo interés, impone discutir propuestas. Y por estas razones hay quienes se desesperan muy fácilmente”, dijo Cortez Morales.
