Dicen que no hay más ciego que él que no quiere ver, y la semana pasada el refrán se puso frente a nosotros más de una vez.

Primero con Peña Nieto en la reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, pues a pesar de que le recordaron uno a uno los nombres de los periodistas asesinados en este año, que le señalaron los riesgos a los que se enfrentan en el país más peligroso para ejercer el periodismo, él hablo de “avances en los últimos 10 años” y de “la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado”.

El Presidente puso en la mesa números que no dicen nada sobre la efectividad del Mecanismo de Protección y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pero que sí hablan de la tremenda ceguera gubernamental.

De esta manera y con la intención de controvertir sus dichos, yo le diría al señor Presidente que el crimen organizado sí es un riesgo para las y los periodistas, pero desde hace siete años, se le ha advertido que los funcionarios públicos son una gran amenaza, ¿cuántas veces lo tenemos que decir?. Desde ARTICLE 19 documentamos 397 agresiones contra periodistas en 2015. En lo que corre del 2016 registramos alrededor de 227 agresiones entre las que se cuentan 10 asesinatos. De 2003 a la fecha, se han contabilizado 23 periodistas desaparecidos y contrario a lo que mencionó, los datos arrojan que los agentes del Estado son quienes cometen la mayoría de las agresiones (49.7 por ciento).

Además, valdría la pena profundizar sobre los “avances de los últimos 10 años” a los que hizo referencia pues para ARTICLE 19, la respuesta institucional ha sido fallida. Desde 2006 se conformó a nivel federal la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, misma que en 2010 mutó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Como parte de sus estadísticas, la FEADLE expone que de julio de 2010 a agosto de 2016 se han integrado 798 averiguaciones previas, mismas que han decantado en 101 consignaciones ante juez (12.65 por ciento) y tan solo 2 sentencias condenatorias (0.25 por ciento). La incapacidad del Estado mexicano para abatir la impunidad es manifiesta (98 por ciento de casos sin sentencia), pero para abatir la impunidad de delitos cometidos contra periodistas es aún peor (99.75 por ciento).

Así es, más institucionalidad no ha significado mayores garantías para las y los periodistas. Las agresiones incrementan y los perpetradores, los funcionarios públicos, cada vez se vuelven más cínicos.

Esto me lleva al segundo caso. Javier Duarte informó sobre su solicitud de licencia al Congreso del Estado de Veracruz, pues debía enfocarse a “encarar con la verdad, falsas acusaciones”. Lo anterior tras las investigaciones periodísticas que dieron lugar al reconocimiento de graves hechos de corrupción en las que su gobierno se encuentra involucrado.

Así, la creación de empresas fantasma y el inmensurable desvío de recursos generaron más de medio centenar de denuncias en su contra por lo que, ahora, tiene que enfocarse en “limpiar su nombre y su honor”.

Sin duda se celebra que todo esto le hayan generado las ganas de retirarse, pero por qué no la muerte de 17 periodistas y la desaparición de cinco. En este año, han sido tres periodistas asesinados en el estado.

Así, de frente, otro ciego. Uno que no ha reconocido que hace mucho tiempo que la información que se recibe y difunde en el estado está plagada de terror. Hay una grave crisis de credibilidad de la democracia y, gracias a un gobierno como el suyo, la libertad de expresión se encuentra en suspensión.

Hagamos planas para compartir realidades, pongamos nombre a la impunidad:

Moisés López Solana, Miguel Ángel López Velasco, Noel López Olguín, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez, Gabriel Hugo, Estaban Rodríguez, Guillermo Luna, Víctor Manuel Báez, Gregorio Jiménez, Armando Saldaña, Juan Mendoza Delgado, Rubén Espinoza, Anabel Flores, Manuel Torres y Pedro Tamayo.

Moisés López Solana, Miguel Ángel López Velasco, Noel López Olguín, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez, Gabriel Hugo, Estaban Rodríguez, Guillermo Luna, Víctor Manuel Báez, Gregorio Jiménez, Armando Saldaña, Juan Mendoza Delgado, Rubén Espinoza, Anabel Flores, Manuel Torres y Pedro Tamayo.

Moisés López Solana, Miguel Ángel López Velasco, Noel López Olguín, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez, Gabriel Hugo, Estaban Rodríguez, Guillermo Luna, Víctor Manuel Báez, Gregorio Jiménez, Armando Saldaña, Juan Mendoza Delgado, Rubén Espinoza, Anabel Flores, Manuel Torres y Pedro Tamayo.

Ana Cristina Ruelas

https://www.sinembargo.mx/author/ana_ruelas

Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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