Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– La Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho anunció hoy que dos familias más se unieron a una demanda de amparo en contra del proceso de investigación y de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los 72 migrantes asesinados en San Fernando Tamaulipas, pues consideran que se liberó de responsabilidad al Estado mexicano.
De acuerdo con el diario La Opinión, con base en Los Angeles, California, son ya seis familias las que interpusieron dicha demanda, pues consideran que en su resolución la CNDH en vez de pronunciarse por el derecho a la vida, declarar las violaciones como graves y determinar si el gobierno estuvo involucrado por acción u omisión, simplemente guardó silencio en su informe público, presentado apenas en diciembre pasado.
En el informe sólo se culpó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno de Tamaulipas por no proteger evidencias del crimen, un descuido que, afirman, generó problemas para identificar algunos cadáveres; incluso actualmente aún hay 12 en la fosa común.
“El informe fue ligero y mediocre y más de tres años después”, dijo David Mora, integrante de la fundación.
La demanda fue admitida a trámite desde el pasado 17 de enero por el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y advierte que la CNDH “no investigó a fondo ni se pronunció respecto a la masacre de 72 personas, no señaló si se violó el derecho a la vida y si es Estado está involucrado por acción u omisión”.
En el recurso legal también denuncian que la recomendación no da ningún lugar a los familiares de las víctimas, pues “nunca los buscó, no los escuchó, no respetó sus derechos de acceso a la justicia ni analizó las condiciones de particular vulnerabilidad que enfrentan por no ser nacionales de México”.
Al respecto, el Padre Pedro Pantoja, del refugio para inmigrantes de Saltillo y quien también apoya esta causa legal, dijo que “desde el 2009 cuando tuvimos evidencia de los secuestros y asesinatos de emigrantes, pedimos al gobierno su intervención porque junto al crimen organizado había autoridades cómplices, pero no nos hicieron caso. Por eso queremos que se finque al Estado una responsabilidad por acciono por amosión o por las dos”.
La Opinión indica que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que las recomendaciones de los organismos oficiales encargados de vigilar las garantías individuales de las personas deben tener un sentido de “reparación del daño” de la víctima.
El 25 de agosto de 2010 se difundió la noticia del hallazgo de 72 cuerpos en una fosa de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Un testigo informó a las autoridades mexicanas que migrantes de distintas nacionalidades, quienes se dirigían a Estados Unidos, fueron interceptados por un grupo criminal para obligarse a trabajar con ellos. Sin embargo, al negarse a laborar como sicarios, fueron ejecutados.
La masacre de San Fernando, como es conocido este capítulo de la guerra impulsada por el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, puso la violencia y la impunidad de México en los ojos del mundo. Diversas organizaciones y gobiernos criticaron entonces al gobierno mexicano, y aún mantienen sus señalamientos, por la omisión en sus políticas de protección a los derechos humanos de los miles de migrantes de Centroamérica que cruzan el país en busca de llegar a Estados Unidos.
