México, 21 Oct (Notimex).- La Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados reportó un avance de 70 a 80 por ciento en el análisis de las reservas presentadas en lo particular sobre la minuta de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dicha instancia legislativa acordó construir un añadido para concentrar las reservas que sean consensuadas, a fin de aprobar en lo particular el dictamen de la iniciativa preferente enviada al Congreso por el Ejecutivo federal.
Al reanudarse la sesión permanente de esta comisión presidida por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso que el agregado contenga el texto completo de sus reservas.
También incluirían las presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza; asimismo entregó el análisis de esas reservas y su viabilidad.
El priista Héctor Gutiérrez de la Garza destacó que no hay que olvidar que al ser una ley general es una “ley paraguas” que servirá de insumo a los estados de la República, a los cuales se les obliga en un artículo transitorio a que en seis meses ajusten su legislación local; entonces, “tenemos que ser lo más claros posibles”.
En principio comentó que consideraron no hacer modificación alguna, pero “nos topamos con el Artículo 148, que señala de manera expresa que la intimidad del menor de edad puede violentarse por autorización” o por acuerdo de cualesquier persona.
Eso es absurdo, es una locura, no se requería más que un solo artículo para regresar la minuta a la cámara de origen y era imposible que los diputados aprobaran ese artículo, expuso a nombre del grupo legislativo del PRI.
Aunque la intención primaria era aprobar la minuta en sus términos, “sólo el 148 es una gran violación”; además, en la sesión de trabajo se analizaron otros textos y se requirió presentar una reserva.
La presidenta de esta instancia legislativa indicó, a su vez, que la comisión tiene claridad de que es una iniciativa preferente y requiere un tratamiento puntual por los tiempos legislativos.
Detalló que primero se consideró aprobar esta ley y luego hacer un análisis particular, porque es importante que no existan dudas de nadie; “más allá de no violentar la libertad de expresión, la prioridad es garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
Juárez Piña solicitó “leer la ley sin dogmas, esa es nuestra responsabilidad. Estamos en un Estado laico, y con independencia y mucho respeto de lo que cada quien profesa, hay que hacerlo así”, subrayó.
Por el Partido Acción Nacional, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena advirtió que el Artículo 50, sobre los derechos sexuales y reproductivos, puede ser ambiguo y quedar a la interpretación de cada persona.
El concepto es propio de una serie de instrumentos internacionales que no forman parte de la Constitución mexicana ni de su control de convencionalidad, ni constituyen tratados debidamente suscritos y ratificados por el país”, subrayó.
A nombre de Nueva Alianza, Lucila Garfias Gutiérrez reconoció el avance de la comisión y solicitó apoyo a sus 13 reservas presentadas, ya que la única consensuada fue la relativa al derecho de acceso a las tecnologías de la información, comunicación y a los medios de radiodifusión, a fin de garantizar el acceso de los infantes al Internet.
Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, aseveró que con “esta ley se da un paso adelante para proteger a las niñas, niños y adolescentes, aunque es pequeño”.
Cuestionó las acciones gubernamentales en favor de este sector y sugirió “dar pasos audaces” para garantizar sus derechos y no mercantilizarlos.
Durante la reunión, integrantes de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos entregaron un documento con más de 30 mil firmas de ciudadanos, padres de familia y organizaciones de la sociedad contra el artículo sobre los derechos sexuales y reproductivos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En el documento entregado a dicha comisión legislativa, demandaron retirar conceptos no reconocidos en el Derecho Internacional ni en la Constitución.
