México, 22 feb (EFE).- Un grupo de organizaciones civiles y de familiares de personas desaparecidas en México denunciaron hoy la pasividad de las autoridades en las investigaciones para encontrar a sus seres queridos, que muchas veces tienen que ser realizadas por las propias familias.
“Las familias no pueden estar arriesgándose día a día a seguir consiguiendo pruebas que puedan abrir líneas de investigación para dar con el paradero de sus desaparecidos y que las lleven a los ministerios públicos y éstos las desaparezcan”, dijo Blanca Martínez, del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
“La responsabilidad en términos de colusión o de bloqueo al acceso a la justicia de las familias es una responsabilidad internacional de derechos humanos”, apuntó en una conferencia de prensa en la capital mexicana.
El Estado, añadió, “está obligado y tendrá que ser juzgado en su momento no solo por las familias, sino por la comunidad internacional”.
El Gobierno mexicano confirmó este semana la existencia de una lista con los nombres de más de 27.523 personas no localizadas desde fines de 2006 y hasta noviembre de 2012, cuando finalizó la Administración de Felipe Calderón, luego de que Human Rights Watch (HRW) cifró en miles las desapariciones en el país.
Sin embargo, la organización sólo documentó en un informe 249 casos, de los cuales en 149 halló “evidencias contundentes” de la “participación directa de las fuerzas de seguridad militares, de la Marina, y de las tres policías: municipales, estatales y federales”.
En la conferencia de hoy estuvo presente el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien aseguró ese informe fue posible “gracias a los esfuerzos heroicos, esfuerzos muy duros, a los riesgos que corren organizaciones locales de derechos humanos” y las familias de los propios desaparecidos.
“Son los familiares, junto a las organizaciones locales de derechos humanos, los que reúnen las evidencias, los que recogen pruebas” y se entrevistan a diario “con los ministerios públicos para exigirles investigaciones serias y rigurosas para determinar el paradero de los desaparecidos”, explicó.
Vivanco reiteró que si bien el Gobierno actual, que comenzó el 1 de diciembre pasado, “no tiene responsabilidad directa en estos hechos”, es responsable de hacer que las fuerzas de seguridad implicadas “respondan por los crímenes cometidos, por las arbitrariedades, por los abusos y las desapariciones forzadas” que, recordó, son “crímenes de lesa humanidad”.
En un comunicado, la ONG Amnistía Internacional (AI) consideró “inaceptable que las autoridades no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o sancionar” esos crímenes, y que no se haya precisado aún cuántos de los casos pueden ser desapariciones forzadas, esto es, perpetradas directa o indirectamente por agentes del Estado.
