Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– El Congreso de la Unión tendrá un año como plazo para crear la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El reloj empezará su marcha una vez que la mayoría de las legislaturas estatales hayan dado su aval a la reforma constitucional y el Presidente Enrique Peña Nieto la publique en el Diario Oficial de la Federación.

Eso significa que le corresponderá a los diputados electos el próximo 7 de junio y que integrarán la próxima Legislatura, generar las reglas que den viabilidad a la reforma constitucional con el propósito de poner fin a la impunidad en México.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción entraña responsabilidades para el Congreso de la Unión. Deberá expedir dos leyes generales: la relativa al Sistema Nacional Anticorrupción, y la relativa a las responsabilidades administrativas de servidores públicos, así como a las conductas de particulares que se encuentren vinculados con faltas administrativas graves.

Además de la legislación secundaria, deberán reformarse diversas leyes federales, los ordenamientos constitucionales y legales de las entidades federativas, y posteriormente el reglamento de los entes públicos, todo para que en el mediano plazo se puedan diseñar y ejecutar políticas públicas que hagan frente a las conductas de corrupción.

“Como Senado estamos obligados a cumplir en tiempo y forma el mandato constitucional de expedir la Ley General que establezca las Bases de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las reformas y adecuaciones necesarias al sistema jurídico nacional”, precisó la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dicha legislación establecerá la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno a fin de regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su sanción.

La Senadora Cristina Díaz explicó que se tendrá que desarrollar un nuevo sistema nacional de fiscalización de los recursos públicos, como un subsistema consolidado y autónomo, que será eje central del Sistema Nacional Anticorrupción.

Detalló que a partir de la reforma constitucional, los legisladores se abocarán a fortalecer a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para darle mayores facultades de revisión durante el ejercicio fiscal y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores. Asimismo, deberán fortalecer los Órganos Internos de Control.

Todo esto, con el fin de que México abandone en el mediano plazo el nada honroso segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 países, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015.

LA AGENDA SUGERIDA

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción obligará al Congreso de la Unión a emitir una reglamentación de amplio espectro que impactará en ocho nuevas leyes, armonización de 14 leyes vigentes y tres leyes reglamentarias, en el plazo de un año.

El equipo de trabajo del Senador perredista Armando Ríos Piter presentó una agenda de las ocho leyes que deberá elaborar el Congreso, sus objetivos y su sustento jurídico, entre ellas la de fiscalización y rendición de cuentas, así como la del Sistema Nacional Anticorrupción.

EL SISTEMA APROBADO POR EL CONGRESO

Organizaciones de la sociedad civil como Fundar, México Evalúa, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre otras, han avalado el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por el Congreso, principalmente porque contiene tres ejes fundamentales: prevención, investigación y sanción.

Respecto a la prevención, la reforma fortalece a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a los órganos internos de control de de todas las dependencias y organismos públicos. Quita a la Secretaría de la Función Pública la facultad de sancionar, ya que solo se dedicará a investigar alguna posible falta administrativa del gobierno federal, mediante sus auditorías internas.

Se establece que el titular de la SFP será propuesto por el Presidente de la República pero ratificado por el Senado.

Asimismo se modifica el concepto de contralorías internas para convertirse en órganos de control interno, con la facultad de investigar irregularidades, cuyas funciones estarán homologadas en las futuras leyes secundarias de carácter general, que expedirá el Congreso.

Respecto a la investigación, la reforma constitucional fortalece a la Auditoría Superior de la Federación. La ASF tendrá la facultad de iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

Asimismo podrá fiscalizar en tiempo real por denuncia de actos graves de presunta corrupción; y tendrá facultad de auditar los fondos y fideicomisos públicos y privados que ejerzan recursos públicos.

Podrá iniciar procedimientos por actos o faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa y podrá denunciar ante la fiscalía especializada de combate a la corrupción los delitos que encuentre en su investigación.

Presentará informes individuales de auditorías, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente, fecha en que presentará un Informe Público General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Dentro de las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación, también podrá investigar no solamente a funcionarios públicos, sino también a los particulares que tengan que ver con recursos públicos.

Respecto a la sanción, se crea el Tribunal de Justicia Administrativa, un tribunal autónomo responsable de sancionar a quienes cometan actos de corrupción. También podrá sancionar a los particulares que incurran en hechos vinculados con faltas administrativas graves.

Las sanciones podrán consistir en inhabilitación para participar en adquisiciones, servicios, obras, e incluso en la disolución de contratos. Asimismo se establece la figura de “extinción de dominio” para los casos de enriquecimiento ilícito.

NO CAMBIARÁ NADA: PAN Y PRD

Pese al optimismo de casi un centenar de senadores que avalaron la reforma constitucional por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción tras dos años de discusión en ambas cámaras del Congreso, algunos de ellos reconocieron que se trata de una reforma incompleta y que no generará los cambios necesarios para combatir la corrupción en el país.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo, del Partido Acción Nacional (PAN) aclaró que lamentablemente el Sistema Nacional Anticorrupción no servirá para combatir este flagelo, que de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015 coloca a México en el lugar 58 en un ranking de 59 países.

El ex Secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, precisó que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no funcionará principalmente porque no contiene los insumos principales para generar los cambios que requiere el país.

“No nos engañemos. Con lo que estamos aprobando el día de hoy no vamos a avanzar ni un lugar en esos indicadores. ¿Y saben por qué? Porque esta iniciativa y esta minuta tienen carencias fundamentales”.

A continuación explicó las carencias: “No toca al Presidente de la República, no nos toca a nosotros legisladores, tampoco estamos avanzando en el frente de la corrupción en el Poder Legislativo, no toca a gobernadores abusivos, no toca a presidentes municipales, nos estamos quedando cortos y chatos”, detalló.

El Senador Ernesto Cordero aclaró que el Sistema es un paso en la dirección correcta, “pero es un paso que va a ser insuficiente”.

Explicó que es una frase común decir que la corrupción es el cáncer de México, sin embargo dijo que esta reforma apenas es una aspirina en lugar de la quimioterapia que requiere el país salvar su vida

El Senador Roberto Gil Zuarth, también del PAN, rechazó que el Presidente de la República esté protegido por el fuero constitucional. “El presidente de la República no tiene fuero, tiene inviolabilidad constitucional. El presidente de la República es inimputable por conductas administrativas, políticas y penales, salvo la traición a la patria o los delitos graves del orden común”, precisó.

“El Sistema Anticorrupción tiene una grave deficiencia y es justamente el obstáculo de la protección constitucional de la inmunidad procesal mejor denominada o mal llamada fuero constitucional”.

Señaló que de nada servirán el Sistema Nacional Anticorrupción si la decisión de procesar a un alto funcionario público no será del fiscal anticorrupción tras una larga investigación, sino que seguirá siendo una decisión meramente política que se tomará en el Congreso.

“¿De qué va a servir? Les anticipo que de absolutamente nada, porque de nueva cuenta la política protegerá a los políticos. El Sistema Anticorrupción únicamente será completo si no tiene la muralla de la protección constitucional”, afirmó.

Por su parte, el Senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Partido del Trabajo (PT), aseveró que la reforma aprobada no estudia las causas de la corrupción ni estipula nuevos delitos.

Además, dijo el cambio de responsabilidad de funcionarios se dejó para incluirse en 14 leyes secundarias que, dijo, tal vez sean realizadas cuando termine este sexenio.