Por José Knippen*

Mientras políticos mexicanos se unieron en la indignación frente al anuncio de la militarización de nuestra frontera norte por parte de Estados Unidos, pasó algo igualmente grave en nuestra frontera sur: se anunció que México enviará más elementos de la Gendarmería Nacional a esa zona. Esta decisión, informada el 10 de abril por el Secretario de Gobernación Navarrete Prida y el gobernador de Chiapas Velasco Coello a través de un video en Facebook, fue rechazada por organizaciones y redes de la sociedad civil. Esto porque un aumento de agentes armados en la frontera sur, sin duda conllevará atropellos a los derechos humanos, tanto para la población local como para las personas migrantes y refugiadas que habitan o transitan dicha zona. Por si alguien todavía tenía la duda: con esta decisión se reafirma el papel que México juega desde hace años para Centroamérica, y es un papel que no exactamente está basado en el “respeto mutuo” que exigimos tanto de la actual administración de Donald Trump.

Un comunicado firmado por cientas de organizaciones, pertenecientes a la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), la Mesa Transfronteriza de Migraciones y Género y el Grupo de Trabajo de Política Migratoria, advierte que existen similitudes preocupantes entre este anuncio y el anuncio del Programa Frontera Sur en 2014, que tuvo impactos desastrosos para la situación de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas en nuestro país. Las similitudes son las siguientes: las medidas se anuncian luego de que Estados Unidos presionó a México, es decir, son reactivas, y además no se sustentan en documentos públicos con información específica sobre en qué consistirán las acciones, las facultades y prioridades de los agentes participantes, ni la temporalidad de esta medida.

La medida fue justificada por los políticos porque “reforzaría la seguridad fronteriza” y a la vez “privilegiaría el trato digno hacia nuestros hermanos y hermanas migrantes”. Es difícil imaginarse cómo la Gendarmería Nacional podría lograr cualquiera de esas dos cosas, siendo una instancia con una formación castrense y que ha servido más para blindar a las inversiones privadas que para dar seguridad a la población. Otra similitud con el anuncio del Programa Frontera Sur es justamente el discurso superficial de preocupación por los derechos humanos, que seguramente se quedará sólo en eso,  un discurso. Fue ampliamente documentado cómo el Programa Frontera Sur generó un aumento de detenciones de migrantes y de violaciones a sus derechos humanos. Esta política continúa hoy, además no han cesado los delitos cometidos contra migrantes, hechos que se caracterizan por una impunidad casi absoluta.

En el comunicado se resalta que el contexto de criminalización de la migración y del trabajo de las y los defensores de sus derechos, aunado al contexto electoral, no pueden justificar un recrudecimiento de un modelo de seguridad que se ha comprobado fallido. Debemos recordar aquí la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior y el rechazo por parte de amplios sectores de la sociedad y diversos organismos internacionales. Si con el Programa Frontera Sur y la multiplicación de detenciones a migrantes, todavía se trataba de ocultar la colaboración entre el INM y fuerzas de seguridad diversas del Estado, multiplicar la presencia de gendarmes en la frontera sur es una clara señal de cuáles son las prioridades del gobierno mexicano. La seguridad, y no necesariamente la nuestra, viene primero, y los derechos humanos se quedan como accesorios en planes con enfoques asistencialistas, discursos para espacios multilaterales donde hay que lucir, o para fines electorales. Como señalan las organizaciones y redes, urge revertir esta reciente decisión, además de replantear las políticas de seguridad y migratorias. 

• *Investigadora de Fundar.

Fundar

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