Distintos funcionarios, partidos políticos y organizaciones civiles han demando públicamente una investigación en contra de Humberto Moreira Valdés. Sin embargo, de acuerdo con la PGR, hasta ahora nadie ha presentado alguna denuncia formal en su contra.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– La detención de Humberto Moreira Valdés en España causó polémica por la falta de investigación previa de las autoridades mexicanas, pese a denuncias de políticos y grupos civiles sobre el presunto delito de peculado que el político priista habría cometido en contra del erario de Coahuila. Sin embargo, en México no existe ninguna denuncia en contra del ex Gobernador de Coahuila, al menos así lo afirma la Procuraduría General de la República (PGR).

Jorge Vargas Espinosa, subdirector de información de la PGR, confirmó que hasta el momento no hay una investigación abierta en la dependencia. En esencia, añadió, porque “no hay un denunciante. Nadie ha sido tan valiente”.

Sin embargo, el abogado René Sánchez Galindo, aseguró que la institución estaría incumpliendo con sus obligaciones.

“Lo dice el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se indica que las autoridades pueden iniciar una averiguación de cualquier evento del que tengan noticia”.

En agosto del 2011, el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ahora Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero Arroyo presentó ante la PGR una denuncia contra Moreira Valdés por la adquisición irregular de deuda pública.

Sin embargo, al año siguiente, la dependencia absolvió al ex Gobernador por no contar con evidencias suficientes. Un argumento que ahora usa la defensa de Moreira.

Pero desde 2011, nueva evidencia que inculpa a Moreira ha salido a la luz. En especial, por autoridades de la gestión de Moreira inculpadas en delitos de corrupción en Estados Unidos.

Uno de ellos es el ex Tesorero de Moreira, Javier Villarreal Hernández, quien se declaró culpable por lavado de dinero y de transportar dinero robado hacia el extranjero. Villarreal estuvo preso entre febrero y octubre del 2014, y después salió libre al presentar documentos que mostraban un desvío de fondos hacia Bermudas.

Parte de las acusaciones hacia Moreria fueron recibidas por el Juez español Santiago Pedraz Gómez en San Antonio, Texas.

Recientemente, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, como el del Senado, Roberto Gil Zuarth, refirieron que la PGR y la unidad especializada de la SHCP para detectar casos de lavado de dinero, deberían al menos, abrir una línea de investigación.

LA LÍNEA DEL DINERO

Expertos apuntaron que, de confirmarse la investigación sobre presunto lavado de dinero por parte del ex Gobernador de Coahuila, ese dinero se quedaría en España.

La Fiscalía Anticorrupción ibérica investiga a Moreira por el supuesto lavado de 200 mil euros (unos cuatro millones de pesos). De acuerdo con las líneas de investigación registradas en medios locales, estos recursos podrían proceder del narcotráfico o de delitos de malversación de fondos públicos.

Gilberto Santa Rita, experto de la Universidad Iberoamericana, explicó que de tener éxito las investigaciones en España se repetirá el caso del ex tesorero Villarreal Hernández, a quien las autoridades estadounidenses le confiscaron 2 millones 275 mil dólares del Gobierno mexicano.

“Si el delito se cometió en España y el daño se reciente en España. Pues es sólo ese país el que puede reclamar [los recursos incautados]. No importa si el delito origen al proceso de lavado fue iniciado en México. Eso es independiente. México en el proceso español lo único que puede es actuar como adyuvante facilitando la información que la Fiscalía le llegase a solicitar”, explicó.

Por otra parte, Santa Rita apuntó que para recuperar los recursos que fueron presuntamente desviados por un funcionario, las autoridades de justicia mexicanas tendrían que abrir una investigación.

Hasta ahora, las sospechas sobre el manejo de la deuda de los 33 mil millones de pesos que adquirió la administración de Humberto Moreira aún no quedan claras para políticos de oposición como el Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Fernando Salazar Fernández, o el activistas como Raymundo Mendoza Arredondo, ex vocero  del extinto  Movimiento de los Indignados Coahuila .

ENCUBRIMIENTO DEL GOBIERNO

Carlos Orta Canales, actual director de Desarrollo Social de Saltillo, y quien fuera Diputado local por el PAN dijo en entrevista a SinEmbargo que, además del equipo de trabajo del ex Gobernador, hay ex funcionarios implicados en la exorbitante adquisición de la deuda en Coahuila que continúan en la impunidad.

“Me refiero a que falsificaron documentos del Congreso, para poder solicitar empréstitos bancarios y no pasaron por los diputados, pero para que esto suceda, pues tiene que haber gente del poder legislativo coahuilense involucrada”, expresó.

Orta refirió que las actuales autoridades estatales continúan limpiando el rastro del presunto enriquecimiento ilícito de Moreira. Y apuntó al Registro Público de la Propiedad de realizar estas operaciones.

“Hasta el más ingenuo se pregunta qué está pasando adentro del Registro, pues son propiedades que en este momento están limpiando el camino. No es posible que tenga tantas propiedades, fraccionamientos, casas, hoteles, que las tenga a nombre de otras personas, y que esas personas vienen y se las venden a otras, y así se empieza a lavar”, agregó.

LA OPACIDAD DE LA DEUDA

Una investigación del periódico Reforma en el 2011 reveló que la deuda se gestó desde el 2008 a través de datos reportados por la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, la Contraloría General Interna decidió reservar hasta el año 2019 la información.

El ex Gobernador aseguró que 8 mil millones de pesos de los 33 mil fueron destinados al fortalecimiento de las cadenas productivas de pequeñas y medianas empresas mediante Nacional Financiera (Nafin).

Sin embargo cuando un ciudadano hizo una solicitud de información, número 067800006314 de Infomex, para saber la utilización de los recursos y el número de empresas apoyadas, Nafin también contestó que estaba clasificada como reservada.

El director ejecutivo de la organización Participación Ciudadana Ernesto Gómez Magaña refirió que a cinco años de la salida del Gobernador, las auditorías por la adquisición de la deuda aún son vigente.

“No es un caso cerrado. En ese caso las entidades de fiscalización estatal como federal todavía podrán tener abiertas una serie de auditorías, que podrían terminar en sanción y delimitación de responsabilidades. Son tardados estos procesos pero pueden seguir abiertos”, dijo.

No obstante, Gómez duda que los mecanismos estatales y federales logren detectar más allá que las anomalías cometidas por funcionarios de jerarquía intermedia o baja.

“No es tan fácil que encuentren la responsabilidad de un alto servidor público, porque en su naturaleza van por el funcionario inmediato. Como no tenemos delitos de corrupción las leyes, ni un órgano, pues darles a los peces gordos es muy difícil”.

¿QUÉ SIGUE PARA MOREIRA?

Pese a que el 15 de enero Moreira Valdez fue detenido en el aeropuerto de barajas por la Fiscalía española. El viernes un juez de la Audiencia Nacional le otorgó libertad con restricciones. Al ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se le retiró el pasaporte, por lo que queda prohibida su salida del país.

“El hecho que lo hayan liberado no prejuzga el caso para nada, la investigación ya está armada. A menos que haya otros procesos de los cuales no estemos enterados que lleve esta Fiscalía”, dijo Gilberto Santa Rita.

En un citatorio respecto a las transferencias realizadas a España desde México y que la Fiscalía Anticorrupción de ese país europeo considera que tenían como objetivo blanquear dinero de origen ilícito, Moreira sostuvo que las cantidades tienen procedencia lícita. “Es más, ayer mismo entregaron en el Juzgado las facturas que lo justificarían”, indica el diario El Español.

La investigación incluye también presuntos vínculos del ex Gobernador con el grupo criminal Los Zetas. El medio mencionado reveló que durante el interrogatorio, Moreira, negó cualquier relación con dicho cártel. “Según fuentes presentes en el interrogatorio, Moreira les ha llamado ‘gentuza’ y les ha relacionado con la muerte de su hijo”, citó.

En un principio la Fiscalía pidió prisión incondicional para Moreira, pero ahora con la decisión del Juez tendrá cinco días para presentar un recurso formal, que dejará en manos de una sala superior la vuelta a la prisión o no de Humberto Moreria.

Por los presuntos delitos de lavado de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal, Moreira enfrenta investigaciones que pueden culminar en una pena de cinco a seis años de prisión.

“Como él no tiene nacionalidad española su rango de acción se ve severamente restringido. Si uno no tiene el número de identificación para extranjeros, no puede hacer una serie de operaciones esenciales, como pagar con la tarjeta, o abrir una cuenta”, refirió Santa Rita.

Ahora será el Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional el que decidirá si Humberto Moreira debe ser citado nuevamente o, por el contrario, si se archiva por falta de pruebas.