Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– La vivienda que sirve también como despacho de los abogados de defensa estratégica en Derechos Humanos en Chiapas, Leonel Rivero Rodríguez y Augusto César Sandino Rivero, fue allanada la semana pasada, justo frente a la casa donde habita el Gobernador Manuel Velasco Coello.

Los litigantes, padre e hijo, fueron conocidos por llevar el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez y denunciaron hace unos días a través de Amnistía Internacional (AI) que desde el año pasado son hostigados y amenazados a través de llamadas telefónicas, las agresiones crecieron hasta que desconocidos interrumpieron en su vivienda ubicada en la colonia El Mirador, en Tuxtla Gutiérrez.

“No se llevaron nada, pero dejaron evidencia de que ahí estuvieron: dejaron las luces de la cocina encendidas y las puertas abiertas. Nuestra casa, que usamos como despacho, está ubicada frente a la residencia del Gobernador de Chiapas. No entendemos cómo se metieron, la Casa de Gobierno ocupa toda una manzana, hay caseta de vigilancia, hay guardias de seguridad y nosotros creímos que por vivir donde vivimos estaríamos más seguros”, dijo Augusto César Sandino Rivero en entrevista con SinEmbargo.

Después del allanamiento de morada, los abogados se acercaron a Amnistía Internacional (AI) y se acogieron al Mecanismo para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Amnistía inmediatamente lanzó una alerta el lunes pasado e hizo un llamado a los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam respectivamente, a tomar cartas en el asunto y brindar protección inmediata a los abogados.

Sin embargo, ningún funcionario de las dependencias ha llamado hasta el momento a Leonel Rivero y Augusto Sandino Rivero para ofrecer apoyo o para iniciar una investigación sobre su caso.

“Hace unos días de la alerta que lanzó Amnistía y nadie nos ha llamado, nadie, y yo espero que las autoridades atiendan e investiguen los hechos. Nosotros no nos podemos dedicar a investigar nuestro asunto, porque tenemos mucha carga de trabajo y tenemos que seguir, no nos podemos distraer por otra parte”, dijo Sandino Rivero.

El abogado y activista de causas sociales detalló que las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen lo suyo y son las que se han acercado a brindarles asesoría.

“Amnistía está haciendo lo que le corresponde, pero hay cosas que salen de sus facultades. Ellos cumplen con hacer público lo que nos está pasando, le dan información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero investigar le corresponde a la autoridad”, dijo.

Desde que ocurrió el allanamiento al despacho de los abogados, el gobierno de Chiapas envió una patrulla a resguardar el inmueble y les asignó una escolta a cada uno de ellos.

LOS CASOS DE LEONEL Y SANDINO RIVERO

Amnistía informó en un comunicado que el 17 de enero de Leonel Rivero recibió una llamada de un desconocido que lo amenazó.

“Mira, no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien, ¿verdad? Porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy, ¿verdad? Pero soy algo”, le dijo.

La organización también señaló en varias ocasiones que el abogado recibió mensajes en su buzón de voz con “grabaciones de conversaciones personales que había tenido durante el día en reuniones con clientes, sugiriendo que estaba siendo vigilado y que, quienes le monitoreaban, tenían acceso a su hogar y oficina”.

Sandino Rivero dijo que desconoce cuál de los casos que trabajan en su despacho, es la causa de las amenazas y hostigamiento que reciben desde el año pasado.

Los abogados están a cargo de distintos expendientes relacionados con la violación a los derechos humanos en Chiapas, por ejemplo, el de los dos desaparecidos desde 2007 del Ejército Popular Revolucionario (EPR), de autodefensas de Aquila, Michoacán y a unos maestros acusados de secuestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“No hemos identificado por cuál caso son las amenazas. Puede ser por cualquiera de estos casos”, dijo.

El abogado no descartó que las amenazas sean por represalias debido al caso de Alberto Patishtán, que aunque ya concluyó, lastimó varios intereses.

“El caso de Patishtán ya terminó, pero no lo podemos descartar. En Chiapas hay ciertos intereses de la gente que lo metió a la cárcel y que movieron todo para tenerlo ahí”, dijo Sandino.

Los dos abogados libraron una lucha de varios años para obtener la libertad de Patishtán, la cual se dio en noviembre del año pasado gracias a un indulto presidencial.

Sandino Rivero dijo que esperan que durante los próximos días alguna instancia del gobierno federal se comunique con ellos, debido a que las amenazas son serias y temen por su seguridad.

EL CASO PATISHTÁN

El profesor tzotzil alcanzó su libertad después de permanecer 13 años en el cárcel acusado del asesinato [en el año 2000] de siete policías municipales. En distintas ocasiones sus abogados, familares y organismos internacionales denunciaron que su caso estaba plagado de irregularidades, como la fabricación de testigos y una inadecuada integración del expediente.

Patishtán, de 42 años y padre de dos hijos, es oriundo del empobrecido municipio de El Bosque, situado en el sureño estado de Chiapas donde surgió hace cerca de dos décadas la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a quien también se le intentó ligar.

En septiembre del año pasado había perdido la que parecía la última oportunidad de salir de prisión: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó su condena de 60 años por un delito del que no se había comprobado su responsabilidad.

Sin embargo, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó dos meses después, el 31 de octubre, la Ley de Indulto, con la que Patishtán consiguió salir de la cárcel de “El Amate”, no así limpiar su nombre. “¿Qué significa la libertad? Yo sentí que desde el primer día que llegué a la cárcel estoy libre… estoy libre en conciencia, y ante los ojos de Dios. Si dejo de reír, es un día perdido para mí”, fueron las primeras palabras del profesor al recibir el “perdón” presidencial.

Patishtán vive con un tumor en el cerebro por el que recibe tratamiento de radioterapia y por el que está perdiendo la vista. Sin embargo, ha manifestado que su lucha en defensa de los derechos humanos no se detendrá.