Senadores panistas presentaron formalmente la iniciativa para crear una nueva Secretaría de Seguridad Pública, como la que fue extinta en 2012, cuyas funciones fueron asumidas por Segob. De acuerdo con los legisladores, Gobernación se ha visto rebasada en sus funciones, por lo que se requiere una dependencia que esté concentrada en la seguridad de la nación. La iniciativa llega una semana después de que los líderes de la Coparmex y el CCE se pronunciaran al respecto y exigieran al ejecutivo tomar cartas en el asunto.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Legisladores panistas en el Senado presentaron una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reincorporar la Secretaría de Seguridad Pública, como la que fue extinta en 2012 y cuyas funciones fueron asumidas por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los panistas argumentaron que la Segob se ha visto rebasada en sus funciones, lo cual, acusaron, ha provocado un incremento de violencia en el país; tortura, ejecuciones extrajucidiales, desapariciones forzadas, entre otros problemas.
“Durante los últimos años, la ciudadanía ha vivido preocupada por el aumento de la ola de criminalidad ante un modelo tradicional de actuación policial basado en políticas, estrategias y esquemas fallidos”, señaló el senador Héctor Larios Córdova.
El panista calificó de urgente la creación de la dependencia encargada exclusivamente de atender la seguridad, para no tener “una Secretaría de Gobernación de ocurrencias en la implementación de programas y acciones sin tener un objetivo claro, ya que se crean y eliminan programas para el combate de la inseguridad sin justificación alguna, invirtiendo millones de pesos sin avances o resultados”.
Precisó que el incremento de la percepción de inseguridad es cada vez más elevado, a nivel nacional, alcanza el 73.2 por ciento y en estados como Baja California Sur es del 50 por ciento, en Querétaro del 40 por ciento y en Veracruz del 20 por ciento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE).
Ante esta desconfianza hacia las autoridades, dijo, el costo total en hogares representa 226 mil millones de pesos, es decir, el 1.27 por ciento del PIB, equivalente a 5.861 pesos por persona afectada por la inseguridad. “La inseguridad nos cuesta y nos cuesta mucho “, concluyó.
Entre las atribuciones que propone la iniciativa para la Secretaría están formular, ejecutar y supervisar las políticas, programas y acciones que garanticen la seguridad pública; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal; presidir el Consejo Nacional de Seguridad; nombrar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública los lineamientos del Servicio Profesional de Carrera Policial, entre otras.
EMPRESARIOS PIDEN RECTIFICAR ESTRATEGIA
El pasado 13 de octubre, el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, exigió que la Segob no sea la encargada del combate a la inseguridad y la violencia y que se cree una nueva dependencia enfocada en atender ese problema ante la falta de resultados.
“En Coparmex creemos que es posible superar el desafío del crimen organizado. Los expertos de nuestra confederación, con el apoyo de presidentes y consejeros nacionales proponemos lo siguiente: [Se debe] separar el combate a la inseguridad de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Debemos de reconocer que en materia de seguridad nos equivocamos. El nuevo diseño institucional, que concentró la conducción de la política y la estrategia de seguridad en una sola dependencia fue, sin duda, un error. Es necesario hoy revisar el diseño institucional. Los hechos han demostrado que el país requiere una Secretaría e Seguridad Pública”.
De Hoyos dijo que las empresas mexicanas destinan hasta 110 mil millones de pesos en defenderse de la inseguridad que se vive en el país y recordó que según cifras del Inegi, el año pasado se registraron 33.7 millones de delitos que representan costos de 236 mil millones de pesos cercano al 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Apenas un día antes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, alertó sobre los problemas de corrupción, pobreza, desigualdad, carencias de Estado de derecho y creciente inseguridad en el país y pidió al Gobierno federal reconocer y rectificar las fallas en su estrategia contra el crimen.
Castañón llamó a los tres poderes de la Federación a redoblar esfuerzos y darle celeridad a las reformas y tareas que faltan por discutirse y a las que aún están inconclusas.
Al Presidente Enrique Peña Nieto pidió que “a cuatro años del inicio de su administración, haga junto con la sociedad un análisis oportuno de la estrategia y de los esfuerzos que se han realizado para procurar un México en paz, con el propósito de realizar los ajustes y mejoras que se requieran”. Y aseguró que “es tiempo de fortalecer lo que ha funcionado, reconocer lo que no ha sido exitoso, y acometer lo que falta”.
También instó a los legisladores a proponer una “agenda prioritaria” que incluya la la aprobación de “todo” el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública, “que lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo. Comenzando por la legislación que se requiere para dar certeza jurídica a la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y la legislación de mandos policiacos y su coordinación”.
