Un año después del asesinato de Francisco Pacheco Beltrán, el 25 de abril de 2016 en las inmediaciones de su casa en Taxco, Guerrero, la familia de la víctima acusa que no sólo no han habido avances en la investigación del crimen, sino que ha tenido que desplazarse de la entidad por amenazas que han recibido y ante la falta de mecanismos de protección. La hija de Pacheco dijo a SinEmbargo que sólo acumularon un rosario de promesas incumplidas tanto de la Feadle como de las instancias responsables de atender su situación de víctimas.
Hoy, Reporteros Sin Fronteras advirtió del deterioro que ha sufrido México desde 2002, año en que ocupaba el puesto 75 en su ranking de países menos libre para ejercer el periodismo. Ha caído más de 75 puestos en los últimos quince años. Desde que se elaboró el informe de 2016 en México, donde según RSF impera la corrupción y el crimen organizado a nivel local, han sido asesinados diez periodistas, “con una nueva avalancha de asesinatos en marzo de 2017”.
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El testimonio de lo que escribió en las últimas horas de vida sigue disponible en su página electrónica, www.franciscopacheco.mx: “Una noche de terror es la que se vivió en la zona turística del puerto de Acapulco, por las balaceras registradas en varios puntos de la Costera Miguel Alemán luego de que un grupo armado atacó la sede donde se alojan elementos de la Policía Federal”.
Publicado el 25 de abril de 2016, el reporte cerró una carrera periodística de 20 años ejercida en el Estado de Guerrero y que incluyó, por 18 años, la edición del semanario El Foro de Taxco, impreso desde su vivienda.
Esa mañana, alrededor de las seis, Francisco Pacheco Beltrán, de 49 años y también corresponsal de El Sol de Acapulco, volvía de dejar a una de sus hijas en la central de autobuses de esa ciudad cuando, frente a la puerta de su casa y donde tenía su imprenta, alguien le disparó a quemarropa dos ocasiones en el rostro.
Murió de manera automática, convirtiéndose en el cuarto periodista en ser asesinado en México ese año.
El crimen generó de inmediato la solidaridad de sus compañeros en la región, que ese mismo mediodía se manifestaron en el exterior del Servicio Médico Forense en el que estaba el cadáver para exigir justicia y que no hubiera “ni un periodista más asesinado” en México.
“Trabajadores y directivos de la Organización Editorial Mexicana (OEM) condenan estos hechos violentos y exigen a las autoridades que aceleren las investigaciones para encontrar y castigar a los culpables”, expresó un editorial El Sol de Acapulco.
“En los diversos medios donde colaboraba, Pacheco daba cobertura a las fuentes policiaca, política local y de turismo, siendo particularmente crítico de la gestión actual de Omar Jalil Flores, Presidente Municipal de Taxco”, agregó un comunicado de la organización internacional PEN, que también exigió desde entonces se investigara el trabajo periodístico como móvil del crimen.
Un año después, sin embargo, el asesinato no sólo sigue impune y la investigación sin vincularlo con el trabajo periodístico, sino que su viuda y sus tres hijos debieron abandonar el Estado de Guerrero ante hechos de intimidación por parte de personas desconocidas. Y, como en otros casos, de acuerdo con lo expuesto a este medio, acumularon un rosario de promesas incumplidas tanto por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle, dependiente de la Procuraduría General de la República) como por las instancias responsables de atender su situación de víctimas.
“Mi mamá preguntó [al agente del ministerio público de la Feadle] que qué tenían de la investigación y dijo que no tenían nada, que la gente no quiere hablar, que nadie dice nada, que los vecinos no vieron y que no tenían nada, y que iban a regresar en enero (era como el 15 de diciembre) y que nos veíamos para hablar de la investigación. Es abril y no hemos sabido de la Fiscalía”, dice una de las hijas de Pacheco Beltrán, de 25 años, y quien pidió omitir su nombre por motivos de seguridad.
“Y luego de la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y que cuenta con recursos económicos para los afectados del delito] ni del Mecanismo [de Protección a Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación], no nos han llamado […]”, agrega la familiar.
El abandono de las instituciones mencionadas hacia el caso de Pacheco Beltrán, denuncia su hija, contrasta con los ofrecimientos hechos en los días posteriores al crimen, cuando hasta Taxco acudieron los titulares tanto de la Feadle, Ricardo Nájera Herrera, como el entonces titular la CEAV, Julio Hernández Barros, para “expresarnos sus condolencias, su apoyo, decir que era un hecho que iban a investigar, que nos iban a dar todas las facilidades; ya sabe: ese acto político, y dijimos que sí”.
Dentro de lo primero que pidieron estuvieron las medidas de seguridad, proporcionadas por la CEAV a través de un oficio a la Policía Federal que asignó una unidad al exterior de la vivienda y escena del crimen.
La vigilancia, sin embargo, resultó insuficiente y, por dos noches, escucharon y observaron la presencia de desconocidos en los alrededores; uno de ellos cortando el cartucho de un arma a un lado de la puerta principal.
“Teníamos ya un número del Mecanismo, y empiezo a marcar al mecanismo, pero nadie me contesta, y nos quedamos como en shock”, dice la familiar entrevistada.
“Llamo al Mecanismo y nada; llamo a la CEAV y me dicen que iban a tratar de contactar a alguien; tenía un correo y le mando un mensaje a esta persona, diciéndole los acontecimientos y que necesitaba seguridad, porque no nos queríamos desplazar, que necesitábamos apoyo; también mandé al Mecanismo unas fotos diciendo que necesitábamos seguridad. Nunca contestaron ni el correo ni el teléfono”, agrega.
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Era 4 de mayo de 2016 y el inicio del desplazamiento de los deudos del periodista asesinado. Después de escuchar a las personas armadas, la hija entrevistada decidió avisar a sus dos hermanos, que se encontraban en el Estado de México, para que no volvieran a Guerrero.
Y, el día 7, ella misma recibió en la tienda de abarrotes que tenía la familia –contigua a la imprenta– la advertencia de una persona del sexo masculino: “Dijo que llevaba un recado, que era mejor que nos fuéramos, que dejáramos de buscar, que ‘el que busca encuentra’; fue en cuestión de dos minutos”, dice.
“Yo cerré la tienda; cierro el negocio y me voy a la casa. Le digo a mi mamá lo que pasó y tomamos la decisión de irnos. Era el 7 en la noche, como a las ocho. Avisé al Ministerio Público de la Feadle; le avisé al comisionado Julio (de CEAV), que nosotros nos queríamos desplazar, que el Mecanismo no me contestaba y que no teníamos salarios, y me dice que sí, que nos apoyan con una mudanza, que iban a ver si nos daban seguridad, y que esperara, que me iban a llamar al otro día, pero no llamaron; luego el lunes nadie nos llamó, y lo que hicimos fue contratar una mudanza y tomamos lo necesario, ropa, el refrigerador y algunas cosas de despensa y ya, nos fuimos ese día, el 10 de mayo”, dice.
“QUE SE INVESTIGUE SU TRABAJO PERIODISTICO”
El contacto con el Gobierno federal se mantuvo en los meses siguientes sólo a instancias de la familia, y casi sólo a través del Mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Le notifiqué al comisionado (de CEAV); le mandé un mensaje, y nunca contestó (…) No vuelvo a saber del Ministerio Público hasta diciembre, desde mayo”, denuncia la persona entrevistada.
En agosto, más de tres meses después del crimen, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas escucha finalmente el relato de la familia, ya desplazada, y les asigna botones de pánico, asistencia sicológica y cámaras de seguridad.
“Cuando nos tocó el turno había gente de la Policía Federal, la Feadle, Derechos Humanos, y nos piden que presentemos, y contamos todo esto: que no sabíamos quién había sido, que estábamos solos”, cuenta la entrevistada.
“Dijimos todo esto, y empiezan, ya sabe, a preguntar, que si fue su labor periodística, y decimos que sí, que para nosotros es la principal línea. Y les digo que siento que el Ministerio Público no estaba haciendo su trabajo, que no tenía avances en la investigación, y que, por tanto, decía que hacía como que trabajaba para que el Fiscal fuera y saliera en los medios diciendo que nos apoyaban. Obviamente, se me acercó el fiscal Nájera y me dijo que fuera a ver la investigación, que me daban copia del expediente”, agrega.
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Nada volvió a saber de la Feadle sino hasta diciembre pasado, cuando ella llamó para preguntar por las pertenencias de su padre, como su computadora y el teléfono, y el agente asignado al caso, Yarel Bonilla, le confirmó que seguía sin avances y sin establecer una relación entre el crimen y el trabajo periodístico de Pacheco Beltrán.
Para la familia no hay duda de que se debe investigar el trabajo periodístico como probable móvil, sobre todo por la cobertura de temas políticos que, advierten, era el tema de especialización de la víctima.
“Nosotros consideramos que fue una cuestión política, porque su línea de investigación era esa área: el área política. Pero él siempre se documentaba, a través de transparencia, por el área de acceso a la información”, dice la hija.
“Días antes había pedido por transparencia y había sacado unas notas sobre un desvío de recursos; habían aparecido unos espectaculares en Acapulco del Presidente Municipal, donde decía que se habían gastado en esos espectaculares, de cuanto habían gastado. Él sacaba del Ayuntamiento, del Congreso; sí sacaba notas rojas y acudía al lugar de los hechos, tomaba fotografías y editaba, pero su línea periodística más fuerte era esta parte de la política”, agrega.
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El sitio electrónico del periódico –cuya publicación fue reanudada por sus hijos– mantiene aún, como su página personal, el contenido del trabajo de la víctima.
“El Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y el de Desarrollo Social, José Antonio Meade, se dieron un baño de pueblo en el anuncio del programa de acciones por un desarrollo social con igualdad”, dice en su última columna en El Foro, titulada “Desesperación federal” y publicada el 12 de abril de 2016.
“¿Por qué Iguala?, en 22 meses el Gobierno federal ha cargado con el reclamo sobre todo desde el exterior para que se esclarezca el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en esa ciudad del norte de Guerrero”, agrega el texto.
Por eso, insiste la familia, “solicitamos que sea su trabajo periodístico su principal línea de investigación”.
Este medio envió solicitudes de información sobre el caso denunciado a la Feadle, la CEAV y el Mecanismo de Gobernación, pero no fueron respondidas.
