Por Ariadna Ortega y Shaila Rosagel

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– Integrantes de la Asamblea Nacional Popular (ANP) y los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace seis meses, solicitaron a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en su carácter de ciudadanos y agraviados, que consideren la evaluación de las elecciones en Guerrero el próximo 7 de junio, debido a que se realizarán en un escenario de guerra y no en el de una democracia.

En el documento que entregaron el día de ayer al Consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, y a los consejeros Ciro Murayama, Pamela San Martín, Arturo Sánchez, Marco Antonio Baños y Enrique Andrade, así como al Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, los padres expusieron que debido a la vulneración y violación de los derechos humanos de los ciudadanos, no sólo en Guerrero sino en otros estados como Michoacán y Oaxaca, se pone en tela de juicio el proceso electoral “al grado que en algunas partes de nuestro país sólo se podrá operar dicho proceso en condiciones de guerra con el Ejército y las policías de todo tipo en las calles”, lo que por ende deslegitima por sí solo un proceso fundamentalmente ciudadano.

Aseguraron que dado que el sistema político y de partidos, además de los poderes públicos, son los principales responsables de la situación en Guerrero, cualquier tipo de elección es una acción dolosa que no resolverá la crisis social, política y de credibilidad en los gobiernos.

Por lo que entre sus peticiones consideran que se abra el proceso electoral a la participación organizada y directa del pueblo sin importar si son o no de un partido, en el que el pueblo propone y el pueblo elige a los candidatos en una verdadera democracia sin simulación.

También expusieron que, debido a que los partidos fallaron, éstos no pueden participar en el procesos que ellos mismos vulneraron, y por tanto sugirieron elegir a sus representantes bajo el régimen de usos y costumbres o con el nombramiento de Consejos Populares Municipales, en los que personas de alta calidad moral participen a través de las asambleas populares. En  los lugares donde no se pueda plantear esta figura por la crisis social, recomendaron que sea un consejo ciudadano conformado por gente reconocida por las comunidades y municipios el que dirija.

En la reunión, publicó el INE en un comunicado, los consejeros explicaron que entre más de 10 y medio millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral cuatro de los estudiantes desaparecidos resultaron seleccionados para fungir como funcionarios de casilla, pero que el órgano electoral no los puede dar de baja porque no consta su fallecimiento.

“Para el INE siguen siendo ciudadanos con derechos políticos plenos”, expuso el Instituto.

Al finalizar el encuentro, Melitón Ortega dio a conocer que será hasta después del 4 de abril cuando reciban respuesta a sus peticiones, pero que de antemano saben que será negativa.

Al respecto refirió que el peor escenario es que empiecen a olvidar el caso de Ayotzinapa, pero que ellos continuarán con su lucha.

“Nosotros seguimos con el planteamiento de que debe presentarse con vida a los 43. Éstas son nuestras demandas: castigo a los responsables, esclarecimiento de los hechos y justicia. Decimos que no pueden llevarse a cabo [las elecciones] porque no se ha resuelto el caso”, dijo.

ESTO NO SE OLVIDA, DICEN PADRES AL GOBIERNO
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace seis meses lanzaron ayer una consigna al gobierno federal: no olvidan y no cederán.

“Se equivoca el gobierno si cree que esto ya se olvidó, se equivoca si piensa que con la represión vamos a ceder. Vamos a seguir adelante hasta encontrar a nuestros hijos. Ellos planearon un plan bien orquestado, con una hipótesis que se les cayó a pedazos”, dijo Marco Flores, padre de uno de los normalistas.

Ayer, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre pasado, marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución y luego, en un mitin, acusaron al gobierno del Enrique Peña Nieto de “encubrir a los políticos involucrados” y al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero.

“Encubre al ex Gobernador y al Ejército, porque ellos tuvieron que ver en la desaparición de nuestros hijos”, insistió Flores.

Los padres en el mitin aseguraron que no se cansarán de buscar a sus hijos, cuando se cumplen 180 días de las movilizaciones.

“Esto nos ha roto el corazón, pero los padres seguiremos en la lucha, vamos a continuar hasta encontrar la verdad”, afirmó Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres de los jóvenes.

Los familiares demandaron que no se realicen elecciones en Guerrero este año y que la Procuraduría General de la República (PGR) reclasifique el caso de sus hijos como “desaparición forzada”.

Ortega leyó una propuesta en la que los padres de los normalistas exigen poder elegir a sus representantes a través de sus usos y costumbres, así como consejos ciudadanos.

Epifanio Álvarez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, añadió que el gobierno no los parará.

“A seis meses de la desaparición, aquí estamos con la misma fuerza y desesperación, porque son nuestros hijos no son animales. Este pinche gobierno nos tiene llenos de odio. Yo daría mi vida para que él [su hijo] viniera aquí; tanto trabajo que cuesta sacar adelante a los hijos, para esto”, dijo.

El padre de Jorge Álvarez Nava indicó que los familiares no aceptan “la verdad histórica” del gobierno federal.

Bernabé de la Cruz, padre de Alán de la Cruz, lamentó que el Instituto Nacional Electoral [INE] requiriera a su hijo para participar en las elecciones como representante de casilla. “Un día llegaron los del INE buscando a mi hijo para que estuviera en una casilla. Nosotros les dijimos que a mi hijo lo desaparecieron”, recordó.

El padre del normalista agregó: “no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos, si el gobierno se cansa, que se vaya como Murillo Karam”.

María Elena Guerrero Vázquez, madre de uno de los jóvenes, pidió a la sociedad mexicana apoyo hasta encontrar a sus hijos.

“El dolor de madre ya se me volvió furia contra este gobierno. No tenemos miedo. Les pedimos que sigamos luchando, que no nos dejen solos, que luchemos para encontrar a nuestros hijos”, dijo.

La marcha inició poco antes de las 5:00 de la tarde, la manifestación fue encabezada por los padres de los jóvenes que mes con mes han acudido a la capital para marchar junto con organizaciones como el Frente Popular Francisco Villa.

Melitón dijo en la caminata que “a seis meses de la tortura, seguimos aquí. A pesar de que el gobierno ha querido callar a los padres, nosotros vamos a seguir saliendo a las calles para decirle al pueblo de México que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir”.

El padre también afirmó que el gobierno se dedica a insultar a los padres de familia “diciéndonos que superemos el dolor”.

Acompañados por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), a lo largo de la marcha se escucharon consignas como: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y el conteo tradicional del 1 al 43 para finalizar con el grito de “¡Justicia!”.

Alrededor de las 17:30 horas la vanguardia arribó al Monumento a la Revolución donde los espera un templete para comenzar con el mitin.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) informó en un reporte preliminar que no se registraron incidentes de gravedad en el transcurso de la marcha.

LA PGR DEFIENDE INVESTIGACIÓN

Momentos antes de que comenzara la marcha de protesta por los seis meses de la desaparición de los 43 normalistas, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que reitera que ha realizado una investigación “transparente, exhaustiva y apegada a derecho”.

La dependencia a cargo de Arely Gómez González dijo que no ha “cesado en su compromiso por detener al resto de los probables responsables de estos hechos y ponerlos a disposición de la justicia”.

El anterior Procurador, Jesús Murillo Karam, habló de una “verdad histórica” que ahora es defendida en el nuevo comunicado, con nueva Procuradora.

Hasta el momento hay 25 averiguaciones previas sobre el caso, dijo. También especificó que 104 personas han sido detenidas, 48 de ellas pertenecientes a la Policía Municipal de Iguala, 16 a la Policía Municipal de Cocula y 40 civiles vinculados a “una organización delictiva con presencia en el estado de Guerrero”, sin especificar el nombre.

La dependencia dijo que los 104 individuos se les ha dictado auto de formal prisión por los delitos de homicidio, secuestro, delincuencia organizada derivado de los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en los municipios de Iguala y Cocula.

Con estos hechos, dice, se “demuestra el compromiso de esta Procuraduría General de la República, por sancionar de manera contundente estas conductas delictivas”.

Respecto al delito de desaparición forzada, la PGR dice que “se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, siendo que los agravios expuestos por esta Representación Social están ya siendo valorados por la autoridad juridisdiccional”.

La PGR también especifica que aún tiene pendientes nueve órdenes por cumplimentar.

Hasta el momento, la dependencia ha recabado 415 declaraciones ministeriales, 510 dictámenes periciales en cerca de 26 especialidades y con autorización judicial se ha extraído información de 93 equipos de comunicación.

Sobre la investigación que realiza al Universidad de Innsbruck en Austria en los restos óseos encontrados en el río San Juan, provenientes del basurero de Cocula, la PGR espera los resultados del tercer estudio de ADN (método secuencial) por un método diferente.

“La Procuraduría General de la República, ha apoyado y reconoce el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario, en atención al acuerdo de asistencia técnica suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Finalmente, la dependencia afirma que a seis meses “las instituciones del Gobierno de la República, no han cesado en su compromiso por detener al resto de los probables responsables de estos hechos y ponerlos a disposición de la justicia”.