La frustración de los mexicanos, al menos en el actual sexenio, empezó cuando los ciudadanos se dieron cuenta que quedaban sin castigo los casos de corrupción y conflicto de interés cometidos por la cúpula en el poder. La desconfianza se aumentó ante la poca disposición que mostraron las autoridades para establecer un Sistema Nacional Anticorrupción que obligara a los funcionarios públicas a transparentarse. En un artículado publicado por la revista Foreign Affairs, Ducan Wood, director del Instituto Sobre México del Woodrow Wilson Center, señala que aunque el Gobierno ha mostrado cierta disposición para erradicar estas prácticas, sus bajos índices de aceptación no ayudan.

Ciudad de México, 28 de junio (sin embargo).– La desconfianza de los mexicanos hacia el actual Gobierno federal se debe a los casos de corrupción y conflictos de interés en los que miembros del Gabinete y hasta el propio Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera Hurtado, se han visto involucrados.

Aunado a eso la poca disposición para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNS) y aprobar como se había acordado en un principio con organizaciones civiles propuestas como la Ley 3de3, tiene a esta administración priista con bajos índices de popularidad.

La frustración de los mexicanos con el Gobierno “no es nada nuevo”, publica Duncan Wood, director del Instituto Sobre México del Woodrow Wilson Center, en la revista Foreign Affairs; sostiene que la corrupción ha socavado el desarrollo del país.

En abril de este año, el diario Reforma  reveló en su última encuesta que el nivel de aceptación del Presidente Enrique Peña Nieto cayó 9 puntos porcentuales en el último cuatrimestre, consiguiendo apenas el 30 por ciento de aprobación entre los ciudadanos, un nivel nunca antes registrado por un Mandatario.

El sondeo, aplicado del 7 al 10 de abril a mil 200 adultos de todo el país, refiere que las tasas de desaprobación de Enrique Peña Nieto son las más altas registradas en la serie realizada por ese medio, la cual inició en 1995.

El estudio muestra que el manejo de la economía, el empleo y el combate a la pobreza, son los rubros en los que peor es evaluado el Presidente mexicano, “lo cual denota un fuerte desgaste de la percepción ciudadana respecto a la temática económica”.

Señala que a México la corrupción le cuesta cada año más del dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “reduce la inversión un cinco por ciento y elimina 480 mil puestos de trabajo de las pequeñas y medianas empresas”.

Wood publica que el Gobierno mexicano ha actuado sobre el tema de la corrupción con las reformas financieras que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, abordó desde 2012.

Y con la Reforma Constitucional para crear el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que estableció el Presidente Peña Nieto, el cual “implementa castigos más fuertes para las prácticas corruptas”, dice.

Agregó que “en los últimos años, el Gobierno finalmente ha comenzado a reconocer la magnitud del problema y sus costos, tanto económicos como políticos”, después de haber sido “atacado” por acusaciones de conflicto de interés relacionados con la constructora Grupo Higa, la cual ha obtenido importantes contratos de obra pública desde que Peña Nieto era Gobernador del Estado de México.

VIDEGARAY NO ES EL MEJOR MENSAJERO

Los bajos índices de aceptación que tiene el actual Gobierno priista son un factor que preocupa a sus principales actores. Duncan Wood cita a Luis Videgaray quien señaló que las reformas estructurales realizadas durante el inicio de la administración no darán resultados si el Gobierno ni encuentra una manera de mejorar la confianza en las instituciones federales.

“Podemos hacer diez reformas energéticas, pero si no añadimos la confianza, no vamos a aprovechar todo el potencial de la economía Mexicana”, dijo Videgaray el 16 de febrero de 2015.

Sin embargo, dice que el titular de la Secretaría de Hacienda “no puede ser el mensajero más convincente, ya que él se ha enfrentado a acusaciones de corrupción. Y el Gobierno aún tiene que pasar muchas reformas serias en esta área”.

Ante las escasas propuestas por parte del Gobierno para resolver los problemas de la corrupción en el país, en 2015, un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil crearon la propuesta Ley 3de3.

La propuesta establece que los políticos entreguen de manera voluntaria una declaración patrimonial, de intereses y de su información fiscal. Además de la prueba de que hicieron el pago de impuestos del año anterior.

Wood señala que a pesar de la atención que la propuesta recibió de los medios de comunicación, “no pudo ganar una atracción real de los políticos”. Sin embargo, dice Wood, el movimiento 3de3 se negó a desaparecer de la noche a la mañana.

Este año fue presentada ante el Congreso de la Unión la iniciativa que requiere que cada servidor público presente las mismas declaraciones ante las autoridades, también propone prohibir que las personas que no realicen su declaración no puedan ejercer un cargo público e impone duras sanciones contra los políticos que se involucren en prácticas corruptas.

La Ley 3de3 presentó una legislación al Congreso mediante la reforma Constitucional del año 2012 que “exige al legislador a considerar cualquier petición ciudadana que recoge firmas de 0.13 por ciento del electorado”.

Duncan Wood señala que en 2015 el movimiento se puso una meta de 108 mil firmas, pero al momento de ser presentada en el Congreso, la Ley 3de3 había acumulado mas de 634 mil firmas “haciendo hincapié en la fuerza de apoyo público para el proyecto de ley”. Obteniendo también el apoyo de grupos empresariales, aumentado la presión sobre los principales partidos políticos.

El Congreso y el Gobierno federal invitaron a los representantes del movimiento a participar en las sesiones legislativas, sin embargo, fue necesario un periodo extraordinario para llegar a un acuerdo.

La legislación origina de la Ley 3de3 fue rechazada, “pero una versión modificada más tarde fue aprobada en ambas cámaras, convirtiéndose en la Ley de Responsabilidades Administrativas”.

Para Wood, el proceso detrás de la legislación representa un desarrollo más profundo de la democracia mexicana.

“Por primera vez en la historia de México, la sociedad civil ha jugado un papel activo en la elaboración de una pieza importante de la legislación. La colaboración entre la sociedad civil y el Congreso mejoró la calidad de la legislación final, pero lo más importante, que muestra el camino a seguir para la clase política de México y le dio una forma de reconstruir la confianza pública. La legislación contra la corrupción 3de3 podría sentar un precedente para hacer frente a algunos de los problemas más grandes de México”, dijo el director del Instituto Sobre México del Wilson Center.

La Ley de Responsabilidades Administrativas fue aprobada el 17 de junio pasado, dejando a algunas instituciones que participaron en la Ley 3de3, como México Evalúa y el Instituto Mexicana para la Competitividad (IMCO),con un sabor de “venganza” por parte del Senado contra los ciudadanos.

“El artículo 32 se metió sin discusión previa ni aviso y establece que toda persona física o moral que reciba recursos públicos tengan que presentar” su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. “Tiene sabor a venganza”, aseveró Jaime, quien participó en la elaboración de la iniciativa.

Con esta modificación de última hora, se “pasa el costo” al ciudadano que recibe recursos, por ejemplo a través de un contrato o una beca, porque deberá hacer las tres declaraciones.

Controlar todos estos datos será, además, “difícil de operar”, agregó la experta, quien insistió en que esta decisión hay “un tufo de revancha”.

CONSULTAS NECESARIAS

Agrega que el Congreso podría realizar consultas públicas similares a la 3de3 como en la Reforma de Seguridad, la protección de los consumidores, la política de la lucha contra la discriminación, la Reforma Educativa, “como una forma de aumentar la inclusión en el funcionamiento de la democracia mexicana”.

Según Wood, estas consultas le darían a los mexicanos una participación más importante en el proceso legislativo y para las elites políticas del país “dan la oportunidad para fortalecer la confianza pública y para legitimar su papel, sobre todo cuando la reelección se convierte en una realidad para los legisladores mexicanos después de 2018”.

Por otra parte, asegura que el “experimento 3de3” no resolverá la corrupción en el país, sí es un paso importante, dice, que a pesar de la incomodidad que la legislación generó en la clase política “la presión pública continúa la construcción del cambio”.

“Esta presión no cambiará a México durante la noche o pronto. Pero en el largo plazo, representa la mejor oportunidad de hacer frente a los problemas actuales del país”, finaliza.