Lima, 28 nov (dpa) – Protección para las comunidades indígenas, títulos para proteger sus tierras y un poco de atención por parte del Estado era lo que pedía el dirigente de la comunidad indígena asháninka Edwin Chota antes de ser asesinado en septiembre en la selva del Perú, presumiblemente por madereros informales.
“Sentimos un vacío de las instituciones del gobierno peruano. No tenemos protección y que nos capaciten para defendernos es un riesgo de vida para nosotros mismos porque esos madereros tienen armamentos, tienen todo y nunca nos van hacer caso”, decía Chota en videos que aún se pueden ver hoy en Internet.
El dirigente y tres de sus vecinos pagaron con la vida el proteger sus tierras ante la ausencia de respuesta por parte del Estado y la corrupción y la negligencia que deben afrontar día a día para que sus pedidos como ancestrales pobladores de la Amazonía sean escuchados.
Para aquellos interesados en la defensa del planeta, Chota se ha convertido en un héroe. Su figura modesta resplandece en el país en momentos en que Lima se apresta para ser anfitriona, desde el lunes y por 12 días, de la COP20, la reunión que por encargo de las Naciones Unidas junta a miles de representantes de 194 países para hablar del cambio climático y sus causas, entre ellas la deforestación.
El periodista, escritor y representante de la asociación indígena Chirapaq Roger Rumrril afirmó que la tala ilegal en la Amazonía llegó entre 2001 y 2010 a 1,5 millones de hectáreas.
“La demanda fundamental de los pueblos indígenas de la Amazonía es la titulación de sus tierras. En este momento hay en la Amazonía unas 1.350 comunidades indígenas y de ese total 613 aún no cuentan con títulos para sus tierras. De continuar así, seguirán amenazadas por extractores ilegales, narcotraficantes y por la política extractiva del Estado”, sostuvo Rumrril en diálogo con dpa.
El experto destacó que el gobierno central cometió muchos errores en el sistema forestal, uno de ellos transferir los sistemas de titulación a los gobiernos regionales sin haber precisado los ámbitos y las normas que traen como consecuencia un tráfico ilegal de títulos en complicidad con funcionarios de las administraciones locales.
Un estudio del Banco Mundial documentó que hasta un 80 por ciento de las exportaciones de maderas peruanas, cuyos destino son China, Estados Unidos y México, se producen con documentación falsa
Los asháninkas, que viven en el departamento de Ucayali, cerca de la frontera con Brasil, son víctimas directas de tales prácticas. El fiscal especializado en Materia Ambiental Francisco Berrospi, que tiene evidencia de que los madereros ilegales pagan a funcionarios regionales por títulos, reveló que incluso a él le ofrecieron 5.000 dólares para detener las investigaciones que hace al respecto.
Para Rumrill, la problemática que viven los pueblos indígenas no tiene que ver con la ausencia de leyes, sino con la desidia y el desinterés del gobierno central para respetarlas y dar solución a un problema que tiene décadas. “Existen leyes que protegen a las comunidades indígenas; El problema no es legal, si no que el Estado no lo ejecuta”, resumió.
“El gobierno estaría solucionando el problema y neutralizando cualquier problema de violencia si empieza por titular todos los territorios indígenas de las 613 comunidades. No basta con detener a los culpables (del asesinato de Chota), ya que el principal problema quedaría irresuelto”, acotó Rumrril.
La deforestación de pulmones planetarios como la Amazonía es una de las causas del cambio climático que preocupa a la humanidad. Chota acudió a todas las instancias posibles para denunciar lo que ocurría y en ninguna lo escucharon, hasta que los madereros ilegales procedieron a silenciarlo a su manera.
