Tierra Blanca, Papantla y Soledad de Doblado son algunos los municipios veracruzanos que ha cobrado notoriedad la prensa por los secuestros o desapariciones masivas de jóvenes. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas engloba 706 denuncias en el estado de Veracruz, de las cuales el 53.39 por ciento corresponden a personas menores de 30 años en calidad de no localizados. Activistas señalan que detrás de estas desapariciones podría estar el crimen organizado, que los estaría obligando a trabajar para ellos.

Por Ignacio Carvajal

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo/BlogExpediente).– El incremento denuncias por desaparición de jóvenes veracruzanos durante todo el 2016, pone en relieve la posibilidad del reclutamiento forzado para que las víctimas realicen diversas actividades ilegales por debajo de una cadena de mando criminal, así lo consideran defensores de los derechos humanos e integrantes de colectivos de familiares en búsqueda de desaparecidos al reflexionar sobre los últimos casos que han generado indignación, como el de los cinco de Tierra Blanca, los de Papantla, el de Génesis Urrutia y ahora otros diez chicos reportados como ausentes, entre sábado y lunes, en Soledad de Doblado y Veracruz.

Tan sólo el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas engloba 706 denuncias para el estado de Veracruz, de las cuales el 53.39 por ciento corresponden a personas menores de 30 años en calidad de no localizados.

Primero fueron las ejecuciones o cruentas balaceras entre fuerzas armadas y delincuentes que no pasaban de los 30 años. Hoy los jóvenes veracruzanos están en la mira de los cárteles, ya sea para mano de obra o carne de cañón.

Es una realidad, dice Josefina Castrejón Holguín, directora de la Fundación Matraca, de Xalapa, que desde hace 25 años da acompañamiento a niños trabajadores y en situación de calle.

La desaparición en Veracruz “sí se relaciona con reclutamiento forzado, evidentemente así han sido las prácticas”, apunta, la juventud de Veracruz “está siendo arrasada. Ser joven, pareciera, es un riesgo, más cuando estos casos son dirigidos a un sector no propiamente vinculado con delincuentes”.

“Hay preocupación de la autoridades, según ellos, por bajar los crímenes de violencia, pero la realidad, nosotros que trabajamos con grupos en situación de calle, vemos que las autoridades tapan y no dicen la situación real”, señala.

Lucía Díaz Genao, integrante del colectivo Solecito de Veracruz, dijo que pensar en la desaparición de menores de 30 años, como parte de un reclutamiento forzado, “sí es una opción. Ojalá no sea esa la realidad, pero sí se piensa”. Incluso, entre compañeras del colectivo “es generalizado el comentario de que sus hijos posiblemente estén trabajando bajo amenaza en otros estados, creemos que es una posibilidad real, porque ya se ha visto en Coahuila y Tamaulipas”.

El colectivo Solecito cobró notoriedad a nivel nacional e internacional por el hallazgo de las fosas colectivas en Colinas de Santa Fe, a unos minutos del puerto de Veracruz, y de las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, que ostenta el Mando coordinado para las labores de seguridad en el puerto. Dice Lucía Díaz que hasta el momento, en ese predio se han localizado 105 puntos positivos para fosas clandestinas, con la ayuda de la Policía Científica, se han procesado 37 puntos de los que han exhumado unas 85 víctimas.

“Mucha de la ropa que hemos encontrado en ese lugar, corresponde a jóvenes, no quiero decir que la mayoría sean jóvenes, pero son muchos, destacan mucho las prendas de chicos y chicas”, matizó.

A juzgar del estado de los cadáveres encontrados en ese entierro, se trata de víctimas que pudieron haber sido sustraídas con violencia entre finales del 2010 y el 2013, periodo en el que se registra el mayor número de denuncias por personas ausentes en la zona conurbada Veracruz Boca del Río y municipios aledaños.

De Colinas de Santa Fe, a sólo unos 60 kilómetros al sur, siguiendo por la red de carreteras y autopistas que intercomunican a este terreno, se ubica el rancho El Limón, de Tlalixcoyan, último destino de las cinco víctimas de la Policía estatal que fueron detenidas de manera ilegal en enero pasado, cuando cruzaban por Tierra Blanca. Se trata de cinco chicos de Playa Vicente que después de ser detenidos por la policía, los gendarmes los entregaron a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyos integrantes les dieron muerte, y posteriormente deshicieron sus restos empleando un molino de triturar caña de azúcar.

Ese caso dejó al descubierto por lo menos otras 80 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en municipios colindantes con Tierra Blanca y sobre la línea fronteriza con Oaxaca, una de las regiones más violentas de Veracruz. Los padres y madres de esos ausentes, aprovecharon la presencia del sub secretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,

Roberto Campa Cifrián, para exponer la cacería contra jóvenes y personas en edad productiva.

Por el tema Tierra Blanca, las autoridades detuvieron a 19 presuntos implicados, ocho son ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y once civiles, quienes son Luis Delfino Alcaraz López, José Dolores Zetina Robles, José de Jesús Padilla Barajas, Odín Acevedo Muñoz, Cristian Guevara Gordillo, Enrique Saldaña García, Ismael López Mendoza, Bernardo Velásquez Borbón, Manuel Razón Cerda, Adolfo Velásquez Ramírez y Miguel o Manuel Saldaña García, alías el Kramer. La mayoría son menores de 30 años.

Rubén Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien ha realizado constantes giras de trabajo en el territorio veracruzano, y de Tamaulipas, también consideró la posibilidad de que las agresiones contra chicos veracruzanos, tenga que ver con un proceso de reclutamiento forzado, en donde cabe la posibilidad de que las víctimas hayan ingresado bajo amenazas a colaborar con la delincuencia, o que por no hacerlo, sufran las represalias.

A su consideración, “cuando el crimen organizado se asienta en un punto, requiere de diversos tipos de mano de obra, hay que recordar que en Tamaulipas, desaparecen ingenieros, doctores, ya ha pasado, y se los llevan para que asuman ciertas funciones en sus grupos, siempre bajo amenaza o causándoles daño”.

“Viendo la magnitud de lo que pasa en Veracruz, podría estarse dando este fenómeno” con la juventud, como ha ocurrido en Guerrero y Michoacán.

Explicó que constantemente el territorio veracruzano es cruzado por migrantes hondureños que abandona su país huyendo de la pobreza, el desempleo y la violencia, especialmente son los jóvenes quienes se salen del país por las amenazas de las pandillas que los reclutan por la fuerza, y si no colaboran, sufren agresiones, incluso, la muerte. Ante la indolencia de las autoridades, y el avasallante crecimiento de las mafias en Veracruz, “no veo muy lejano este escenario para el estado”.

“Es visible que el crimen organizado en Veracruz ya puso en la mira a los jóvenes, van sobre la juventud, la tienen en la mira, y con una violencia desmedida”, reiteró.

Araceli Salcedo, de Familiares de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, dijo que la cacería con fines de ponerlos a trabajar bajo las órdenes de la mafia, “no es de ahora, es un problema que el Gobierno siempre ha minimizado, es de años atrás. Nos siguen pegando a las familias, desmembrándolas, no hay un poder humano capaz de parar esto. No hay un sólo político con compromiso y voluntad con interés para evitar que se sigan llevando a nuestros familiares.

Hay reclutamiento forzado, reconoce la activista con una hija desaparecida en Córdoba, pero también se da la violencia contra la juventud para “sembrarnos y sembrarles el terror, como se dio con Génesis Urrutia y los otros chicos. Y para variar, el gobierno los criminaliza. Acá estamos, sin ayuda de nadie, en un estado donde la misma gente es insensible al dolor”.

Lamentablemente en el estado no hay políticas públicas enfocadas a la protección de ese sector vulnerable, y quedan a merced de las organizaciones delictivas, las leyes existentes, dice Josefina Castrejón, directora de Matraca, existen pero no son aplicadas para salvaguardar a los sectores vulnerables.

A los jóvenes “les damos información de cómo protegerse en una situación de violencia. La verdad, están complicado que ni ellos saben para donde correr. Tienen que estar en comunicación con amigos, con familia, con la misma banda para no perderse de vista, pero la verdad, creo que el estado de Veracruz estamos rebasados en ese sentido”.