Miguel Jardines, activista del Movimiento Amplio Social Sinaloense, afirmó que pidieron apoyo a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la entidad, una organización civil independiente, a fin de solicitar medidas cautelares para las personas que recibieron las amenazas, pues en este momento temen por sus vidas.
Sinaloa/Ciudad de México, 30 de mayo (Noroeste/SinEmbargo).- No cede la violencia en la zona minera de Pánuco. Según informes del Movimiento Amplio Social Sinaloense, siete familias de esta comunidad fueron amenazadas por un grupo armado que mantiene operaciones en esa región.
Las advertencias las recibieron desde este lunes, dándoles de plazo hasta este martes para salirse de sus casas.
Atemorizadas, recurrieron al Alcalde interino de Concordia, Jesús Trinidad Osuna, quien envió dos patrullas a Pánuco con el fin de que las personas agredidas pudieran salir del pueblo.
Sin embargo, los agredidos tuvieron temor de que la policía estuviera coludida con los delincuentes y se negaron a subir, declaró Miguel Jardines, activista del movimiento mencionado y que ha acompañado a personas desplazadas de la sierra de Concordia desde mediados del año pasado, cuando se arreciaron los asesinatos.
Recordó que apenas el 22 de mayo, se informó del crimen de cuatro personas en esta misma comunidad, pero otros informes recogidos en la comunidad apuntan a que son 12 las personas que murieron en el enfrentamiento.
“Es algo que las autoridades tienen que investigar, porque al parecer no están dando la información, pero se habla de que son 12 las víctimas, además de otro que murió en el hospital”, afirmó.
Familiares de las personas amenazadas pidieron apoyo a la partida militar de la cabecera municipal de Concordia, y ellos accedieron a subir.
“Ya antes otros familiares vinieron a la Tercera Región Militar, pero dijeron que tenía que ser el Presidente municipal, pero éste no lo hizo”, relató.
Finalmente, agregó Jardines, se espera que por la noche de hoy las familias salgan para ponerse a salvo, pero lo harían con militares.
Con esto, comentó el entrevistado, se pone de manifiesto que no se ha tranquilizado la zona, como han señalado las autoridades.
Finalmente, advirtió, pidieron apoyo a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, una organización civil independiente, para solicitar medidas cautelares para las personas que recibieron las amenazas, pues en este momento temen por sus vidas.
LA “GUERRA CONTRA EL NARCO” DEJA MÁS DE 15 MIL EN SINALOA
Desde la fase más reciente de la guerra contra el narcotráfico, declarada por el ex Presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, han muerto asesinadas más de 15 mil personas en Sinaloa, de acuerdo a los registros de defunciones por homicidios del Inegi. La cifra incluye hombres, mujeres y niños. Civiles sin ninguna relación con el crimen organizado.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) estima que más de 37 mil han sido desplazados de manera forzada de sus comunidades y cerca de tres mil engrosan la lista de desaparecidos, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hasta el año pasado.
Mientras los números rojos se acumulan, al igual que el sufrimiento de miles de familias, se agranda el rezago en reparación y atención a las víctimas.
“La mayoría se ha resignado al abandono y a la falta de justicia”, sostiene Óscar Loza Ochoa, Presidente de la CDDHS, activista desde la década de los setenta.
A pesar de algunos avances en materia legislativa a nivel federal, en el estado aún no se ha creado la comisión de atención a víctimas, ni la comisión local de búsqueda de desaparecidos, en tanto las propuestas de ley para atención de desplazados se han guardado en la “congeladora”.
La más reciente fue presentada el 8 de noviembre por el Diputado Marcial Liparoli, del PRI. En junio de 2015 hubo otra del Diputado Ramón Lucas Lizárraga. Antes, en 2012, la CDDHS emitió una recomendación para instruir al Gobierno del Estado a atacar y prevenir esta problemática.
“En lo único que hay un avance es en la unidad de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, aunque apenas se está por nombrar un coordinador y espero que también el consejo, pero eso ha sido por la fuerte presión de un sector de la sociedad”, acotó Loza Ochoa, quien ha formado parte del proceso de este mecanismo, cuya formación se aceleró a raíz del asesinato del periodista Javier Valdez, el 15 de mayo de 2017.
