En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se celebra hoy, diversas organizaciones internacionales y mexicanas, entre ellas colectivos formados por familias,  han manifestado a favor de reconocer este problema que afecta a millones en el mundial, y a miles en el país. En México, la sociedad civil instó a las autoridades a mejorar sus procedimientos para llevar justicia a las víctimas. El Comité Internacional de la Cruz Roja hizo un llamado a dejar de lado la “indiferencia” que evita las soluciones al problema. La CNDH exhortó al Presidente a reconocer la competencia del Comité de la ONU para que examine las peticiones individuales de los casos de desapariciones.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), grupos de la sociedad civil de nuestro país e internacionales exigieron al gobierno esforzarse por encontrar a las personas que han sido víctimas de ese delito, castigar a los funcionarios que obstaculicen las investigaciones y mejorar los esquemas de búsqueda y recuperación de restos humanos, además urgieron a apoyar a los familias que buscan sus parientes, así com0 a aprobar la ley general sobre la desaparición de personas.

En un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  (ONU-DH) subrayó la obligación “de las autoridades de poner en el corazón de sus esfuerzos la búsqueda efectiva de todas las personas desaparecidas con el objetivo de esclarecer su destino, garantizando la participación e inclusión de las familias y organizaciones en dichos procesos”.

“La magnitud y complejidad de esta problemática obliga a que las acciones de búsqueda adopten distintas metodologías y estrategias. Se necesita un enfoque diferencial para migrantes, mujeres, niñas y niños; priorizar la búsqueda con vida y atender tanto los casos más recientes como aquellos que ocurrieron desde los años sesenta”, sostuvo Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México en declaraciones recogidas por el documento.

Además agregó que se requiere implementar de mecanismos de rendición de cuentas “para aquellos servidores públicos que por acción u omisión obstaculicen la búsqueda de las personas desaparecidas”.

Respecto a los restos humanos que han sido hallados solicitó al Estado mexicano que “adopte todas las medidas necesarias para que sean tratados con dignidad y respeto y sean analizados conforme a los más elevados estándares científicos, garantizando identificaciones veraces y confiables que permitan una restitución apropiada”.

“Mientras las familias sigan sin encontrar a sus seres queridos, la incertidumbre y el dolor se acumulan. La ONU-DH reconoce a las agrupaciones de familiares de víctimas de desaparición, así como a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que las acompañan su compromiso y persistencia en la búsqueda de sus seres queridos, de verdad y justicia, pese a enfrentarse a numerosos riesgos y obstáculos”, dijo Jan Jarab.

Aseguró que la ley general sobre la desaparición de personas que se mantiene en el Congreso “es una oportunidad para continuar dicho diálogo y crear una fuerte estructura institucional de búsqueda bajo coordinación de la Federación” y solicitó que debe ser aprobada a la brevedad.

Y señaló que dicha estructura debe tener los recursos necesarios para su funcionamiento, coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de búsqueda independientes a las que se realizan para la investigación de los responsables de estos crímenes.

ORGANIZACIONES CIVILES

A su vez, grupos civiles presentaron un documento cuyo objetivo es el de fortalecer las capacidades de investigación de las autoridades mexicanas y brindar apoyo a los familiares de personas desaparecidas en el ejercicio de sus derechos.

De acuerdo con Amnistía Internacional (AI), en el documento titulado “Investigar penalmente con debida diligencia ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, homicidios y desapariciones de personas: guía de estándares básicos”,  en México se desconoce el paradero de más de 28 mil personas, según datos oficiales, mientras que las autoridades suelen realizar “investigaciones omisas y deficientes”.

Por ello, dijo la organización, diversas organizaciones no gubernamentales urgieron a las autoridades reparar las deficiencias y omisiones que se realizan durante las investigaciones de casos de desaparición forzada en México, de modo que se pueda llevar justicia a los afectados y sus respectivos familiares.

La sociedad civil también se pronunció y denunció que las autoridades no cumplen debidamente con sus labores: inician tarde las investigaciones pertinentes, mismas que se “ejecutan de forma deficiente”; y porque no preservan ni recolectan adecuadamente las evidencias, lo que obstaculiza seriamente las investigaciones, afectando incluso la pronta identificación de los restos que llegan a ser encontrados.

Lo anterior, de acuerdo con los activistas, genera graves violaciones a los Derechos Humanos, situación que contribuye a la persistencia de un estado de impunidad, “así como a la falta de verdad y reparación para las víctimas, particularmente de los casos perpetrados durante la ‘Guerra Sucia”.

Como parte de sus recomendaciones, la sociedad civil no sólo exigió a las autoridades mexicanas fortalecer sus capacidades de investigación de conformidad con el derecho internacional, sino que ponen de manifiesto la necesidad de crear una Fiscalía General de la República auténticamente independiente, por lo que hicieron un llamado al Senado de la República para que al discutir y aprobar la creación de dicho órgano -que sustituirá a la actual Procuraduría General de la República (PGR)-, “garantice la independencia y autonomía de la institución”.

Por su parte, Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha instado a las autoridades de diferentes países a abordar de inmediato la cuestión humanitaria de las personas desaparecidas a raíz de conflictos armados y otras situaciones de violencia, desastres naturales o migración.

“La desaparición de personas suele ser una cuestión social y política sensible, pero ésa no es excusa para la inacción. Los Gobiernos deben generar la voluntad política necesaria para brindar respuestas. Deben tomarse medidas para prevenir las desapariciones y reunir toda la información disponible cuando las personas desaparecen porque, en un momento determinado, esta información podría contribuir a brindar respuestas a los familiares y otros seres queridos”, indicó Maurer por medio de un comunicado de prensa.

Según él, el problema de la desaparición forzada no suele ser reconocido debidamente, situación que además de “indiferente” tildó de “perturbadora”

De acuerdo con el CIRC, se desconoce el número exacto de personas desaparecidas a nivel mundial, aunque especifica que las cifras incluyen a personas combatientes desaparecidas en acción; niños separados de sus familiares cuando huyen o son obligados a integrar grupos armados, detenidos e imposibilitados de comunicarse con sus respectivos familiares; personas desplazadas internamente y migrantes que han perdido el contacto con sus seres queridos: un amplio sector de seres humanos vulnerables.

Debido a esa “indiferencia” y la falta de información con respecto a este grave problema que año con año pone en riesgo la vida de muchas personas, el CICR insta a los gobiernos de los diferentes países alrededor del mundo a intensificar su respuesta, elaborar marcos jurídicos apropiados, así como los sistemas y procedimientos necesarios, para poder determinar el paradero de las personas dadas por desaparecidas y brindar apoyo efectivo a sus respectivos familiares.

“Quienes tienen influencia y pueden ayudar deberían aprovechar la oportunidad del Día Internacional de los Desaparecidos para comprometerse una vez más con esta cuestión”, declaró el señor Maurer. “En beneficio de la humanidad, tenemos que reforzar la acción en este ámbito”, añadió.

CNDH SE SOLIDARIZA CON DESAPARECIDOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por medio de una misiva, expresó su solidaridad para con las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, así como subrayó que “debe reconocerse la existencia de este flagelo en nuestro país y que un solo caso representa un reto ineludible para el Estado mexicano”.

También exhortó al Ejecutivo Federal a reconocer la importancia y urgencia de aceptar la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de modo que el gobierno pueda atender las denuncias de víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, en cumplimiento de las convenciones internacionales y “como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior” de México.

México firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU en febrero de 2007, la ratificó en marzo de 2008 y entró en vigor hasta el 23 de diciembre de 2010, refiere el comunicado de la CIDH. Sin embargo, el país aún tiene pendiente la aceptación de los artículos 31 y 32 de dicha Convención, que representan recursos para que las víctimas puedan presentar sus respectivas quejas ante el Comité, y para que este el país pueda recibir quejas de otros Estados.

“Se trata de una medida indispensable para generar condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada, así como un medio para que se hagan realidad los derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación integral que estos casos requieren”, dice la misiva.

Además, la CNDH solicita al Congreso de la Unión que la Ley General de Desaparición Forzada sea tema prioritario en el Periodo Ordinario de Sesiones que inicia este 1 de septiembre, la cual debe dar prioridad a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes; debe agravar la pena cuando la víctima sea menor de 18 años; y suponer la creación de áreas y protocolos especializados no sólo en la investigación de los casos, búsqueda y procesamiento de información, sino en la sistematización de los datos obtenidos.

Finalmente, la Comisión informó que se reunió con integrantes del Comité de la ONU, a quienes propuso distintas medidas para atender de manera integral el problema de las desapariciones forzadas. Entre sus sugerencias destacan las siguientes:

1.- Contar con un eficaz y exhaustivo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, a partir de criterios claros, homologados y públicos sobre la forma en que se califican las denuncias de desaparición, la investigación que se lleva a cabo y la manera en que reportan los casos;

2.- La profesionalización de los servidores públicos encargados de procesar y reportar la información, así como de aquellos encargados de investigar los casos y realizar labores de búsqueda a nivel federal y local;

3.- La necesaria conformación de un adecuado Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;

4.- La creación en el ámbito de las instancias de procuración de justicia, de grupos capacitados y especializados en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas;

5.- La creación de un Sistema Nacional de Información Genética que incluya material de este tipo y muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas o no localizadas, y el análisis de la información genética de restos humanos encontrados en fosas comunes y clandestinas;

6.- La expedición de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas por Particulares;

7.- La tipificación del delito de desaparición por particulares y, desde luego, la declaración de ausencia.

COLECTIVO DE FAMILIAS

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presentó la campaña #SinLas FamiliasNo, con el fin de alzar la voz y exigir la incorporación de la experiencia, propuesta y participación de las familias en la formulación e implementación de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición de Personas por Particulares.

El colectivo, integrado por más de 40 grupos de familias de personas desaparecidas acompañadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, anunció que comenzará un nuevo periodo de discusión legislativa en la Cámara de Diputados y Senadores.

En un comunicado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Movimiento exigió un plan nacional de búsqueda y un mecanismo nacional que implique la participación de las familias.

Solicitaron a las autoridades una legislación que cumpla con los siguientes requisitos:

1. La creación de una Comisión Nacional de Búsqueda conformada por familiares de personas desaparecidas y autoridades que sirva para coordinar a todas las instancias federales y estatales. Esta instancia deberá enfocarse, aunque no exclusivamente, en las desapariciones de larga data.

2. La creación de un Plan Nacional de Búsqueda que privilegie la búsqueda en vida y responda a un análisis de contexto, temporalidad de las desapariciones, incluyendo el periodo de la guerra sucia hasta ahora.

3. La creación de un Plan Nacional de exhumaciones e identificación de restos. Que incluya como mínimo identificación y registro de fosas comunes y clandestinas y la identificación de cuerpos y fragmentos humanos.

4. La asignación de presupuesto suficiente, para toda su implementación, pero especialmente para investigación, búsqueda e identificación.

5. La responsabilidades a superiores jerárquicos. No sólo se investigue a los responsables directo, sino a todos aquellos que por su omisión permiten que se sigan cometiendo estos delitos.

LOS DATOS SEGÚN ALGUNAS ORGANIZACIONES

En junio de este año la organización Open Society, junto con otras cinco instituciones mexicanas, presentó el informe “Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, que acusa que los distintos niveles de gobierno son “incapaces de garantizar la rendición de cuentas” en torno a los múltiples delitos de desaparición forzada que se registran a nivel nacional año tras año. En ese respecto, la institución urgió a las autoridades crear un organismo de investigación internacional, que basado en la actual circunstancia del país, investigue y castigue los crímenes que han sucedido en territorio nacional.

El informe reveló que de diciembre de 2006 hasta finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México por “el uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza”. Sin embargo, de 2007 a 2013, sólo se realizaron 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Ninguna resultó en condena.

En cambio, el número registrado de personas desaparecidas ha aumentado constantemente desde 2006, siendo que en 2014 se alcanzó el máximo anual de 5 mil 194 desapariciones. Empero, hasta agosto de 2015, sólo un soldado había sido condenado por el crimen de desaparición forzada.

En febrero del 2016 la cifra total de desaparecidos era de 26 mil 672. Empero, el mayor número de desapariciones reportadas fue en 2014, con cinco mil 194 personas. Sin embargo, dice el informe, los números son problemáticos, y la conclusión que se puede extraer es que algo causó un aumento significativo en los informes de personas desaparecidas desde 2007.

De acuerdo con el informe “Situación de los Derechos Humanos en México” de la Comisión Iteramericana de Derechos Humanos (CIDH), las cifras oficiales reflejan un incremento de casos de desaparición forzada entre 2014 y 2015, pasando de 22 mil 322 personas no localizadas a 26 mil 798 de ellas: un aumento casi del 17 por ciento en un año.

Por su parte, en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del Gobierno de la República, al día de ayer se registraban 24 mil 288 casos de personas desaparecidas, cuyos respectivos casos forman parte de una serie de averiguaciones iniciadas en el fuero común y de 794 investigaciones del fuero federal.

Además, el RNPED detalla que entre 2014 y 2015 hubo 597 casos de desaparición de personas del género masculino, así como 233 en el caso de las mujeres. Hasta mediados del año pasado muchas de esas personas no habían sido halladas con vida y, en la actualidad, muchas permanecen sin rastro alguno.