Ataques a defensores de los derechos humanos se dispararon: CDHDF; persisten amenazas

30/10/2014 - 12:02 am
En lo que va del año, se han registrado 40 ataques a defensores de derechos humanos de migrantes. Foto: Cuartoscuro
En lo que va del año, se han registrado 40 ataques a defensores de derechos humanos de migrantes. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– En los últimos años, los ataques a los defensores de derechos humanos en México se han disparado, afirmó Claudia Ordoñez Víquez, relatora de la CDHDF.

Ordoñez, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), explicó a SinEmbargo, en un foro a la memoria de la activista Digna Ochoa –a 13 años de su muerte– que las agresiones siempre han existido. Pero “ha sido ya una acción recurrente y sistemática de diferentes niveles del Estado mexicano, agredir a quienes ayudan al propio Estado a defender los derechos humanos”.

También afirmó que el Estado tiene la obligación de defender y promover los derechos humanos, además de generar las condiciones de seguridad y la libertad para aquellos que ejercen defendiendo las garantías individuales, sin embargo, “algunas veces se habla de una omisión del Estado a pesar de que sabe quiénes son los actores que amenazan la integridad de las personas defensoras, pues no lleva a cabo ninguna acción contundente”.

Y aseveró: “tampoco hay mecanismos de protección adecuadas para tener medidas eficientes para cuidar de estos defensores”.

Por su parte, Leticia Gutiérrez Valderrama, directora general de SMR Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, dijo que en su labor como defensores de indocumentados, “hemos gritado, hemos hablado, hemos llevado la situación que viven los migrantes a nivel internacional”, sin embargo, “la historia se repite”.

Ejemplificó con el caso de las fosas de San Fernando, en Tamaulipas, donde en agosto de 2010 se hallaron 72 cuerpos de migrantes y también declaró que ese episodio no es muy diferente al que se vive hoy en día en Guerrero con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

“Parece ser que nosotros, mexicanos y mexicanas, la historia nunca se nos queda. Pasa desapercibida. Vuelven a ser tragedias y muertes las que nos movilizan cuando ya tenemos sistematizado este crimen de Estado y de lesa humanidad”.

Muchos defensores de migrantes son gente perteneciente a la Iglesia Católica, y su labor, antes de ser activistas, inició haciendo caridad.

Les daban de comer, permitían que los migrantes que descansaran en sus casas, que tuvieran vestido y que pudieran pensar en el rumbo que tenían que continuar, sin embargo, cuando comenzaron a contarles las violaciones a las que eran sometidos, fue cuando decidieron convertirse en activistas.

“Los continuos secuestros, la violencia y asesinatos que los propios migrantes vivían y nos contaban no nos permitieron quedarnos con los brazos cruzados. Esa rabia e indignación, esa molestia por tanta muerte y secuestros, nos fue convirtiendo a quienes estamos frente a una casa del migrante y frente a un centro de derechos humanos”, dijo.

Respecto a los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos, dijo que el caso es muy similar al que los y las migrantes, desde años atrás, están viviendo.

“Nuestra unidad y solidaridad con esta movilización que hay en el país, que no es solo por la indignación de la desaparición forzada de estos 43 jóvenes, es también en este escenario de violencia, de aniquilación la presencia de miles y miles de migrantes que nos han desaparecido forzadamente, que nos han asesinado, los han aniquilado y los han desaparecido y a quienes tampoco nos los han entregado”.

La hermana Leticia Gutiérrez también denunció que en lo que va del año, se han documentado al menos 40 casos de acoso, intimidación, persecución en contra de defensores de personas migrantes en todo el país.

También dijo que algunas mujeres defensoras se han visto amenazadas no sólo por el crimen organizado, sino que han sido desprestigiadas por algunos medios de comunicación.

Las amenazas por parte de los delincuentes van desde un ‘madrecita, tenga cuidado porque este es un lugar peligroso’, hasta algunos levantones por un par de horas donde les dan la vuelta y les aclaran que la amenaza no es contra la persona, sino contra el padre encargado de la casa “porque estamos estorbando en el negocio”, sin embargo, ante esta situación “nosotros defensores de personas migrantes no paramos, y no vamos a parar”.

Aseguró que es la fe, lo que los mueve y sigue sosteniendo todo este tiempo, que son poco más de ocho años los que llevan denunciando la situación y tragedia en que los migrantes viven y es por eso que siguen en la búsqueda de una migración con dignidad.

EL CASO DIGNA OCHOA

El Primer Visitador de la CDHDF, Alfonso García Castillo, reconoció, por su parte, la labor de Digna Ochoa, que “cobra especial relevancia en un México asolado por la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción”.

Al exhortar a reflexionar sobre el rediseño de estrategias y el papel de los defensoras y defensores de derechos humanos en México, señaló que los últimos acontecimientos en el país, “lamentablemente no nuevos”, causan indignación y desesperanza, pero han propiciado también la demostración de solidaridad y exigencia para seguir luchando por el ejercicio de los derechos de todas y todos.

Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la activista, recordó que el punto de quiebre que definió a Digna como defensora de derechos humanos, por la igualdad y la dignidad de las personas más desprotegidas, fue el injusto encarcelamiento de su padre, en 1988; así como su ingreso a la Orden de las Dominicas del Verbo Encarnado, al mismo tiempo de su participación en la defensa de casos de graves violaciones a derechos humanos.

El abogado que llevó el caso de Digna Ochoa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Peña, confió en la reapertura del expediente en el Distrito Federal, toda vez que “se logró probar, a juicio de sus defensores y de su familia que Digna justo no tenía tendencias suicidas ( ), que era una abogada defensora comprometida que tenía problemas, como cualquiera de nosotros”.

La Procuraduría capitalina, agregó, empezó a construir toda esta idea, para desacreditar su imagen y además para atacarla, lo cual no se logró dimensionar en su momento y que se ha seguido utilizando como práctica por parte del Estado para criminalizar y estigmatizar a las víctimas, ligándolas con el crimen organizado.

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