De acuerdo con el estudio, estas torres falsas de telefonía también son conocidas como IMSI catchers o stingrays, las cuales se encargan de recolectar “datos de todos los teléfonos en su rango de alcance de manera masiva e indiscriminada, tales como números de identificación de la tarjeta SIM (IMSI) y del dispositivo (IMEI), proveedor de telefonía celular, ubicación, e incluso llamadas y mensajes”.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– En la Ciudad de México hay al menos 21 antenas que podrían ser torres falsas de telefonía para realizar tareas de espionaje en celulares, así lo reveló Fake Antenna Detection (FADe), un proyecto gestionado en América Latina por South Lighthouse, una organización orientada a diseñar, monitorear, controlar, consultar y capacitar la investigación y el desarrollo de tecnologías al servicio de los derechos humanos, la seguridad y la privacidad a escala global.

De acuerdo con el estudio, estas torres falsas de telefonía también son conocidas como IMSI catchers o stingrays, las cuales se encargan de recolectar “datos de todos los teléfonos en su rango de alcance de manera masiva e indiscriminada, tales como números de identificación de la tarjeta SIM (IMSI) y del dispositivo (IMEI), proveedor de telefonía celular, ubicación, e incluso llamadas y mensajes”.

“Los IMSI catchers tienen la capacidad de interceptar la conexión entre una red celular auténtica y los teléfonos, recolectando información sin el consentimiento o conocimiento de las personas o del proveedor del servicio de telefonía”, explicó FADe.

El análisis arrojó que las torres falsas de telefonía se ubican en la autopista entre la Ciudad de México y Puebla (Amecameca), abarcando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Campo Militar 37-B de la Secretaría de la Defensa Nacional; la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México; el Zócalo de la Ciudad de México; el Palacio de Bellas Artes; el Palacio Legislativo; el Heroico Colegio Militar, y el Archivo General de las Notarías, entre otros.

Según la investigación de South Lighthouse, la información “de las 21 antenas sospechosas concuerda con la obtenida por PODER, quien dio a conocer que el Gobierno federal cuenta con 21 contratos vigentes con la empresa fabricante de estas torres falsas, L3Harris Technologies, Inc., concedidos entre 2014 y 2019, por un valor de 85 millones 552 mil 638.89 pesos. Tres de los contratos comenzaron en marzo, abril y julio de 2019 y fueron firmados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, por un valor de 23 millones 094 mil 970 pesos”.

“El 10 de diciembre de 2019, el Gobierno federal presentó el Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, documento que contiene un compromiso expreso para generar controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas. El compromiso implica realizar adecuaciones en marcos regulatorios y operativos para el uso de tecnologías de intervención de comunicaciones, acceso a datos conservados y geolocalización. El 19 de diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ya no habría ‘golondrinas en el alambre’, para hacer referencia a que su Gobierno, a diferencia del anterior, no realizaría acciones de espionaje en contra de la población”, recordó FADe.

Asimismo, el proyecto, interesado en detectar y comprender la vigilancia de teléfonos celulares en contextos de riesgo en América Latina, apuntó que después de año y medio, “nos encontramos en un contexto donde sigue pendiente una investigación imparcial, exhaustiva y expedita de los casos de vigilancia ilegal y arbitraria en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, y la generación de regulaciones necesarias para asegurar un uso legítimo y responsable de todo tipo de tecnologías que impliquen una intervención en las comunicaciones privadas de las personas”.

En un comunicado, consideró que la impunidad y la falta de regulación adecuada han propiciado que autoridades sin facultades para ejercer vigilancia, como la Sedena y Semar, hayan adquirido estos equipos.

“La implementación de tecnologías para la vigilancia coloca en mayor grado de vulnerabilidad a quienes fortalecen el espacio cívico al acompañar y buscar procesos hacia la verdad, memoria y justicia, como son las personas alertadoras, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos. Si la información recolectada por las antenas se usa de forma incorrecta o se extravía, expone a dañar a quienes tienen un rol crucial en el fortalecimiento de nuestra democracia, y quienes ya han sido sujetas y sujetos de severas agresiones a su privacidad por otras administraciones”, dijo.

Ante esta situación, varias organizaciones hicieron un llamado al Gobierno federal para que tome las siguientes acciones:

-Esclarezca bajo qué fundamento legal la Sedena, Semar y cualquier otra autoridad federal han adquirido y desplegado IMSI catchers.

-Haga transparente en qué lugares y momentos la Sedena, Semar y cualquier otra autoridad federal ha utilizado IMSI catchers.

-Clarifique los protocolos y mecanismos de rendición de cuentas existentes para evitar el uso arbitrario de estas tecnologías.

-Cumpla con el compromiso adquirido en el Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México a fin de garantizar la participación activa, libre y significativa de las partes interesadas para la generación de una política pública en materia de uso de tecnología para la intervención de comunicaciones privadas, acceso a datos conservados y geolocalización en la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia, mecanismos de control judicial, de transparencia y otras medidas de rendición de cuentas.

-Establezca una moratoria en el uso de herramientas de vigilancia hasta que no exista una regulación robusta y suficiente para prevenir abusos y garantizar rendición de cuentas.

-Asegure una investigación imparcial, exhaustiva y expedita de los casos de vigilancia ilegal y arbitraria en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.