México, 3 Ago (Notimex).- Diputados y senadores de la Comisión Permanente pidieron a la Contraloría General de Baja California informar, en un plazo no mayor a 15 días, sobre la investigación realizada al proceso de licitación para el suministro de licencias para conducir en esa entidad.
Lo anterior, de acuerdo con lo expresado por el gobernador del estado en 2014, quien señaló que se implementaría un nuevo modelo de expedición de licencias, que contarían con el nuevo sistema biométrico multimodal.
En un comunicado se precisó que lo anterior es un punto de acuerdo que presentaron los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Comisión Permanente, en el que señalaron que el proyecto ha mostrado irregularidades, como la cancelación de la licitación por falta de recursos.
Posteriormente, se presentó una nueva licitación con la participación de cuatro empresas y la adjudicación a una compañía que, en su opinión, no representa la mejor opción del mercado.
Explican que la convocatoria de licitación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2014, y en ella se establecieron requisitos y condiciones para los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y plazo para pago, penas convencionales, anticipos y garantías.
Según información de servidores públicos a cargo de esos procedimientos, participaron cuatro empresas, y el Comité de Adquisiciones de la Oficialía Mayor declaró que dos de ellas no cumplían con lo solicitado, por lo que sus propuestas se desecharon.
La empresa ganadora, con la dictaminación del mencionado comité, ofreció un costo menor por licencia, por lo que, el 4 de julio de 2014 se firmó el contrato para suministrar licencias de conducir a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal.
El dictamen informa que el 7 de agosto de 2014, el Congreso local citó a comparecer al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno de Baja California, para que explicara el proceso de licitación.
Sin embargo, el Congreso estatal no ha requerido al órgano de fiscalización el inicio de un proceso de revisión.
Además, la Contraloría General del estado inició una investigación para garantizar que las adquisiciones y los servicios referidos se hayan realizado conforme a lo establecido en la ley y demás disposiciones aplicables.
Por lo anterior, los legisladores consideraron conveniente aprobar esta solicitud, ante la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos; y para que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia.
