Por Edith Domínguez, especial para SinEmbargo

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo/ZonaFranca).– El Diputado panista Sergio Carlo Bernal Cárdenas, presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, es acusado de cobrar “moche” a sus ex empleadas para comprar “cosas que necesita la oficina”.

Bernal Cárdenas ofrecía a sus ex secretarias un sueldo de 10 mil pesos, pero el legislador extraía 4 mil pesos sin dar una justificación concreta.

“Tú me vas a firmar por diez mil, tu cheque va a salir por 10 y tu factura también va salir por 10, yo te voy a seguir pagando esos cuatro mil, pero esos cuatro mil le vamos aumentar esos dos mil para que tú pagues tus impuestos, esos cuatro mil pesos que sobran se van a ocupar para cosas de la oficina”, dijo el Diputado a María Antonieta del Rayo Cordova Flores.

María Antonieta trabajó como secretaria en la Casa de Gestión del Diputado cerca de dos años, cuenta que recibió sus primeros pagos con recibos del REPAV y después la obligó a darse de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que facturara cheques por 10 mil pesos.

REPAV es el Reconocimiento Económico por Apoyos Voluntarios que forma parte de los lineamientos para la comprobación de la partida 3813 de Gastos de Operación de oficinas de diputados.

El Congreso otorga un presupuesto a los diputados para que puedan costear los servicios de su Casa de Gestión como papelería, artículos de oficina, gasolina, viáticos, consumibles de equipo de cómputo, suscripciones periodísticas y actualizaciones de leyes y gastos de difusión.

“Yo me quedaba con 6 mil pesos, que eran 4 mil de mi mensualidad, 2 mil para pagar impuestos y 4 mil yo se los tenía que regresar a él”, relató.

Después descubrió que su recibo de nómina estaba bajo el concepto de “Difusión de publicidad y contenido a través de Internet”.

Cuando su ex empleada le refutó al servidor público la forma de pago, debido a que comenzó a tener dificultades para comprobar gastos ante la SHCP por 10 mil pesos, el Diputado panista le respondió que para eso él le regresaba 2 mil pesos, para pagar sus impuestos y el 5 de agosto la despidió.

“Ahora busco mi indemnización, que me liquide conforme a la ley y lo que le corresponde, estuvimos trabajando, empezamos en septiembre del 2012 y los meses de campaña”.

Además de pagar sueldos con dinero de programas sociales, también “jineteaba” el aguinaldo.

Sergio Carlo recibía por parte del Congreso local 60 mil pesos para pagar el aguinaldo de sus empleados, pero sólo les daba la mitad de lo que les correspondía acorde a la ley.

Karina Mariana Castillo Corona es otra de las empleadas que denunció las irregularidades al trabajar con el Diputado.

“Al principio me pagaba con dinero del Congreso, 4 mil pesos al mes, fueron por dos meses, después me dio de baja”.

Ella comenzó sus labores como secretaria en la misma fecha que su compañera María, recibía la misma cantidad de salario, pero a Castillo le comenzó a pagar con el dinero para apoyo social que se les destina a los diputados.

Dentro de sus funciones atendía el teléfono y atendía a ciudadanos que llegaban a la Casa de Gestión del Diputado Sergio Carlo Bernal.

Un día, al checar su recibo de pago, se dio cuenta de que era una de las beneficiarias de los programas sociales del Congreso y recibía su paga bajo el concepto de “Ayuda para subsistencia”.

En la página Web del Congreso se puede ver que Karina Mariana Castillo es la beneficiaria de 5 mil pesos y  de 4 mil pesos, ayudas por “Subsistencia” y la por “despensa”.

Castillo tenía que entregar sus tickets para comprobar los cuatro mil pesos mensuales para que el Diputado le pagará su sueldo.

“La facturación para justificarle los cuatro mil pesos, eran los tickets, yo los tickets tenía que conseguirlos a como diera lugar o yo comprar mi despensa y facturarla y entregársela a él para que la pudiera comprobar”.

Tiempo después el panista afirmó que había muchos rumores filtrados en la Casa de Gestión y sin motivo aparente la despidió.

Cuenta que ella colaboró con el panista desde su campaña, le prometió que si ganaba la diputación, tendría un trabajo seguro en su oficina.

Ambas mujeres cuentan que no contaban con seguro médico, ni prima vacacional.

Las ahora ex empleadas se presentaron ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el 26 de agosto para que se les pague su liquidación.

Ahí les informaron que ya se envió el citatorio a la oficina de gestión, pero debido a que las oficinas no han abierto, se la harían llegar a su casa.