Le debemos al Presidente Ernesto Zedillo, el haber promovido una reforma constitucional que garantizó, en los hechos, la independencia del poder judicial, tal y como la conocemos hoy. Antes de su puesta en marcha, el sistema político posrevolucionario estaba hecho para que las Cortes se supeditaran a la voluntad del Ejecutivo.

Zedillo no actuó en el vacío, por supuesto, y su decisión fue en realidad una respuesta al clamor cívico de los ciudadanos y partidos para que el poder judicial se independizara de una vez por todas de la tutela presidencial, tanto de jure como de facto.

Esta reforma hoy está pagando dividendos, pues es la clave que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impedir que el Congreso o el Presidente de la República expidan leyes anticonstitucionales que afectarían el curso democrático, liberal y republicano del país.

De acuerdo con un estudio elaborado por el prestigioso Cyrus R. Vance Center for International Justice, el Presidente y algunos Gobernadores y Gobernadoras de varios Estados de la República atacan continuamente al poder judicial cuando los tribunales no están de acuerdo con sus propuestas.

Esta actuación de los poderes ejecutivos significa que estos ya no responden al interés general, sino que más bien obedecen al interés particular de quién detenta la investidura del respectivo poder. El estudio señala que hay al menos tres principios de independencia judicial que se están vulnerando hoy en México.

El primero alude al respeto que le deben rendir las instituciones de gobierno a la independencia de la judicatura. Se mencionan aquí las diversas formas en que, en particular, el Presidente de la República, vulnera esta independencia. En modalidades que van de constantemente anatematizar a los jueces a intentar reducir el presupuesto de los Tribunales, el Ejecutivo ha empleado diversos recursos para desacreditar al poder judicial.

El segundo principio vulnerado tiene que ver con el hecho de que la función judicial se debe realizar a partir de un análisis imparcial de la ley y no de acuerdo a presiones externas. Es claro que las exhibiciones que hace el Presidente de jueces que, supuestamente, dejan a delincuentes libres o que reciben sumas descomunales de dinero como salarios, tienen el objetivo de presionar desde la fuerza a los jueces para que estos no resuelvan de acuerdo con el Estado de Derecho.

El tercer principio vulnerado se refiere a que la politización de la función judicial es un atentado contra la independencia de los Tribunales. La propuesta de que los jueces deberían elegirse en sufragio universal entraña someter la acción judicial a los tiempos electorales y políticos, lo que supone una distorsión de su función primordial. De igual manera, la insinuación de que los jueces no sirven al interés del “pueblo” es una forma de presión fundada en la idea populista y, en última instancia autoritaria, de que las decisiones de los jueces no se deben basar en el Estado de Derecho, sino servir a una entelequia llamada “pueblo”. Lo que hay detrás de esta posición es la idea de que el poder judicial le debe rendir pleitesía a lo que un líder decida sobre quién es el pueblo y quién no.

Quizás la tragedia mexicana actual radica en que se eligió en 2018 a un régimen que busca vulnerar la división y el equilibrio de poderes, atacando a la rama aparentemente más débil. Afortunadamente, hasta ahora el sistema republicano ha sido capaz de enfrentar los amagos contra la democracia liberal. Esto ha sido posible gracias a una ciudadanía atenta y dispuesta a no transigir a la voluntad presidencial. No obstante, el peligro sigue latente y no debemos quitar el dedo del renglón: México sólo tiene porvenir con un poder judicial independiente de los otros poderes.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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