Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).– El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó ayer domingo sobre la consignación de 7 militares por el caso Tlatlaya, donde el pasado 30 de junio, 22 civiles fueron asesinados, de los cuales al menos ocho habrían sido ejecutados, de acuerdo con las autoridades. Al mismo tiempo, la Arquidiócesis de México reclamó a todos los partidos políticos por la “preocupante situación” que enfrenta el país, y en específico criticó a las “falsas izquierdas” a quienes responsabilizó de lo sucedido en Iguala, Guerrero, donde tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa murieron y 43 fueron desaparecidos.
Ayer se informó que siete militares fueron consignados acusados por el delito de abuso de autoridad, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, a tres de ellos también por homicidio calificado en agravio de ocho personas en Tlatlaya, Estado de México, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades federales.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México precisó que el viernes 31 de octubre, alrededor de la media noche, se tuvo por cumplida la orden de aprehensión librada, dentro de la causa penal 81/2014, contra siete miembros del Ejército Mexicano por su presunta implicación en el caso Tlatlaya, donde entre los ejecutados, perdió la vida una menor de edad.
En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que los consignados fueron Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, se les acusa de su presunta responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público.
A Quintero Millán, Acevedo López y a Hernández Leónides se les imputa también su presunta responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
A Ezequiel Rodríguez Martínez se le acusa además de presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento, en la hipótesis de no impedir la consumación de un delito.
Los inculpados quedaron a disposición de este Juzgado de Distrito, recluidos en la prisión militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en México, Distrito Federal.
Ayer mismo, la Arquidiócesis de México dijo que el país atraviesa por una preocupante crisis provocada por la desigualdad social, la corrupción, la muy deficiente educación y la ausencia de los valores. En su editorial de este domingo publicada en el Semanario Desde la Fe, hizo referencia a los recientes actos de violencia en Guerrero. Tema sobre el cual ya ha realizado diversos pronunciamientos, e incluso ha exigido justicia por los estudiantes normalistas. Pero de lo sucedido en el Estado de México, hasta el momento no se ha pronunciado.
La Iglesia, arremetió contra la “falsa izquierda mexicana”, en particular contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que acusó de ser culpable de lo que sucede actualmente en Guerrero, donde el 26 de septiembre, en el municipio de Iguala, seis personas perdieron la vida, entre ellas tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y otros 43 fueron secuestrados.
“Ahí tenemos sus víctimas: Michoacán, Zacatecas, y ahora Guerrero y Morelos”, dijo la Iglesia y aseguró que son los partidos de esa “falsa izquierda” los que han entregado los peores resultados”. En esos estados, aseguró que “la izquierda corrupta haciendo a un lado sus compromisos sociales, se ha distinguido por la total ineficiencia y, lo más grave, por sus alianzas con grupos criminales”.
“Deberían ser los primeros en estar comprometidos con las clases más desfavorecidas y que, sin embargo, son los que más daño le han hecho al país”, acusaron.
La Iglesia señaló que si se toma en cuenta que los partidos políticos “tienen como única finalidad proponer programas para solucionar los problemas sociales y postular candidatos para acceder al ejercicio de gobierno y lograr los cambios necesarios, debemos decir que en México han fracasado todos los partidos políticos, porque no han buscado en el ejercicio de gobierno el bien de la sociedad, sino beneficios personales y de grupo a través de una insultante corrupción”.
Sin embargo crítico específicamente a la administración capitalina pasada, encabezada por Marcelo Ebrard, a la cual acusó: “se dedicó a promover leyes inmorales contra la vida y la familia”.
La Arquidiócesis opinó que a los gobernantes de la pasada administración en el Distrito Federal, “les preocupaba más promover el uso de la bicicleta en una ciudad caótica, que solucionar el problema de seguridad y recuperar la dignidad en cientos de barrios olvidados y deprimidos de nuestra ciudad”, precisó. Y acusó que a la actual administración, encabezada por el perredista Miguel Ángel Mancera, “le da miedo llamar por su nombre, cuando se trata de verdadera delincuencia organizada”.
Refirió también que la situación económica que vive el país convierte a la sociedad en “disfuncional”, pues mientras que un pequeño porcentaje de la población puede darse una vida de primer mundo, “más del 50 por ciento de los mexicanos vive en los límites de la pobreza, con recursos de supervivencia, y una buena parte en la miseria extrema”.
Destacaron también que “no es gratuito el desprestigio que [los partidos políticos] han alcanzado en la opinión pública”, pues ello se debe a que una buena parte de la clase política “a traicionado a la ciudadanía, haciendo de sus campañas pura demagogia, y de sus responsabilidades de gobierno una mera frivolidad, cuidando más de su imagen que del bienestar social”, indicó el documento.
La Arquidiócesis consideró que los partidos políticos “deben sacudirse sus ambiciones voraces e inmorales, realizar una revisión a fondo de sus idearios y de sus prácticas de gobierno; todos los partidos necesitan un protocolo de confianza para elegir candidatos honestos y convencidos de su vocación como servidores públicos”.
Finalmente consideró que lo sucedido en el estado de Guerrero, dejó al descubierto a todos, incluidos la sociedad mexicana, comenzando por los partidos políticos. Y advirtió que si no se comienza pronto a recorrer por el camino de la legalidad y la honestidad, “será tarde”.
