CHIAPAS: TIERRA DE DESPLAZADOS… POR SU PROPIO GOBIERNO

04/02/2015 - 12:00 am

Los conflictos no son el único motivo por el que cientos de indígenas chiapanecos abandonan sus poblaciones. La obra pública emprendida por el gobierno de Manuel Velasco Coello, principalmente los megaproyectos carreteros, han expulsado a miles de habitantes de sus pueblos.

En no pocos casos, un día llegan elementos armados con palos, machetes y rifles a la vivienda de alguna persona y la obligan, junto con su familia, a dejar atrás sus tierras, su historia y su poco patrimonio. Detrás de estas acciones, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, existe un motivo económico: el trazo de la autopista planeada entre las zonas turísticas de San Cristóbal de las Casas y Palenque, obra por la que miles de pobladores indígenas de al menos 10 municipios están siendo presionados para dejar o vender sus tierras.

En todos los casos de despojo existe el mismo patrón: operadores del gobierno estatal, apoyados por policías, en algunos casos, y siempre en la impunidad, atacan poblaciones de indígenas y simpatizantes zapatistas, forzándolos a dejar sus territorios.

Indígenas chiapanecos que se niegan a abandonar sus casas para dar paso a megaobras terminan muertos, segñun ONGS. Foro: Cuartoscuro
Indígenas chiapanecos que se niegan a abandonar sus casas para dar paso a megaobras terminan muertos, según ONGs. Foro: Cuartoscuro

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– La mañana del 4 de diciembre de 2011 cambió la vida para una decena de personas del ejido Banavil, en las montañas del municipio de Tenejapa, en los Altos de Chiapas. Eran alrededor de las ocho, cuenta Miguel López Girón, de 26 años, cuando un grupo de personas antes zapatistas y ahora sumadas a la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entraron en su casa con palos, machetes y rifles, arremetieron a golpes contra su madre, hirieron de bala a su hermano y se llevaron a su padre Alonso López Luna, de 57 años, desapareciéndolo.

Los agresores iban con otras cuarenta personas, agrega López, que igual ingresaron en otras tres viviendas, todas de su familia, y los obligaron a dejar ese mismo día el poblado y su tierra, 8.5 hectáreas de cultivo para autoconsumo sembradas con maíz, frijol, haba, chícharo, durazno y ciruelas.

Desde el día del ataque, la familia atribuyó el conflicto y su desplazamiento a su simpatía por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a su negativa a recibir apoyos de programas del Gobierno –como Oportunidades o Procampo- a los que los querían forzar los agresores.

En 2014, sin embargo, la familia se dio cuenta de que podría haber un motivo adicional para el ataque: Banavil, una comunidad de menos de 200 habitantes indígenas, podría estar en el trazo de la autopista planeada entre las zonas turísticas de San Cristóbal de las Casas y Palenque; obra por la que miles de pobladores indígenas de al menos diez municipios, dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, están siendo presionados para dejar o vender sus tierras.

“El Presidente Municipal de Tenejapa (Esteban Guzmán Jiménez, del Partido Verde, aliado del PRI) llegó en noviembre pasado a la comunidad para decirle a la gente que firmaran el documento para que pasara la autopista por Banavil”, dice López Girón a SinEmbargo en entrevista vía telefónica.

“La mayoría, como la mitad, 25 personas, ya firmaron, pero no por gusto, sino por presión política; si no firman el documento los multan con 7 mil pesos, o les dicen que perderán el programa de Oportunidades o el apoyo del Gobierno”, agrega.

Como en Banavil, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en diversos municipios de la zona de los Altos y Norte de Chiapas, miles de pobladores han sido víctimas de prácticas de despojo que presentan los mismos rasgos: operadores de los gobiernos estatales, apoyados por policías en algunos casos, y siempre en la impunidad, atacan poblaciones de indígenas y simpatizantes zapatistas, forzándolos a dejar sus territorios.

Así ha sido, explican en el Centro, desde al menos 2000, en la administración de Pedro Salazar (priista convertido al PRD), luego con Juan Sabines (postulado por PRD, PT [Partido del Trabajo] y Convergencia) y actualmente con Manuel Velasco (que ganó para una coalición de PRI y PVEM), quienes han mantenido una política de hostigamiento contra la población indígena que se resiste a permitir proyectos de Gobierno en sus tierras, como los 160 kilómetros de la autopista entre San Cristóbal y Palenque.

“En el fondo está la disputa por el control territorial, de los recursos”, comenta Pedro Faro, abogado, investigador y documentador del Centro Fray Bartolomé, con sede en San Cristóbal.

“Tanto en los Altos como en la zona Norte, donde se implementó la guerra contrainsurgente, lo que hemos documentado son 12 mil personas desplazadas (en 14 años; unas 300 a la fecha)”, agrega.

KILÓMETROS SIN TRASPARENCIA

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De acuerdo con el reporte “Entre el cinismo oficial y la dignidad”, publicado por el Fray Bartolomé en octubre pasado, el hostigamiento del que están siendo objeto los pobladores de los municipios susceptibles de ser parte del trazo de la carretera San Cristóbal-Palenque es parte de los “programas de despojo” impulsados por los gobiernos estatal y federal y sin consulta entre los habitantes afectados.

La carretera mencionada, por ejemplo, dice el reporte, es “el gran proyecto de desarrollo del sexenio”, del cual se derivarán intereses de inversión como complejos turísticos y de explotación minera y de hidrocarburos –entre otros– en beneficio de empresas tanto nacionales como internacionales.

Esta infraestructura, agrega el documento, está también incluida en el “Proyecto Mesoamérica” –antes “Plan Puebla-Panamá”–, e implica la expropiación de tierras, la instalación de proyectos de generación de energía, el desarrollo de cultivos transgénicos y un “plan de seguridad internacional para el control territorial” –dice– que violenta la soberanía nacional y los derechos de los pueblos originarios.

“Un ejemplo claro de esta interconexión está en la programación y actual implementación del llamado Centro Integralmente Planeado Palenque Agua Azul, en la zona Norte de Chiapas (con) recursos de los gobiernos federal y estatal”, dice el reporte.

“Se tiene investigado que la autopista San Cristóbal-Palenque atravesaría territorios de San Cristóbal, San Juan Chamula, Tenejapa, San Juan Cancuc, Ocosingo, Chilón, Tumbalá, Salto de Agua, Catazajá y Palenque, destruyendo así una gran cantidad de territorios ancestrales pertenecientes a los pueblos indígenas. El proyecto también contempla la creación de una presa hidroeléctrica en los ríos Agua Azul, Tulijá y Bascán, despojando a las comunidades de sus recursos naturales y lugares sagrados”, agrega el documento.

La carretera fue anunciada desde 2013 por el Gobierno del estado y el 12 de febrero pasado por el Presidente Enrique Peña Nieto, durante la visita que hizo a la entidad para inaugurar el aeropuerto de Palenque.

Ahí, junto a Manuel Velasco, anunció que la inversión en la vialidad sería de 10 mil millones de pesos y que ésta, dijo, “aumentará la conectividad de la zona y detonará el desarrollo de varios municipios”.

Los habitantes de la región, sin embargo, ni siquiera conocen el trazo, por lo que, desde 2013, empezaron a organizarse para exigir ser consultados “en los términos que establecen la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; es decir, en su lengua, con sus autoridades tradicionales y conforme a sus usos y costumbres” –como publicó La Jornada el pasado 14 de septiembre.

El Centro de Derecho Humanos, por su parte, documentó que la práctica de presión por las tierras denunciada por los desplazados de Banavil se extiende a otras comunidades ubicadas entre los dos destinos turísticos.

“Ante la falta de transparencia e información de los Gobiernos federal y estatal en relación con la autopista San Cristóbal-Palenque, este Centro tiene un constante monitoreo y documentación de la situación, por lo que se nos ha informado que la estrategia del Gobierno es moverse de manera sigilosa e ir de comunidad en comunidad para promocionar el proyecto de la súper-carretera, a través de los presidentes municipales o funcionarios encomendados a convencer a las autoridades ejidales y/o comunales con la finalidad de llegar a un acuerdo por la expropiación de la tierras, asegurándoles que si no aceptan, de todos modos pasará la carretera y no recibirán nada del Gobierno por no querer acordar el pago propuesto por éste, con la promesa de que éste ‘contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población regional, generando una importante derrama económica y nuevos empleos”, dice el reporte.

“De tal manera que lo que se vislumbra, el costo social de la supercarretera San Cristóbal-Palenque es muy alto, puesto que, si se llevara a cabo, obligará a las personas a vender sus tierras o, en caso de negarse, a ser expropiadas, lo que constituye despojo a través de desalojos forzados, negando el derecho a la tierra y a la autodeterminación de los pueblos, y reiterando de nuevo el ciclo histórico de despojo, exclusión y marginación que por siglos han padecido los pueblos originarios”, agrega.

GOBIERNOS NEOLIBERALES

Foto: Gobierno de Chiapas
El Presidente Peña Nieto y el Gobernador de Chiapas, durante la inauguración del Aeropuerto de Palenque. Foto: Gobierno de Chiapas

En el caso del despojo en Banavil, explica Faro, se encuentra la construcción de la carretera y el plan de detonar complejos turísticos y de extracción, pero en general, advierte, los Altos y el Norte de Chiapas están sujetos a una política “neoliberal” con la que el Gobierno busca dar a las empresas el control del territorio y de los recursos naturales.

“En varias de estas regiones el territorio es muy rico en biodiversidad, hay petróleo, uranio, oro, tienen una serie de metales que también son atractivos para la industria extractiva. También es atractiva para la conservación, a través de investigaciones que buscan quedarse con las patentes (de los recursos). Ese es, digamos, el interés geopolítico de la región”, dice Faro.

Y en la raíz del paramilitarismo contra las Bases de Apoyo al EZLN, agrega el experto, o contra los grupos que no están ligados al PRI sino que son autónomos –tienen sus sistemas de procuración de justicia, de salud y educativo– está “el poder” de despojar a los pobladores de su identidad étnica, a través de las religiones y de programas de Gobierno que buscan imponer el modelo de vida consumista que no corresponde a su cosmovisión.

“Ellos (la población indígena) son personas que no producen para acumular capital, por tanto el sistema de partidos y las religiones entran y propician que haya una fragmentación y así abren la posibilidad de que acepten carreteras, inversión, infraestructura gubernamental, toda esta industria extractiva que destruye el medio ambiente, o turística, que lo que genera es esclavitud a los pobladores, porque los emplean como servidumbre”, dice Faro.

Modelos económicos finalmente, concluye el entrevistado, que “no relacionan a los hombres y mujeres con su contexto natural, y de ahí el despojo de sus lugares sagrados, como ríos o las montañas”.

Otro caso es el de Viejo Velasco, en Ocosingo, una región ubicada en el margen de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y donde, en 2006, un grupo de habitantes de Nueva Palestina, apoyados por 300 policías estatales, irrumpieron y asesinaron a ocho personas, desaparecieron a cuatro y forzaron a 29 familias –más de 70 personas– a dejar sus tierras.

“Esas tierras son zona de amortiguamiento de la reserva de Montes Azules, donde se puede mantener una población bajo ciertos criterios de conservación. En esa región, lo que también hizo el Gobierno de Pablo Salazar con estos grupos, 28 comunidades ejidales que no estaban regularizadas, fue comprar conciencias, familia por familia, para que se fueran saliendo, operando el desplazamiento a presión, con 50 mil o cien mil pesos”, dice.

En general, establece el reporte del Centro, se han documentado conflictos de desplazamiento similares a los de Banavil y Viejo Velasco en el ejido de Busiljá, también en Ocosingo; en San Marcos Avilés, en Chilón y en el ejido Puebla, del municipio de Chenalhó.

La problemática del despojo de tierras en Chiapas es tan grave que, en 2012, en el último año de Sabines, el Congreso local aprobó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno que, en papel, dota de personalidad jurídica a las víctimas del fenómeno con el fin de que sean sujetos de ayuda en casos de desastres naturales, “proyectos de desarrollo” o conflicto armado.

La ley, explica Faro, es la primera en su tipo en México y la segunda en el mundo, sólo después de una creada en Colombia, pero no puede ser aplicada porque el Ejecutivo estatal no ha redactado el reglamento interno ni operativo. “Y eso es intencional, porque en los artículos transitorios se establece que es responsabilidad del Ejecutivo estatal generar la ley secundaria, la infraestructura, pero la ley está muerta, como muchas en México, que se hacen para quedar bien a nivel internacional, pero sin atender a las causas de los problemas”, agrega.

Tanto el Gobierno federal como el del Estado han sido convocados por las víctimas de diversas formas, como escritos a la opinión pública, para que detengan a los responsables de las agresiones, desapariciones, homicidios y demás actos de hostigamiento que han derivado en los miles de desplazamientos forzados en el interior del estado.

Pero Velasco, explica Faro, no sólo no actúa en contra de los criminales, sino que mantiene las maniobras saqueadoras de sus antecesores.

“Velasco continúa la política del proyecto neoliberal que tiene el eje de vender a Chiapas a través del turismo, de ofrecer el territorio para la extracción minera, proyectos a los que les estorban los pueblos indígenas”, insiste.

“NO HAY JUSTICIA EN CHIAPAS”

Las amenazas también se extienden a quiene se niegan a recibir los apoyos del gobierno estatal o federal. Foto: Cuartoscuro
Las amenazas también se extienden a quienes se niegan a recibir los apoyos del gobierno estatal o federal. Foto: Cuartoscuro

El 23 de diciembre de 2011, días después de la irrupción de los zapatistas convertidos a priistas en Banavil, a un hombre del ejido Mercedes, a unos 200 metros de ahí, le llamaron la atención unas gallinas comiendo en un pastizal de lo que, al acercarse, se dio cuenta que era un brazo humano.

El hombre dio parte a las autoridades y éstas a la familia que, a su vez, confirmó que la extremidad pertenecía a Alonso López Luna, por una cicatriz en uno de los pulgares.

Los desplazados se habían mudado ya a San Cristóbal –donde viven a la fecha, en precarias condiciones, como viviendas de apenas un cuarto y piso de tierra– para atender al hermano que había quedado herido durante el ataque, y empezaban apenas a experimentar el trauma de luchar por su derecho de acceso a la justicia al mismo tiempo que por su sobrevivencia.

“Cuando encontraron el brazo fueron a buscar el resto del cuerpo de mi papá, pero nunca lo encontraron los ministerios públicos. Cuando fuimos a su oficina (del Fiscal Especial en Justicia Indígena, Cristóbal Hernández) nos dijo que no diéramos las declaraciones, que ya no fuéramos a su oficina”, cuenta López Girón.

“La fiscalía indígena hizo una averiguación previa, la número 689, y tardó varios días, meses, y la consignó, y la mandó a un juez penal para que ejecutaran las órdenes de aprehensión de once personas señaladas por la desaparición de mi papá. Pero me dijo el juez que fuéramos con el Comandante Judicial, y allá llegamos, en agosto de 2012, a decir que ya habían liberado las órdenes de aprehensión, que los detuvieran, pero nos dijo el comandante que él aún no las tenía”, agrega el entrevistado.

Los presuntos responsables no sólo no han sido detenidos, cuenta López, sino que, entre 2012 y 2013, “tres de ellos estuvieron trabajando en la Presidencia Municipal de Tenejapa, en obras publicas, y uno llegó a trabajar en el DIF local, repartiendo alimentos escolares”.

Los López eran 13 al momento de la agresión. Ahora, después del nacimiento de varios niños, son 20. Su modo de vida, como el del resto de los desplazados indígenas en la entidad, ha sido completamente trastocado. Del campo pasaron a la ciudad, de vivir de la agricultura para el autoconsumo en las montañas pasaron a emplearse como peones de la construcción en San Cristóbal. Pese a que en teoría la nueva Ley debería protegerlos, como dice Faro, en los hechos, nadie se hace cargo ni de si tienen medios de vida y menos de procurarles justicia por la violencia que han vivido.

Al contrario, dice Miguel López Girón, lo único que ha ocurrido en tres años es que no han sido escuchados.

“Desde aquí vemos que, de por sí, discriminan a los pueblos indígenas; le ha pasado a muchas comunidades aquí en Chiapas, y lo han dejado en la impunidad el desplazamiento y las desapariciones”, dice desde San Cristóbal.

“Nosotros estamos exigiendo y seguimos en la lucha para encontrar la justicia, que según el Gobierno de Velasco aquí en Chiapas hay paz y justicia y democracia pero, ¿cómo es que, si es así, están libres los responsables de la desaparición de mi papá? Está mintiendo, no vemos justicia en este sexenio de Manuel Velasco”, cierra.

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