La propuesta de reglamentar el procedimiento para restringir o suspender los derechos y garantías de los ciudadanos, aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, abre la puerta a la dictadura franca.
En su Boletín 1203 del 29 de marzo, la LXIII Legislatura informa: “La Comisión de Gobernación aprobó el dictamen de la minuta que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política con el objeto de regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión de derechos y garantías, a fin de que el Ejecutivo haga uso de sus facultades para enfrentar amenazas y emergencias en territorio nacional.” Es decir que ya puede ordenar, sin mayor trámite, la suspensión de derechos y garantías con la ambigua justificación de que hay una amenaza. La Comisión de Gobernación avaló sin cambios la legislación que la Cámara votó en diciembre. A favor, diputados y diputadas del PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal; Movimiento Ciudadano se abstuvo; en contra votó Morena.
Es claro que esta reglamentación al Artículo 29 constitucional busca aplacar a enemigos, opositores, inconformes, contestatarios y críticos. Pero también es evidente que, si hay una oposición tan generalizada que los del poder han tenido que fragmentarla en 6 partidos y candidatos independientes, la protesta ciudadana ha crecido debido al aumento de la presión que asfixia al pueblo. Esa acción sólo aumenta la reacción, así ha sido durante décadas.
La inconformidad del pueblo mexicano tiene muchas causas:
- Falta de empleos con salarios dignos y subempleo.
- Casi 60 millones de mexicanos en la miseria: sin lo indispensable para únicamente sobrevivir.
- Esclavitud y acoso laboral, desnutrición, pederastia, impunes.
- Cancelación de oportunidades de progreso.
- Creciente mortalidad temprana en partos de madres pobres.
- Discriminación racial, laboral, de género, educativa, económica, política y jurídica.
- Un proyecto nacional des-educador.
- Manipulación de la información que difunden los medios, para disfrazar la realidad y dar esperanza a las masas.
- Desilusión tras desilusión, y la promesa de ahora sí cumplir la promesa.
- Deformación de las leyes para anular los derechos humanos que defiende la Constitución.
- Censura -que a veces significa la muerte- a quienes destapen escándalos de la cúpula.
- Desapariciones forzadas y asesinatos, con la presunta implicación de fuerzas armadas, sin investigar debidamente.
- Elecciones políticas fraudulentas.
- Desmedido afán de los políticos de ser más ricos que los empresarios.
- Desmedido afán de los empresarios de entrar a la política para ser más ricos que los políticos.
- Alianzas de negocio entre gobiernos y empresas, gobernantes y empresarios.
- Sobreprecios pagados por el pueblo para que quede un margen destinado a comprar contratos.
- Cesión de las decisiones políticas y económicas del país a cambio de “gratificaciones”.
- Depredación de los bienes nacionales, que son -eran- de todos los mexicanos, incluso de los más pobres entre los pobres.
- Especulación económica con fines de enriquecimiento personal de la cúpula.
- Una economía en ruinas, con un gobierno que recurre a préstamos para pagar deuda (1).
- Ambición desmedida de quienes tienen tanto que ya necesitan inventar en qué más gastar más, y de todos modos quieren más dinero.
- Incorporación de las cúpulas al oscuro mundo de las drogas.
- Incorporación de los pobres más pobres a las filas del narco, donde encuentran trabajo.
La bala, ya sea disparada por un criminal, marino, soldado o policía, sólo es el último eslabón de la larga cadena de violencia que hoy mata a México.
(1) Boletín 1203, Comunicación Social, Cámara de Diputados.
(2) “Castiga Moody’s a México por su déficit y deuda”, LaJornada, 1 abril 2016, portada.
