Los periodistas asesinados ayer en Veracruz habían denunciado en el informe de Artículo 19 para la Organización de Estados Americanos (OEA) que se sentían amenazados por las agencias policiacas locales. Temían por su vida, pero no ubicaban a grupos del crimen organizado, sino a agentes policiacos de los que, dijeron en vida, habían recibido amenazas.

El reporte 2011 de Artículo 19 entregado a la OEA así lo consigna. De hecho, por lo menos uno de ellos había sido secuestrado, torturado y amenazado y no por una autoridad estatal: por la Policía Federal.

El 26 de febrero de 2008, el fotógrafo Gabriel Huge Córdoba, quien entonces laboraba en Notiver, rindió declaración ministerial ante el fiscal federal Arturo Cruz Cruz, para denunciar el “levantón” y la rudeza de que fue víctima por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Según consta en la Investigación clave AP/PGR/VER/VER/IV/105/08, el fotoperiodista narró las casi cinco horas de que fue atormentado física y psicológicamente por elementos militarizados de la PFP.

Ayer, en la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa en América Latina, fueron encontrados los cuerpos sin vida, desmembrados y con señales de tortura, de Gabriel Huge y Guillermo Luna.

La policía local se apresuró a señalar al crimen organizado como el posible autor de sus muertes.

“Es un mito que se ha querido alimentar, pero el crimen organizado no es responsable de todos los crímenes cometidos contra periodistas”, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19.

Desde el año 2000 hasta la fecha han sido asesinados en México 77 periodistas, lo que convierte a este país en uno de los más peligrosos del mundo para los informadores.

 En entrevista con SinEmbargo.mx, Ramírez afirmó que en México, pero especialmente en Veracruz, las acciones violentas en contra de los periodistas denotan una unión entre el gobierno y el crimen organizado que no permite identificar incluso quién es el perpetrador; además, en el actual escenario veracruzano, pareciera que la propia autoridad es la que impulsa la zozobra y la inseguridad entre la comunidad periodística local.

Tanto Gabriel Huge como Guillermo Luna, recordó, trabajaban en una investigación sobre el crimen organizado y sus ligas con funcionarios gubernamentales con Miguel Ángel López, periodista de la fuente policiaca y columnista de Notiver), quien fue asesinado el 20 de junio de 2011, junto con su esposa y su hijo menor, quien también era fotógrafo de ese diario.

Tras el asesinato de Milo Vela, que era el seudónimo con que López firmaba, Huge y Luna salieron de Veracruz y pidieron la protección de Artículo 19. Eran parte de los muchos periodistas desplazados que hay ya en México.

Sin embargo, este año regresaron a la entidad cuando sintieron que la situación era más segura. Su apreciación, dijo Ramírez –quien tenía comunicación con ellos– es que la entidad estaba en un proceso de descomposición y las amenazas contra la prensa eran continúas.

“Ellos no confiaban en las autoridades, las mismas que debieran estar encargadas de protegerlos, por su temor de la colusión con el crimen organizado”, añadió el director de Artículo 19.

Por eso fue que Artículo 19 avisó de esa situación en su informa a la OEA y, además, destacó del fenómeno de los periodistas desplazados en México.

Menos confiaban en las autoridades del gobierno de Veracruz que, tradicionalmente, ha sido uno de los que más gasta para asignar publicidad dentro de los medios locales, como una estrategia para controlar y acallar a la prensa.

Desde 2000 a la fecha, México registra la lacerante cifra de 70 periodistas asesinados y 13 desaparecidos. Sólo en el sexenio de Felipe Calderón se cuentan 45 homicidios de comunicadores. Veracruz tiene el penoso primer lugar con nueve asesinatos, le sigue Chihuahua con siete y Guerrero con seis.

De acuerdo con Darío Ramírez esto muestra que la impunidad y la displicencia reina entre las autoridades, y parece que alguien está ganando con estos asesinatos; ganan, dijo, todos aquellos a los que les conviene que los periodistas no difundan temas de interés público y, por otro lado, es una derrota para la ciudadanía pues estas muertes son un ataque directo al derecho a la información de la sociedad mexicana.

HUGE SECUESTRADO POR FEDERALES

Desde el mediodía hasta cerca de las tres de la tarde de ese de 26 de febrero de 2008, Huge Córdoba, describió a las autoridades cómo se le detuvo forzosamente y fue desaparecido, “lo golpearon, lo pisotearon con su botas militares y le lanzaron insultos y maltrato verbal”, consignó entonces Notiver.

“Incluso, cuando lo fueron a entregar a la Agencia Tercera del Ministerio Público, uno de lo elementos lo jaloneo para subir las escaleras de la representación social, cabe citar que Gabriel tienen un lesión anterior en la rodillas, por lo cual se le dificulta escalar.

“Fue cuando el oficial de la PFP, lo interpeló para decirle, que ahora sólo era dolor, y que la próxima vez ya no sentiría nada… como escarmiento para el resto de los reporteros, los cuales sólo han cubierto periodísticamente y publicado en su respectivos medios de comunicación las acciones del operativo federal ‘México seguro’”, expuso ese medio.

El fotoreportero entregó al agente del Ministerio Público de la Federación el video y las fotografías captadas en el lugar de los hechos, en donde se demostraba el agravio de que fue objeto.

Además, de acuerdo con Notiver, el perito medico de la delegación estatal de la PGR en Veracruz, el doctor Freda Roiz, certificó las lesiones y hematomas así como las huellas que Gabriel tenía en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el rostro, brazos, tórax y región lumbar.

El periodista se refirió también a las amenazas que los encapuchados de la PFP le lanzaron constantemente, durante su “levantón” de casi cinco horas.

A pesar de que el fiscal Cruz Cruz comentó que la debida integración de la Averiguación Previa sería determinada conforme a Derecho, y dentro de la Ley, para su consignación, no pasó nada.

El mismo fiscal no descartó incluso, que por ser el agraviado es un periodista, esa averiguación podría enviarse a la Fiscalía Especializada de Atención de Agravios a periodistas de la Procuraduría General de la República. Eso tampoco sucedió.

EL REPORTE 2011 DE ARTÍCULO 19 PARA LA OEA

Informe Especial para Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Falta de Protección a Periodista…

Quienes ejercen el periodismo son afectados/as por 3 tipos de violencia. Primero, la violencia generada a partir de la crisis de seguridad pública en México que enfrentan las comunidades en donde desempeñan su labor. Segundo, la particularmente dirigida hacia quienes ejercen el periodismo con motivo de la investigación y difusión de información, ideas y opiniones. Y finalmente la violencia producto de las condiciones laborales precarias en las que se encuentran la mayoría de periodistas, comunicadores/as y trabajadores/as de los medios de comunicación. La conjugación de estos factores está generando que un número mayor de periodistas decidan abandonar sus comunidades, a menudo en total anonimato. Además las agresiones graves a derechos humanos de periodistas tienen un efecto inhibidor que se multiplica a medida de que la impunidad se consolida en la investigación de cada uno de los casos. De acuerdo con los testimonios recabados por ARTICLE19, la sensación de desprotección y aislamiento de las comunidades de periodistas fuera de la ciudad de México se ven exacerbadas por la ausencia de investigaciones diligentes y la subsecuente estigmatización de las víctimas. Así pues, el desplazamiento interno de periodistas es un nuevo fenómeno directamente vinculado a la consolidación del patrón de violencia en contra de la prensa en México.

“ARTICLE 19 ha documentado los casos documentados de 19 periodistas que se han desplazado internamente desde 2009. El común denominador de estos casos es la recepción de amenazas y el alto riesgo de que éstas se concretasen. Los/las periodistas desplazados no accedieron a protección porque la amenaza provino de agentes estatales o por los conocidos vínculos de las autoridades con los agresores. Algunos de los cuales se describen a continuación:

En 20 de junio de 2011 fue asesinado el periodista de Notiver Miguel Ángel López Velasco (conocido como Milo Vela) y uno de sus hijos, el fotoperiodista Misael López Solana. Posteriormente fue asesinada la periodista Yolanda Ordaz, también periodista de Notiver. Los hechos fueron seguidos por declaraciones del entonces Procurador de Veracruz prejuzgando el caso y vinculando a la periodista con miembros del crimen organizado. El entonces procurador de Justicia de Veracruz, Reynaldo Escobar, afirmó que la periodista tenía nexos con bandas de la delincuencia organizada y exhibió como prueba el video de un interrogatorio extrajudicial realizado por criminales a integrantes de un grupo rival en el que se mencionan los nombres de periodistas entre los que se incluye a Ordaz, a López Velasco y al propio Miguel Ángel López Solana, hijo de Milo Vela, lo que puso en peligro, aún más, seguridad del periodista Miguel Ángel López Solana.

El señalamiento del Procurador hizo evidente la falta de voluntad política y prejuicio para brindar protección a quienes ejercen el periodismo. Aunado a la potencial amenaza contra comunicadores/as, tan sólo entre finales del mes de julio y mediados de septiembre de 2011, motivó el desplazamiento de 13 periodistas. Sólo tres de ellos han vuelto a Veracruz:

Miguel Ángel López Solana

Hugo Gallardo San Gabriel, de Televisa.

Arturo González, de El Dictamen.

Enrique Bautista, de El Dictamen.

Felipe Villanueva, de Imagen.

Franco Cardel, de AZ.

Cristian García, de AZ.

Guillermo Luna, de Notiver.

Luis Monroy, de ¡Orale!

Gabriel Huge, de Notiver.

Esteban Rodríguez, de AZ.

Andrés Salomón, de XEU.

Rafael Pineda Rapé, de Milenio y El Chamuco.