El mexicano Anastasio Hernández Rojas, quien fue residente indocumentado de San Diego durante varios años, iba a ser deportado en mayo del 2010. En vez de eso, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos lo golpearon brutalmente, provocándole la muerte. Ahora, el caso llegó a la CIDH para determinar si hubo violaciones de derechos humanos por parte del Estado.
Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– El 28 de mayo de 2010, el potosino Anastasio Hernández Rojas fue detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos en la Garita de San Ysidro, California, que colinda con la ciudad fronteriza de Tijuana. Durante 25 minutos —y a pesar de que iba a ser deportado–, Anastasio fue brutalmente golpeado, esposado, tirado boca abajo y aún en esas condiciones alrededor de 15 agentes continuaron la paliza con patadas, toletes y pistolas eléctricas inmovilizadoras.
El expediente fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por primera vez se revisó un caso de asesinato extrajudicial de un migrante que involucra a agentes gubernamentales de Estados Unidos. Organizaciones involucradas advierten que se podría sentar un precedente para casos posteriores de abusos a manos de los agentes migratorios.
La abogada demandante que representa a la familia de Hernández Rojas indicó que el Gobierno estadounidense no solamente se negó a presentar cargos en contra de los oficiales —bajo el alegato de que Anastasio había tenido una “actitud combativa”—, sino que también alteró evidencia de la noche en que falleció el potosino e intentó hablar con los testigos de los hechos.
“Hay una cantidad abrumadora de evidencia —incluyendo testimonios de testigos, videos y grabaciones de audio, testimonios de agentes y de médicos expertos, autopsias, reportes policiales y los testimonios de tres oficiales de alto rango que estuvieron involucrados en las pesquisas iniciales—, que los oficiales de Estados Unidos torturaron a Anastasio y crearon una tapadera de los hechos”, argumentó Roxanna Marie Altholz, litigante a cargo del caso. “No hubo ningún intento de usar menos fuerza [en la detención], ni de salvaguardar su vida”.
Frente a los alegatos de la familia de Hernández, Thomas Hastings, representante permanente interino de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), negó responder las preguntas de los comisionados de la CIDH en el momento —las cuales solicitó contestar posteriormente vía un documento—, y recordó que los análisis hechos por las agencias gubernamentales concluyeron que no existía suficiente evidencia para levantar cargos penales criminales o para demostrar que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) había violentado leyes federales sobre homicidio.
Ante el silencio de los funcionarios estadounidenses, María Puga, viuda de Hernández, dijo:
“Esto para mí es un gran paso. Ahorita miramos que el Gobierno no tuvo palabras para contestar, como todo el tiempo lo ha hecho en estos 12 años, y no saben qué contestar, porque saben que tenemos razón, y que hoy se les expuso la verdad de lo que pasó. Vamos a esperar la respuesta, esperemos que el Gobierno responda como debe de ser, porque sería una vergüenza —como ha sido en estos 12 años— que no nos hayan respondido y que no hayan castigado a esos oficiales”.
Las indagatorias por parte de la CIDH ocurren en un contexto de crisis migratoria y mientras que 2022 ya fue calificado como el año más mortífero para personas que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin documentación, ya que al menos 853 migrantes han fallecido en los últimos 12 meses (año fiscal), un aumento significativo frente al récord previo de 546 muertes registrado en 2021.
“La aplicación inadecuada de las políticas de uso de la fuerza de la Patrulla Fronteriza y una falta extrema de rendición de cuentas han llevado a una cultura de violencia e impunidad que ha devastado a las comunidades fronterizas durante décadas”, escribió al respecto la organización Alliance San Diego, quien ha insistido en justicia para Hernández y su familia desde hace 12 años.
28 DE MAYO DE 2010
Anastasio Hernández Rojas fue detenido por primera vez el 10 de mayo de 2010, cuando las autoridades policiacas lo acusaron de robar comida en una tienda. Inmediatamente fue entregado a la CBP, quienes iniciaron un proceso de repatriarlo a México. El 28 de mayo, Anastasio Hernández intentó reingresar a Estados Unidos para reunirse con su familia en San Diego, donde vivía con su esposa y sus hijos desde hace varios años.
Al ser detenido, y a pesar de que ya iba a ser nuevamente deportado, fue golpeado brutalmente por agentes migratorios estadounidenses mientras que él pedía incesantemente que dejaran de maltratarlo. Hasta después de alrededor de 25 minutos de recibir múltiples abusos físicos y ser electrocutado con un taser, los oficiales marcaron a una ambulancia para brindarle atención médica.
Un día después, los oficiales notificaron a su esposa María Puga que Anastasio “había tenido una pelea” y estaba en el hospital. Una vez ahí, los familiares de Hernández no recibieron información alguna, e incluso se les negaba que estuviera en las instalaciones.
“Nos dimos cuenta que Anastasio tenía muerte cerebral. La familia, todos, lloramos, y aún así no nos dejaron mirar a mi esposo; pasaron horas hasta que sólo a mí y a mi hija nos dejaron mirarlo”, expresó Puga durante la audiencia de la CIDH. “Cuando llego al cuarto del hospital y veo a ese hombre fuerte, grande, mi esposo, amor de mi vida, está en una camilla llena de tubos, inconsciente, y todavía está resguardado de agentes como si en algún momento él se fuera a parar y correr de ese lugar”.
La viuda de Hernández lamentó que el Gobierno de Estados Unidos no le hubiera dado en ningún momento una explicación para los hechos, pues resaltó que han sido 12 años “de dolor, de angustia”, en los cuales sigue siendo una incógnita para ella por qué su esposo está muerto.
“Pedimos a la Comisión que revisaran el caso porque la primera vez que se revisó no hubo cargos. Nosotros queremos que se haga justicia, queremos descansar, queremos un poco de paz en mi familia porque lo que le hicieron a mi esposo fue un asesinato”, expuso ante los comisionados. “Sin justicia no hay paz”.
