Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– El pasado jueves 3 de abril, el director del periódico Noroeste de Sinaloa, Adrián López Ortiz, sufrió un atentado. En un supuesto intento de robo, el periodista recibió balazos en la pierna. Más tarde, ese mismo día, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aceptó que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es un fracaso y se comprometió a reestructurarlo.

El titular de Segob aceptó en una reunión con el secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christopher Deloire, y la corresponsal de esa organización en México, Balbina Flores, que el Mecanismo instaurado en el sexenio pasado, el de Felipe Calderón Hinojosa,  la crisis que viven los comunicadores en el país.

De acuerdo con RSF, México ocupa el lugar 152 de una lista de 180 países con “ataques numerosos a la libertad de prensa, como consecuencia de la concentración de medios de comunicación, de la discrecionalidad para la distribución de publicidad oficial, de la violencia contra periodistas y de la impunidad que permite que esos delitos se puedan cometer”.

Con los datos coincidió Artículo 19, que en su más reciente informe “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”, donde expuso que el primer año de gobierno del priista Enrique Peña Nieto fue el peor para la prensa en el país.

La organización destacó en su informe –presentado horas después de que la casa del director de la ONG, Darío Ramírez, fuera allanada– que lo que más llama la atención en los ataques es que seis de cada 10 periodistas fueron agredidos por un funcionario público.

Y así lo afirmó el diario Noroeste ayer en su editorial “Callar no es opción” y en una conferencia de prensa posterior en la que que responsabilizó directamente al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez:

“Si no son órdenes suyas, son obras de gente que intenta quedar bien con su superior”, señaló el grupo de medios.

También exhortó al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Procurador Jesús Murillo Karam, a que, “si como responsables del destino del País realmente desean que el proceso de transición democrática se consolide, una de las primeras cosas que demandamos es que garanticen el libre ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la información y, sobre todo, a la vida”.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Los asesinatos contra periodistas en los últimos años han convertido a México en uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio en el mundo, según han denunciado diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión.

Desde 2007 han sido asesinados 50 periodistas. De acuerdo con Artículo 19, entre ese año y el pasado y 2013 se cometieron 726 agresiones a periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. De éstas, el 26 por ciento se cometieron en sólo en 2013, el año más violento en cuanto a agresiones a trabajadores de medios en este periodo, con 192.

La Federación Latinoamericana de Periodistas, informó que en lo que va del año han sido asesinados 3 periodistas. Además señaló que del 2000 al 2014, tienen registrados 132 asesinatos de: 109 periodistas, 10 trabajadores de la prensa; 9 familiares, 3 amigos de informadores y un civil.

A pesar de que en el sexenio pasado, el Presidente Felipe Calderón anunció la creación de una Fiscalía para proteger a los reporteros y Enrique Peña Nieto amplió la propuesta con la fundación de un mecanismo con el mismo objetivo, las propuestas gubernamentales no han producido ningún resultado.

Incluso, organismos de la sociedad civil pidieron la semana pasada que el Congreso llame a rendir cuentas a los funcionarios encargados del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas para tratar la “profunda crisis que vive esa instancia”.

De acuerdo con los representantes de la sociedad civil, a casi dos años de la creación de este órgano no ha sido capaz de salvaguardar al 100 por ciento la integridad de los defensores y comunicadores mexicanos amenazados por su labor.

Artículo 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos denunciaron el rezago del 70 por ciento de los casos que llegan al Mecanismo, así como  la falta de ejecución de 263.9 millones de pesos que no se han gastado desde su creación.

EL CASO NOROESTE

Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, regresaba a Culiacán la madrugada del jueves pasado después de participar en una mesa de análisis organizada por Artículo 19 y Fundar sobre medios de comunicación y publicidad oficial en la Ciudad de México, cuando fue atacado por dos hombres que robaron sus pertenencias y aunque se habían retirado de la escena del crimen, regresaron a dispararle en la pierna.

La Procuraduría General de Justicia del Estado presentó a tres supuestos responsables del ataque: Rodrigo Alberto Inzunza Ramírez, Benjamín Alejandro Hernández Leal y Joickjoel Carreon Madrigal, quienes fueron capturados en el poblado de Las Aguamitas, en Navolato, en posesión de dos armas cortas y dos armas largas.

El Procurador Marco Antonio Higuera Gómez dijo que sospechan  como móvil el robo del vehículo, sin embargo, organizaciones como Freedom House de México, Artículo 19 para México, el Centro para Protección de Periodistas (CPJ),  la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pidieron una investigación exhaustiva por la agresión y no descartar su trabajo periodístico en la indagación.

De acuerdo con el mismo diario, de 2010 a la fecha han sido objeto de 67 ataques, desde despojo de unidades de Distribución, disparos contra repartidores, golpes e intimidaciones contra periodistas, ataques contra sus edificios, asaltos violentos en una de sus plazas y hasta en sus propias casas.

Freedom House criticó que el Gobierno no haya tomado las medidas necesarias para prevenir este tipo de ataques, porque muestran que buscan amedrentar al directivo y a los colaboradores del diario. ”La forma en que ocurrieron los hechos muestra, sin lugar a dudas, que el ataque busca amedrentar al directivo y a sus colaboradores por el trabajo de información que dan a la ciudadanía,” dijo Mariclaire Acosta, directora de Freedom House en México.

A su vez, Artículo 19 solicitó que la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Libertad de Expresión (FEADLE) atraiga las investigaciones, pues se trata de un ataque grave a la integridad personal en un contexto adverso a su actividad profesional.

Por su parte,  el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, condenó los ataques de la madrugada de hoy contra el director general de Grupo Noroeste. Se dijo alarmado por la serie de amenazas y acoso contra el periódico en las semanas recientes y pidió a las autoridades que lleve a los responsables de estas agresiones ante la justicia.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifestó su preocupación por el “incremento de las agresiones contra medios y periodistas en México, uno de los temas que analizaremos en nuestra reunión de medio año sobre el estado de la libertad de prensa en las Américas”, que concluye el próximo lunes.

También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al gobierno de Sinaloa para Adrián López Ruiz, director del periódico Noroeste.“Se pidió implementar estas medidas precautorias a efecto de garantizar su seguridad, integridad física, así como de los integrantes y colaboradores del diario, a fin de evitar la consumación de hechos violatorios de sus derechos humanos de difícil o imposible reparación”, dijo.

En un comunicado, el organismo informó además que inició de oficio la investigación CNDH/5/2014/1515/Q, en la que documenta las agresiones de las que han sido víctimas reporteros y colaboradores del periódico. Asimismo, dio a conocer que visitadores adjuntos de este organismo acudieron a la entidad para entrevistarse con el periodista y hacerse de evidencias e información sobre la agresión.

“Se buscará que la autoridad investigue de manera amplia e imparcial hasta lograr el esclarecimiento de los hechos, se deslinden responsabilidades y se garantice que la agresión no quede impune”, refirió.

Este año los ataques se intensificaron a raíz de la captura del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera:

EL MECANISMO, UN FRACASO

Organismos de la sociedad civil precisaron que en junio de 2013 presentaron a la Secretaria de Gobernación (Segob) un diagnóstico sobre la situación del Mecanismo, donde se detectaron una serie de problemas que se siguen presentando actualmente.

Denunciaron la incorrecta ingeniería administrativa que desarrolla el personal dentro del Mecanismo, porque de las 18 plazas con las que debería contar sólo cuatro funcionarios realizan análisis de riesgo. Estos análisis son analizados por cinco funcionarios de mayor jerarquía, lo que evidentemente demora el proceso hasta por tres meses”

Indicaron que en la reunión que el 24 de febrero de 2014 que sostuvieron integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo (otra de las instancias que conforma este órgano), la Segob notificó que el Mecanismo había recibido 152 solicitudes de protección, de las cuales 22 no fueron aceptadas y 130 se aceptaron.

De estas últimas 41 solicitudes dijeron que fueron atendidas y 89 continúan pendientes.

“En otras palabras, casi 70 por ciento de las solicitudes aceptadas no habían sido atendidas, lo que significa que un gran número de defensores y/o periodistas continúen en riesgo. A ello cabe añadir que desconocemos cuántas personas han recibido totalmente las medidas dictadas por la Junta de Gobierno”, dijeron en el pronunciamiento.

La asociaciones civiles también mostraron su preocupación porque en el el último año diez funcionarios y funcionarias desertaron del Mecanismo. Dijeron que esto deja sin efecto las capacitaciones que han recibido por parte de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Protección Internacional y las que actualmente están recibiendo por parte de un equipo de expertos y expertas colombianas con financiamiento de la organización Freedom House.