En su primera semana de campaña por la presidencia de la República, las dos candidatas mujeres, Claudia Sheinbaum por el bloque oficialista y Xóchitl Gálvez por la coalición opositora, presentaron aun cuando de manera somera, sus propuestas en materia de seguridad, ciertamente el problema que más aqueja a los mexicanos y trastorna a la sociedad en muchos de sus sectores, limitándoles el desarrollo, la inversión, el crecimiento y en el extremo, la vida.

Ninguna de las dos tocó alguno de los dos problemas fundamentales, y el origen, de la inseguridad y la violencia en México: la corrupción y la impunidad.

Estos temas conducen a otro problema que no observaron o del cual por lo menos, no se refirieron públicamente, y que es el gran elefante en el país: la cada vez mayor presencia del narcotráfico a través de más cárteles, más miembros de la criminalidad organizada, y más droga en el territorio para ser trasegada a otros países, particular, aunque no exclusivamente, a los Estados Unidos.

La corrupción, tanto en corporaciones policíacas como en aparatos de gobierno, ha permitido a los cárteles de la droga expandir sus ilícitas actividades y crecer, también mantenerse en libertad con total impunidad. En México no es notoria la aplicación de la justicia como sí lo es el disfrute de la impunidad. Los asesinos no van a prisión, como tampoco los lavadólares, los cobradores de piso, los extorsionadores.

A ver, uno de los parámetros para la medición de la violencia y la inseguridad en el país, al cual por cierto tampoco se refirieron en sus discursivas sobre la violencia alguna de las dos candidatas, es el homicidio doloso, que, del 1 de diciembre de 2018 al cierre de diciembre de 2023, se contabilizaban en más de 171 mil ejecutados en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No es una cifra que asombre, no después de ser testigos de masacres de jóvenes en distintos estados de la República Mexicana, de ataques a inocentes y terribles emboscadas a policías, guardias y militares por parte de los cárteles de la droga. A diferencia de Sheinbaum y de Gálvez, como candidato en campaña, López Obrador sí vio el problema (por lo menos) e hizo una promesa: en seis meses bajar la incidencia en homicidios dolosos. No lo cumplió, y esa, lo sabe, es su gran deuda con el País. La seguridad que no llegó.

Con tal cifra, sin considerar los ejecutados que se registrarán de enero a octubre de 2024 cuando el presidente concluya con su encargo ante la Nación, López Obrador habrá superado los más de 150 mil homicidios dolosos registrados en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, y por supuesto los más de 120 mil que acontecieron durante la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Las ejecuciones se volvieron un parámetro en la medición de la violencia y la inseguridad en el País, cuando los cárteles de la droga comenzaron a ejecutarlos para apoderase de territorios, sea para el cultivo y la producción de la droga, para la venta y distribución o para el tráfico hacia los Estados Unidos, dominar los territorios a fuerza de sangre y plomo les asegura la exclusividad por regiones. Debido a eso, el país está dividido en redes criminales. Mientras por ejemplo el cártel de Sinaloa domina una veintena de Estados, el de Jalisco predomina en otras, y México se ha dividido en muchos territorios del narcotráfico, donde transitar es arriesgar la vida. El propio presidente de la República lo reconoció cuando en la masacre de los cinco jóvenes universitarios en Celaya, Guanajuato, para dar explicación al crimen, dijo: “lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro, pasaron a algún lugar de Villagrán a comprar droga y ahí los asesinaron”, agregando que aún no concluía la investigación pero sentenciando más adelante que le estaban comprando droga a alguien que “estaba vendiendo en territorio que le pertenecía a otra banda”.

Premisa que sirvió para conocer que el presidente reconoce que hay territorios que pertenecen a bandas que venden droga, aunque la acepción de esa frase respecto al consumo de droga por parte de los jóvenes asesinados, sería falsa, no solo por las declaraciones de los padres, sino por los exámenes toxicológicos que le fueron practicados a los cuerpos y dieron negativo al consumo de drogas.

Sin embargo, a pesar de este contexto de inseguridad y violencia, ninguna de las dos candidatas se comprometió directamente a la disminución de los homicidios, tampoco al combate a los cárteles de la droga, ni un programa para recuperar los territorios del narcotráfico para los mexicanos.

En fechas recientes otro fenómeno de comunicación ha dado muestra del poderío criminal de los cárteles de la droga. Videos que son descargados en diferentes plataformas de reproducción y redes sociales, donde supuestos miembros de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa o del cártel del Noroeste, presumen no solo los muchos miembros que tienen, sino los vehículos que poseen para “defender” sus territorios, o las armas largas con las que cuentan que suelen ser de mayor envergadura a las que utilizan las policías facultadas para combatirlos en los estados de la República, sean de cualquier orden de gobierno.

Las candidatas, Sheinbaum y Gálvez, o Gálvez y Sheinbaum, se fueron por las ramas en lugar de llegar a la raíz para encontrar y promover una estrategia de verdadera contención de la criminalidad organizada y el narcotráfico y con ello disminuir los índices de homicidios dolosos, del trasiego de droga, el lavado de dinero o la toma de territorios.

No hubo una mención al verdadero ejercicio de un Estado de Derecho, ni a la depuración policíaca, ni de estrategia operativa para combatir a los cárteles, hacer justicia en los homicidios, disminuir el secuestro, la desaparición de personas, el cobro de piso o la extorsión, fenómenos criminales que tampoco fueron abordados en el posicionamiento de las mujeres.

Xóchilt Gálvez dio a conocer diez puntos:

1.- No concesiones al crimen organizado, se acabaron los abrazos.

2.- Recuperar respeto por vocación de las Fuerzas Armadas.

3.- Nuevas policías con poder para vencer al crimen.

4.- Acuerdo nacional, órdenes de gobierno, congreso y sociedad, para lograr la paz.

5.- Duplicar número de ministerios públicos locales y federales.

6.- Guardia Nacional.

7.- Uso de tecnología y de inteligencia.

8.- Prisión de máxima seguridad y alta tecnología para capos.

9.- Contener y reducir organizaciones criminales más violentas. 32 equipos policiales de reacción.

10.- Sistema de justicia cívica.

11.- Derechos humanos como garantía de paz.

12.- Atención a víctimas una prioridad del Estado.

13.- Construcción de un tejido social sólido.

14.- Estrategia Nacional de Reconciliación, cultura de la paz.

15.- Fortalecer la cooperación internacional para la paz y la seguridad.

Claudia Sheinbaum concentró su estrategia en lo que llamó 5 ejes, que serían nutridos por las disertaciones del candidato a senador Omar García Harfuch:

1.- Honestidad y atención a las causas, enfoque especial en educación y derechos para los jóvenes.

2.- Consolidación de la Guardia Nacional, adherirla a la SEDENA y ampliando facultades para vigilancia y respuesta.

3.- Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, creación de un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública para coordinar las áreas involucradas.

4.- Coordinación en todos los sentidos; entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad, federal, estatal y municipal; inclusión del Fiscal General de la República en el gabinete de seguridad.

5.- Reforma al Poder Judicial, no sólo en elección de jueces y ministros, también para establecer sistema de sanciones efectivas, y coordinación con las instituciones de seguridad.

Es de esperar que el problema número uno del país, como lo es la inseguridad y la violencia, no solo tenga un día en el itinerario de campaña de las candidatas que buscan suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en los siguientes días vayan a elaborar más sobre los operativos, estrategias y políticas públicas para proveer seguridad, justicia, combate a la corrupción y fin a la impunidad tanto a las víctimas de la violencia, como a los mexicanos todos.

Porque hasta donde van, no ofrecen ninguna novedad, y como los últimos tres presidentes, incluido López Obrador, de entrada, le quedan debiendo al país en materia de seguridad.

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