Hace menos de un mes,las encuestas del periódico Reforma revelaban no sólo la caída constante de la popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto, sino la percepción generalizada de que los ciudadanos no vislumbramos un rumbo claro para el país. Los errores han sido acumulativos, quedan dos años en los que cualquier decisión definirá si permanecemos en la sobrevivencia o si algún cambio fundamental permite dar un giro de determinación y porvenir.

Aunque parezca imposible se abre una oportunidad fundamental para reconsiderar el modelo de procuración de justicia que tendrá México en las próximas décadas. El Presidente podría recapacitar y modificar los artículos transitorios con los que, al igual que los gobernadores de su partido Javier y César Duarte, se blinda la impunidad. Se requiere,obviamente,de un replanteamiento del Poder Legislativo que detenga a tiempo lo que sería el burdo traspaso de la PGR a una denominada Fiscalía. ¿Corremos algún riesgo? ¿Tiene alguna implicación importante en nuestras vidas?

El proceso de designación de quien encabezará la nueva Fiscalía depende del artículo décimo sexto transitorio, el cuál no podría resultar menos democrático: “El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse las leyes secundarias será el Fiscal General de la República por un periodo de 9 años”. Tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional tienen propuestas de ley secundaria para presentarse en próximas fechas. Esto significaría que la actual Procuradora o quien el Presidente designe para suplirla continuarán en el cargo por 9 años más.

El traspaso no sólo garantiza que a la cabeza se imponga a un incondicional del Ejecutivo, sino que renuncia a la oportunidad de transformar por completo el sistema de procuración de justicia, ya que el artículo décimo noveno transitorio contempla que, a partir de la entrada en vigor de la regulación, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la PGR pasarán al órgano “autónomo”. Otro de los enredos de la reforma de la Fiscalía a nivel federal deja en el limbo a los órganos periciales y, como todo parece indicar, los incluyen en el traspaso como parte de un inventario no valuado.

¿Qué clase de autonomía es esa? Nuevo nombre, mismo Fiscal con las mismas prácticas, aciertos, vicios y perjuicios.

En contraste hay una propuesta innovadora y atrevida que puede hacer la diferencia: el proyecto de Constitución para la Ciudad de México que contempla plena autonomía para la Fiscalía General de Justicia y establece como obligación del Ministerio Público de agotar las líneas de investigación solicitadas por la víctima y el ofendido. Deja el proceso de nombramiento en manos de un Consejo Ciudadano nombrado por el congreso local y establece la autonomía técnica y presupuestal del órgano de servicios periciales y forenses. Vaya, este último punto es trascendental para la transparencia de las averiguaciones. La Fiscalía autónoma de la Ciudad de México es un proyecto con miras a la plena transformación del sistema de justicia. Ahora queda esperar que los constituyentes sepan defenderlo. De ser así, estaríamos presenciando un paso histórico en materia de justicia que ojalá se replicara a nivel nacional.

Para eso, está en las manos de diputados y senadores detener a tiempo la elaboración de leyes secundarias y realizar una modificación a fondo de la Reforma Constitucional. Sólo así la plena autonomía se vería claramente reflejada tanto en el proceso de designación como en el diseño y la construcción institucional que amerita la reingeniería de un sistema de justicia sólido y confiable.

La Presidencia de la República podría recapacitar a tiempo, mandar una propuesta de reforma en este sentido, dar un paso atrás, romper el ritmo de errores con el que ha marcado su sexenio y comprometerse a entregarle a los ciudadanos la regulación de una fiscalía plenamente nueva. A menos que prefiera reinaugurar el local de la injusticia archivada y catapultar su historia de Gobierno fallido.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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