La Fiscalía especializada de Coahuila admitió que la mitad de personas llevadas a juicio en Coahuila eran elementos policiacos. Los oficiales pertenecían a diferentes corporaciones de seguridad, estatales, federales y municipales. Para que el delito de desaparición forzada se configure en caso de ser cometido por un policía, el elemento investigado debe estar en activo.

Saltillo, 6 de septiembre (Vanguardia/Infobae).- Al menos la mitad de las personas en proceso penal por el delito de desaparición forzada y secuestro en Coahuila eran policías en activo cuando actuaron en contra de civiles, reveló el titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera.

“Hemos contabilizado que tenemos aproximadamente 108 o 109 que están siendo procesadas en este momento por el delito de desaparición forzada, por el delito de desaparición cometida por particulares y por el delito de secuestro calificado”, dijo Herrera.

El funcionario de la Fiscalía General del Estado también reveló que estos casos de desaparición datan desde el año 2008 y que se incluyen a algunas víctimas de la Masacre de Allende y del Penal de Piedras Negras.

“No tengo el dato exacto, pero te puedo decir que entre el 45 y 50 por ciento, aproximadamente”, eran policías en activo los presuntos responsables cuando sucedieron los hechos.

Los policías pertenecían a diferentes corporaciones de seguridad, estatales, federales y municipales. Para que el delito de desaparición forzada se configure en caso de ser cometido por un policía, debe estar el elemento en activo.

De acuerdo con el funcionario de la Fiscalía General, se ha trabajado en estos y otros delitos con los colectivos de familias de víctimas de desaparecidos, para tratar de obtener más información y poder castigar a los culpables.

EN MÉXICO LA POLICÍA NO ESTÁ CAPACITADA

Desde 2009, en México existe una ley que obliga a los policías de todas las corporaciones a realizar una evaluación de control de confianza. El objetivo es determinar si el uniformado cuenta con las aptitudes físicas y psicológicas para salvaguardar la seguridad nacional.

Sin embargo, a 10 años de su creación, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no ha dado los resultados esperados, pues actualmente 1 de cada 5 elementos en activo no cumple con este requisito.

De acuerdo con el último reporte de las evaluaciones de control de confianza publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en todo el país hay 400 mil 274 elementos de todas las corporaciones que se encuentran en activo.

De ese total un 80 por ciento ya aprobó los exámenes de control de confianza, pero todavía hay una quinta parte que por diversas razones no cuenta con el certificado vigente, es decir, hay 76 mil 827 policías que no deberían estar portando uniforme.

Dentro de esos agentes que no cuentan con el certificado de confianza 28 mil 590 ya fueron evaluados y reprobaron los exámenes. Hay otros 43 mil 929 elementos que sí aprobaron las evaluaciones, pero cuyo certificado ya caducó pues su última prueba fue hace más de tres años.

Finalmente, está el caso de otros 4 mil 318 uniformados que a pesar de encontrarse en activo todavía no han sido evaluados.

Elementos egresados de la Academia de Policía de la CdMx. Foto: Cuartoscuro.

A nivel nacional el caso más crítico es el de Sinaloa, donde el 47 por ciento de los policías (incluidos estatales, municipales, ministeriales y de reclusorios) no aprobó el control de confianza, es decir, 1 de cada 2 elementos.

El segundo caso más grave es el de Baja California Sur con un 32 por ciento de sus agentes no aprobados; le sigue Nayarit con un 29 por ciento y Guerrero con 24 por ciento.

Sin embargo, ninguno de estos estados supera la crisis que se vive en los centros penitenciarios federales, en donde solo el 39 por ciento de los 3 mil 336 agentes cuenta con el proceso de control de confianza vigente.

En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), el 80 por ciento de su estado de fuerza está al corriente en el proceso de evaluación, mientras que en la Policía Federal, el 84 por ciento de los elementos cuentan con exámenes vigentes.

Las pruebas de control de confianza se dividen en cinco fases: exámenes de polígrafo, toxicológicos, de estado físico, conocimiento y entorno socioeconómico.

La aplicación de estos exámenes solo puede llevarse a cabo en centros autorizados y certificados. De acuerdo con el reporte actualizado del SESNSP, existen 39 centros certificados de los cuales 35 son estatales, además de cuatro federales.

-Con información de Édgar González/Vanguardia.