“Hasta ayer al medio día no se sabía el monto que pagará Televisa, lo que dio pie a un conjunto de especulaciones, que se alimentó por la ausencia, también hasta ese momento, de información de parte del IFT”. Foto: Antonio Cruz y Saúl López, Cuartoscuro

Las concesiones de Televisa y TV Azteca fueron prorrogadas por 20 años, hasta el año 2041. No es algo inesperado. Aquí, en este espacio comentamos desde mayo (Sin Embargo, 15 de mayo 2018) que esta decisión se veía venir ante los plazos previstos en la ley y que el factor al que habría que estar muy atentos era el de la contraprestación económica por dichos refrendos. Desafortunadamente, no fue un tema que en su momento haya interesado a diferentes actores, sino hasta ahora, que se concretó la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a pocos días que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

¿Se pagó mucho, poco o lo justo? Se trata de un ejercicio complejo en el que se consideran los resultados de las licitaciones públicas de canales de televisión y la población de la zona de cobertura de cada concesión. En la licitación IFT-1, Cadena Tres, S.A. de C.V. ofreció mil 808 millones de pesos por la concesión, por 20 años, de una cadena nacional de 123 canales. El pago fue de 2.835 pesos por MHz por habitante.

Aparentemente un criterio similar se aplicó a la prórroga de las televisoras. Hasta donde sabemos, TV Azteca pagará 3 mil 897 millones de pesos, lo que representa 2.15 veces el monto de lo que desembolsó la familia Vazquez Raña-Aldir por la cadena denominada Imagen Televisión. La diferencia radica en que TV Azteca tiene dos cadenas nacionales (Azteca Uno y Azteca 7) y un canal local, Televisora del Valle de México (ADN 40) en la Ciudad de México, que sumarían, según la misma televisora, 179 canales contra una cadena, Imagen Televisión, integrada por 123 canales.

Hasta ayer al medio día no se sabía el monto que pagará Televisa, lo que dio pie a un conjunto de especulaciones, que se alimentó por la ausencia, también hasta ese momento, de información de parte del IFT. En el caso de la televisora de Emilio Azcárraga el cuestionamiento ha sido mayor por su condición de agente económico preponderante en radiodifusión. ¿Se establecieron nuevas obligaciones a la empresa para mejorar las condiciones de competencia en la televisión abierta o se mantuvieron sin cambios sustanciales sus títulos de concesión?

La lectura política también se ha hecho presente. Es lógico por la manera en cómo actuaron, sin grandes diferencias, el PRI-Gobierno y el PAN-Gobierno. El órgano constitucional autónomo, el IFT, se creó justo para que no se sujetara a las lógicas e intereses de los cambios de Gobierno. Sin embargo, en un “timing” poco afortunado, decide concretar la prórroga a días de la transición política.

¿Por qué ahora y no después? El pleno del IFT responderá que su actuación se rigió bajo criterios técnicos y los plazos establecidos por la ley, sin importarle lo que pasa en los resultados electorales, pero no puede obviarse que la llegada de un nuevo Gobierno, con una visión distinta sobre las políticas públicas en el sector, podría traer un cambio de reglas, por ejemplo, en el monto de las contraprestaciones por las prórrogas que debe proponer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o en una revisión más exhaustiva de los expedientes de las televisoras en la Secretaría de Gobernación o en otras dependencias.

Aunque al final del día, el IFT tiene el sartén por el mango en la regulación de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones, el Gobierno federal conserva cierta incidencia en el otorgamiento y prórroga de las concesiones, que ya no tendrá la administración de López Obrador. En este caso, la decisión de los comisionados del órgano regulador sí fue transexenal, como lo hizo el Gobierno de Vicente Fox, y se saltó al lopezobradorismo, a Morena y sus partidos aliados.

PRIMERA VEZ QUE PAGAN

De la polémica que se ha generado, algo debe reconocerse, producto de la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones: es la primera vez que las televisoras nacionales pagan contraprestaciones económicas por las prórrogas. Antes de eso, los refrendos fueron prácticamente gratuitos.

La última ocasión que se renovaron las concesiones de televisión gratuitamente fue en el 2004, bajo el argumento de que era necesario dar “seguridad jurídica” para las inversiones con motivo de la transición hacia la televisión digital terrestre o TDT. Ahí sí fue un regalazo del “Gobierno del cambio”, que se sumó al “decretazo” de 2012 que disminuyó radicalmente los “tiempos fiscales” que debían ceder las emisoras de radio y televisión al Estado.

Las concesiones de televisión se refrendaron hasta el año 2021, aunque la política foxista de TDT establecía que si para ese año aun no se concretaba el apagón analógico de la televisión, la prórroga de concesiones podría prolongarse indefinidamente hasta lograrse ese objetivo. El Gobierno de Calderón modificó las fechas para el fin de las transmisiones analógicas, pero se mantuvieron intactos los refrendos de las concesiones al 2021.

Otro cambio notable es que el procedimiento para la prórroga de las concesiones era discrecional. Ahora no lo es. Para su resolución, el pleno del IFT consideró el análisis de sus unidades de Cumplimiento, de Competencia Económica, de Espectro Radioeléctrico y de Medios Audiovisuales. También, como ya se dijo, requirió información de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, al igual que la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la SHCP, en este último caso sobre el monto de las contraprestaciones. El INE también fue requerido para saber si los concesionarios cumplieron o no sus obligaciones ante la autoridad electoral.

Toda esta información, supongo, puede ser solicitada y analizada por cualquier ciudadano para saber si el IFT hizo una valoración o ponderación adecuada y apegada a la ley para dar una respuesta satisfactoria a las televisoras en un plazo muy corto, no obstante la cantidad de expedientes que se debieron revisar: seis meses, desde que se ingresaron las solicitudes de prórroga.

¿Y LA TV DE PAGA?

Otra variable de la polémica generada es la posibilidad de que Televisa adquiera Megacable. Si eso sucediera, Televisa tendría más del 80 por ciento del mercado de la televisión de paga. No es la primera vez que se filtra la posibilidad de una concentración entre ambas empresas, pero no ha superado la especulación. ¿Será que ahora sí se concreta el acuerdo, una vez aseguradas las prórrogas en televisión abierta? ¿será posible gracias al artículo noveno transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que de alguna manera impide al IFT limitar o restringir las concentraciones en el sector de las telecomunicaciones, que es donde se ubican los servicios de televisión de paga? ¿aprovecharán hacerlo en estos días antes que el Congreso pueda eliminar ese artículo que nulifica las atribuciones del órgano regulador y que fue redactado en 2014 para beneficiar, sin pudor alguno, a Televisa?

@telecomymedios