Los primeros mexicanos deportados de Estados Unidos llegaron esta tarde y se reunieron con el Presidente Enrique Peña en la Terminal 2 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Donald Trump ha prometido deportar hasta a 3 millones de inmigrantes indocumentados “con historial criminal”. En este contexto, la UNAM anunció que apoyará a los estudiantes y académicos que pudieran ser deportados y adelantó que la Máxima Casa de Estudios se unirá a la concentración pacífica en defensa de la soberanía y dignidad, convocada para el 12 de febrero.

Se calcula que de todos los connacionales que viven en EU unos cuatro millones trabajan y no tienen papeles legales. Todos ellos, si fueran deportados al país, y no encontraran trabajo, se sumarían a los dos millones que ya se encuentran en el desempleo, de acuerdo con las cifras oficiales.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que apoyará a los estudiantes y académicos que pudieran ser deportados de Estados Unidos por las políticas del gobierno de Donald Trump y adelantó que la Máxima Casa de Estudios se unirá a la concentración pacífica en defensa de la soberanía y dignidad, convocada para el 12 de febrero.

Este mismo día, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió a más de cien migrantes deportados de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Somos sin duda un pueblo creativo que, sin importar la magnitud de los retos, sabe enfrentarlos descubriendo las oportunidades. Nuestro futuro debe estar en nuestras manos”, aseveró el rector Enrique Graue Wiechers en la ceremonia por el centenario de la promulgación de nuestra Carta Magna “México a 100 años de su Constitución: balance y reflexiones desde la UNAM”.

“La Universidad no puede quedar al margen del actual conflicto. Por ello, está realizando y emprenderá diversas acciones en apoyo a uno de los grupos más vulnerables: los estudiantes y los académicos”, dijo.

Las medidas anunciadas por la UNAM son las siguientes:

• Se envió una carta a las 39 universidades estadounidenses con las que tiene convenios vigentes invitándolas a que, en caso de que los estudiantes mexicanos se vean en dificultades para continuar sus estudios, hagan contacto con la UNAM a fin de recibirlos, o bien, para servir de puente con las universidades incorporadas o del interior de la República. El objetivo es que los alumnos deportados puedan continuar sus estudios y el país no se quede sin su potencial intelectual.

• Se mandó una misiva a la Asociación de Universidades Públicas (APLU, por sus siglas en inglés), para agradecer la solidaridad que sus 139 instituciones miembro han manifestado ante las medidas discriminatorias y xenofóbicas del actual gobierno de Estados Unidos y, al mismo tiempo, ofrecerles el apoyo de la UNAM a los jóvenes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad migratoria.

• La Secretaría General, la Oficina de la Abogada General y la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) propondrán al Consejo Universitario mecanismos y medidas para evitar trámites excesivos que en circunstancias como las presentes, sean difíciles de cumplir para su incorporación a los diferentes niveles educativos.

• Se invitará a todas las universidades autónomas de la República Mexicana que se sumen a estas medidas que eventualmente se aprueben. “Estoy seguro de que, entre todos, crearemos la oferta educativa necesaria para apoyar la reintegración de esos estudiantes”, dijo el rector.

• El Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el Extranjero (PAME-UNAM) convocó, para el próximo 24 de febrero, a todas las sedes que tiene la UNAM en la Unión Americana –Los Ángeles, Tucson, San Antonio, Chicago y Seattle–, a una reunión en la sede de Seattle para discutir, acordar y articular las medidas necesarias.

• En la edición de hoy de Gaceta UNAM, añadió Graue, se publica la creación del reconocimiento Alfonso García Robles, que lleva el nombre de nuestro Premio Nobel de la Paz, y cuya finalidad será reconocer a alcaldes, gobernadores, agrupaciones e instituciones de educación superior que se opongan a la xenofobia e intolerancia del actual gobierno estadunidense, y que actúen en favor de los derechos humanos de nuestros connacionales.

• El secretario general de la UNAM y los distintos coordinadores, integrarán grupos de trabajo para que hagan aportaciones en temas, como: Nuevas estrategias de desarrollo económico; Seguridad Alimentaria; Explotación pesquera; Participación ciudadana; Política de Estado para seguridad y justicia; México y sus relaciones con el mundo, y Políticas migratorias, así como, Educación media superior y superior; Ciencia, tecnología e innovación; Igualdad de género, tolerancia y diversidad; Diversificación de las relaciones comerciales; Cambio climático y sus consecuencias, y en las áreas del conocimiento en donde sea importante que la UNAM se manifieste para propiciar un futuro estable, próspero y justo para nuestra nación.

Graue Wiechers también anunció que la UNAM se unirá a la concentración pacífica en defensa de nuestra soberanía y dignidad, convocada para el 12 de febrero.

“La defensa de nuestra dignidad y soberanía -está y debe estar- por encima de cualquier ideología, posiciones políticas o reclamos administrativos. La embestida externa no nos debe encontrar desunidos”, destacó.

EPN SE REÚNE CON DEPORTADOS

Este mismo día, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió a más de cien migrantes deportados de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El recibimiento se llevó a cabo de manera privada en el área de llegadas internacionales de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino.

De acuerdo con información difundida por la Presidencia, son más de cien mexicanos que arribaron a las 11:00 horas, como parte del Programa de Repatriación Voluntaria vía aérea que lunes, martes y jueves tiene vuelos organizados por el Instituto Nacional de Migración y autoridades estadounidenses.

En el lugar, de acuerdo con reportes de prensa, hay un dispositivo de seguridad, con elementos del Estado Mayor Presidencial, del Ejército y de la Secretaría de Gobernación.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido deportar hasta a 3 millones de inmigrantes indocumentados “con historial criminal”.

“Vamos a ir por los criminales y los que tengan un pasado delictivo, miembros de pandillas, narcotraficantes. A mucha de esta gente, unos dos o incluso tres millones, la vamos a sacar del país o la vamos a encarcelar”, dijo Trump durante una entrevista en noviembre pasado.

Se calcula que de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos unos cuatro millones trabajan y son indocumentados. Todos ellos, si fueran deportados a México, y no encontraran trabajo se sumarían a los dos millones de mexicanos que ya se encuentran en el desempleo , de acuerdo con las cifras oficiales. Si eso ocurriera, la cifra del paro en el país alcanzaría los seis millones de desempleados.

Hasta el año 2014 había 11.1 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos, de los cuales 5.8 millones eran mexicanas, de acuerdo con datos del Pew Research Center, mostrados en un reporte en septiembre pasado. De los 8.1 millones que trabajaban en la construcción y los servicios, 4 millones 14 mil 80 eran mexicanos.

México, con una economía ya en desaceleración, no es capaz de generar más empleos con seguridad social, por lo que el arribo de tres o cuatro millones de personas sin trabajo sería imposible de enfrentar. De hecho, esa es una de las causas por las que se van a Estados Unidos: en busca de un trabajo.

La expansión promedio de México durante 2011-2015 ha sido sólo de un 1.7 por ciento, “lento para una economía emergente”, de acuerdo con la calificadora Standard and Poor’s. El año pasado se llegó a un 2.5 por ciento, pero para este 2016 los analistas estiman no más de un 2 por ciento.

Con ese ritmo de crecimiento, el gobierno tampoco podría ofrecerles el derecho a servicios de salud pública, a la alimentación ni a la vivienda. Actualmente no lo hace para el total de la población.

De acuerdo con un estudio del Center for American Progress, se necesitarían 114 mil millones de dólares para concretar las deportaciones masivas; es decir, un promedio de 10 mil 70 dólares por estadounidense.

Los especialistas han destacado que la deportación masiva también lleva consecuencias políticas y sociales para los estadounidenses.