El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí, expresó ante empresarios que es imposible querer resolver la problemática nacional con más inversión pública.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Los empresarios mexicanos organizados en sindicatos patronales parecen haber convertido su insatisfacción en rebelión contra Andrés Manuel López Obrador. El plan de recuperación económica ante la pandemia de coronavirus, que presentó este domingo el Presidente, los tiene alarmados. Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo esta mañana en distintas entrevistas que es un plan incompleto y que el Gobierno tiene oídos sordos. Alertó que más de un millón de empleos se perderán y que la caída del PIB llegará a un 10 por ciento.

Contrario a lo que dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el apoyo de los empresarios, Salazar Lomelí acusó al Gobierno federal de no escuchar a los empresarios, ni sus planteamientos, como el que hicieron en un decálogo presentado al Jefe del Estado mexicano en el que solicitaban el retraso de pagos de impuestos, entre otras medidas.

Ayer, el presidente de la CCE dio una entrevista a Carlos Loret de Mola, en el programa “Así las cosas”, dijo que el plan del Presidente López Obrador le pareció “completamente incompleto”, y afirmó que el Estado no puede hacerlo todo junto.

“Es imposible querer resolver esta problemática aumentando, como se nos dijo el domingo, solamente la inversión pública”, afirmó esta en reunión con más de 3 mil empresarios de todo el país.

También expresó que el problema de empleo y los “dramas” a los que se enfrentará la economía nacional no se pueden lograr sin el apoyo de la inversión privada, que es la principal generadora de puestos de trabajo. “Como se nos dijo, 2 millones de empleos en nueve meses, es totalmente irrealista, no hay realismo”, afirmó.

Hoy, durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente López Obrador expresó que empresarios como Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea se mostraron dispuestos a cooperar con el plan de reactivación económica que presentó. Les agradeció por seguir pagando a sus trabajadores y no despedir a nadie, “aun cuando están sus trabajadores en casa”.

Ayer dijo que quienes se oponen al proyecto presentado por el Ejecutivo sólo buscan el “banderazo de salida” para restaurar la corrupción en el país. Señaló que sería absurdo regresar a las prácticas del pasado, pues, afirmó, el coronavirus sólo precipitó el derrumbe de la política neoliberal no exclusivamente en México, sino en todo el mundo.

“Por eso algunos dicen: ¿dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un ‘banderazo de salida’ para de nuevo instaurar la corrupción en México y eso no, fue muy claro ayer”, explicó el primer mandatario.

Desde el domingo el presidente del CCE expresó su inconformidad con el plan de recuperación económica planteado por el Gobierno federal y dijo a medios que para enfrentar la crisis económica que dejará la emergencia sanitaria por el COVID-19 se deberán aplicar otras medidas. En caso de no hacerlo, la economía nacional caerá un 10 por ciento, con una inflación similar y la pérdida de hasta un millón de empleos.

Lomelí Calificó como desgarrador el escenario actual en el que no se ha hecho partícipe su voz en el discurso nacional, “no hemos sido capaces de hacernos oír por nuestras autoridades”, se quejó y anticipó que quienes se han acercado a anticipar la crisis que se avecina sólo han vislumbrado “la punta del iceberg”.

Recordó que el organismo presentó un decálogo para enfrentar la contingencia económica que dejará la pandemia de coronavirus, en el que no se pidió la reducción de impuestos, i el rescate de empresas o la derogación de responsabilidades fiscales.

“Nunca ha pedido el sector privado salvamentos, nunca hemos nosotros pedido, como se dijo todavía el domingo pasado, ‘socializar las pérdidas y privatizar las ganancias’ ese discurso ya no es posible escucharlo”, expresó en la reunión de este martes con los 12 grupos empresariales que conforman el CCE.

Afirmó, que la crisis actual es la más importante del siglo, pues en ningún momento de la historia se había detenido el mundo por “una misma causa”. Ahora, todas las cadenas de valor se desintegraron y ello dejó una preocupación grande en los Gobiernos que “han actuado de manera responsable”.

PLAN EL CCE

El Consejo acordó suscribir un convenio nacional con el Gobierno para poder transitar los siguientes 90 días, con el objetivo de proteger el empleo y los ingresos de las familias; lograr la recuperación inmediata; evitar que se convierta en una crisis de solvencia y tener recursos para continuar programas sociales actuales.

Para abril propuso un programa generalizado de vacaciones pagadas en los sectores no esenciales. Para los sectores críticos (como la aviación, hotelero y restaurantero) diferir el pago del total de las contribuciones a la seguridad social, sin que ello implique la condonación. En conjunción con el Gobierno federal, la activación de fondos públicos por 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos, especialmente para medianas y pequeñas empresas, con tasas de interés blandas.

Para mayo y junio, las medidas propuestas fueron el apoyo a todas las empresas que acepten el convenio de sostener empleo y salarios para en su totalidad por 60 días. La utilización del programa de garantías para las empresas solventes con problemas de liquidez.

Diferir, sin condonar, las contribuciones a la seguridad social por 60 días, así como el pago de impuestos de las empresas, hasta por 90 días, sin cargo de intereses; también la suspensión temporal de pagos del del ISR (propio y retenido por sueldos). Que las contribuciones se difieran a doce pagos en 2021, así como plantear incentivos por pronto pago.

Para el sector primario, permitir la deducción en la adquisición de terrenos con destino agrícola o ganadero; la revisión de sectores y regiones que puedan volver a operar; la vuelta  labores de personas infectadas y recuperadas y analizar la posibilidad para grupos de bajo riesgo sanitario.

La activación de un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020; compensación universal para todo el año y para las empresas grandes comprometidas a disminuir los tiempos de pago a proveedores MIPYMES.