Un juez federal dio nuevo revés a las notarías que entregó Eruviel Ávila Villegas a sus cercanos, apenas dos meses antes de dejar el poder en el Estado de México: declaró inconstitucionales las modificaciones legales que permitieron dar los nombramientos a discrecionalidad al ahora vicecoordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña.

El abogado constitucionalista José Óscar Valdez, quien encabeza la cruzada contra los nombramientos, sostiene que este nuevo triunfo exhibe que “se debe acabar con el silencio de la autoridad y la opacidad en el Estado de México […]. No más amigos ladrones en política, no más negocios turbios”.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).– Un Juez federal declaró inconstitucional las modificaciones legales que dieron a Eruviel Ávila Villegas la facultad para asignar 12 notarías públicas con las que benefició a familiares de la clase política mexiquense pertenecientes a los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), de Revolución Democrática (PRD), y Acción Nacional (PAN), así como al sobrino de uno de sus ex colaboradores más cercanos, un ex Secretario de su gobierno, y personajes ligados directamente al Gobierno federal de Enrique Peña Nieto y a la cúpula empresarial mexiquense.

El Juez Eutimio Ordóñez Gutiérrez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, declaró expresamente la inconstitucionalidad de los artículos modificados con los que el ahora vicecoordinador de la campaña del aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, designó a los notarios provisionales, informó este jueves el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Al resolver el amparo 1202/2017, interpuesto por una de los aspirantes a las notarias que cumplía con los requisitos y que no le fue asignada, el Juez consideró que hubo discriminación y ordenó resarcirle a la solicitante sus derechos violados (igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos).

El CJF aclaró que la sentencia aún no es definitiva, pues “las partes pueden impugnarla a través del recurso de revisión que, en su caso, deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito”.

Pero el abogado José Óscar Valdez, quien encabeza la batalla legal contra los fedatarios beneficiados por Ávila Villegas, afirmó en entrevista con SinEmbargo que sólo “es cuestión de tiempo” para que sean canceladas manera definitiva.

“Es cosa de un mes, mes y medio. El fallo de la queja viene a favor de nosotros, y como es inconstitucional –ya lo dijo el Juez– la Ley del Notariado y la facultad del Gobernador para nombrarlos discrecionalmente, pues obviamente si tienes un acto viciado, automáticamente todo está viciado y es anticonstitucional ¿Qué va a pasar aquí?: ¿Es producto de un acto viciado del Gobernador? Sí ¿Son ilegales todas? Sí. Si se caen las notarías las van a cancelar”.

La aspirante a notaria pública promovió juicio de amparo indirecto el pasado 1 de agosto de 2017 en contra de la modificación de los artículos 13 y 14 de la Ley del Notariado del Estado de México, que le permitió al ex mandatario beneficiar a la decena de personajes ligados a grupos de poder.

“Cuando nosotros empezamos el proceso contra los 12 aspirantes, ellos nos contestaron que ellos ya no estaban obligados a cumplir ningún requisito porque las modificaciones a la Ley del Notariado facultan al Gobernador, de manera discrecional, para que él los pueda nombrar. Nosotros lo que le alegamos al Juez es que son anticonstitucionales esos artículos y que independientemente que el Gobernador tuviera una facultad discrecional para nombrarlos, estos [los notarios] deberían de cumplir los requisitos”, explicó el doctor que ha patrocinado los amparos de un grupo de aspirantes ignorados.

Antes de las reformas, los requisitos que se solicitaban eran el título de licenciado en Derecho, tiempo de experiencia, prácticas notariales, exámenes y cursos, entre otros. Si se cumplía con ellos, se podía obtener la constancia de aspirante y participar en exámenes de oposición.

Pero el 6 de septiembre de 2016 se reformaron los artículos y se facultó al Gobernador para designar como notarios a personas que no cumplan con los requisitos para ser aspirantes, “atendiendo al interés social y a las necesidades de la función notarial”.

El impugnado fedatario Héctor Javier Astudillo Calvo junto a su padre Héctor Astudillo Flores. Foto: Especial

EL LITIGIO 

El pasado 14 de julio de 2017 –dos meses antes de dejar el cargo– los mexiquense se despertaron con nuevas 12 fedatarios, Eruviel Ávila argumentó que “actualmente cada una de las 182 notarías del Estado de México está al servicio de alrededor de 93 mil personas”. Y detalló que los “notarios provisionales que estarán sujetos a prueba por un año” y después podrían obtener la titularidad.

El Estado de México es el más poblado del país (más de 16 millones de habitantes). Ahí la importancia de las oficinas que dan fe pública.

Los ungidos fueron:

Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del ex Secretario general de Gobierno del Estado de México y actual delegado especial del PRI en la Ciudad de México, José Sergio Manzur Quiroga (Notaría 190, Toluca).

Erasto Martínez Rojas, quien fungió como vicecoordinador de la campaña de Alfredo del Mazo Maza, y como jefe de oficina del Gobernador, Secretario de Finanzas, y de Infraestructura en el sexenio de Eruviel Ávila  (Notaría 191 Naucalpan).

Lorena Gárate Mejía, hija del ex dirigente del PAN en el Edomex y ex representante de su partido ante el INE, Francisco Gárate Chapa (Notaría 189 Tlalnepantla).

Luz María Angélica Alatorre Carbajal, ex magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y empresaria. Ella es esposa del Diputado federal ex Senador y ex legislador mexiquense, Ulises Ramírez Núñez (Notaría 186, Atizapán).

Omar Martínez Vargas, hermano del ex Diputado federal, ex secretario de asuntos elecctorales del PRD y hoy precandidato a la Alcaldía de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas (Notaría 58, Tultitlán).

Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del actual Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores (Notaría 193, Atizapán).

Ricardo Giovanni Arredondo Lino, sobrino del secretario particular del Presidente Enrique Peña Nieto, Erwin Lino Zárate (Notaría 188, Huixquilucan).

Beatriz Mercedes Corona Mercado, ex diputada suplente por el PRI e hija del  secretario auxiliar del Presidente, Jorge Corona Méndez (Notaría 187, Metepec).

Alejandro Agundis Arias, miembro del consejo político del PVEM y ex diputado y ex líder estatal del mismo partido (Notaría 183, Naucalpan).

Gustavo Fernández Sauri, ex funcionario de la Procuraduría General de la República, y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como  subdirector de Asistencia Alimentaria del DIF de Veracruz, en tiempos de Javier Duarte de Ochoa (Notaría 183, Naucalpan).

Marcelo Rosseto Armida, quien se ha desempeñado como director jurídico de la empresa ICA (Notaría 185, Naucalpan).

Francisco Xavier Borrego Hinojosa, Vicepresidente Jurídico de Grupo Salinas (Notaría 192, Tlalnepantla).

Alfredo del Mazo Maza, en defensa de las notarías entregadas por su antecesor, Eruviel Ávila. Foto: Artemio Guerra Baz, Cuartoscuro

Tras el anuncio de Ávila Villegas , el doctor Valdez Ramírez, otros 15 aspirantes a fedatarios, así como otros cinco abogados iniciaron una batalla legal para echar para abajo los nombramientos. En total fueron 21 los amparos que el abogado constitucionalista ayudó a interponer.

Ante un primer desechamiento y revisión del primer amparo promovido por Gabriel Escobar Ceballos, también aspirante a una notaría, el Cuarto Tribunal Colegiado de Amparo en Materia Civil-Administrativa de Naucalpan, ordenó que los nuevos notarios frenaran sus actividades en septiembre pasado en tanto se estudiara y se resolviera de fondo el amparo.

El interesado denunciaba que los beneficiados con las notarías no cumplían con los requisitos para dar fe pública en la entidad y que el proceso negaba el derecho a la transparencia y la imparcialidad a los ciudadanos.

Pasados unos días, el Gobierno del Estado de México –ya encabezado por el también priista Alfredo del Mazo Maza– interpuso una queja en contra de la resolución ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con sede en Naucalpan, por considerar que, entre otros argumentos, el juez se había extralimitado en sus funciones. Finalmente, un juez desistió de la medida contra los nuevos fedatarios en diciembre pasado.

Otro amparo que fue interpuesto por el litigante Carlos Ruiz Domínguez, a quien también se le negó el recurso en una primera instancia, fue llevado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito para su revisión. Y en febrero pasado, se le concedió la suspensión definitiva a los ungimientos para que se suspendan hasta resolver el fondo del amparo, aunque “se van a respetar los trámites que hayan hecho”.

Y en abril pasado, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Toluca ya le había concedido a la aspirante a notaria una suspensión definitiva para que los fedatarios provisionales no pudieran ejercer el puesto.

El abogado explicó que el amparo, por el momento, solo aplica para la solicitantes y que en la estrategia para echar para atrás las notarías se abrieron dos flancos: impugnar a los notarios y la constitucionalidad de las modificaciones legales hechas por el ex mandatario.

Informó que ya se llevó la sentencia de inconstitucionalidad otorgada por el Juzgado Cuarto y la mandaron al Segundo Colegiado, que es donde está abierto el litigio contra el nombramiento de los notarios. “Ya les comentamos que hay un precedente […], ya les dijimos, ‘señores, ya se pronunció un juez sobre que es inconstitucional’ […]. Nuestro alegato queda reforzado”.

Para el doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este nuevo triunfo exhibe que “se debe acabar con el silencio de la autoridad y la opacidad en el Estado de México […]. No mas amigos ladrones en política, no más negocios turbios”.